El sector empresarial reconoció el trabajo del Gobierno de Quintana Roo en la reforma de la Ley de Expropiación, destacando su transparencia y equilibrio entre desarrollo y certeza jurídica
El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y el Consejo Hotelero del Caribe reconocieron el esfuerzo y compromiso del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la revisión y modificación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio. Destacaron el trabajo de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y del consejero jurídico, Carlos Fuentes, en la construcción de una legislación que equilibra el desarrollo económico con la certeza jurídica en los casos donde el interés público lo requiera.
El sector empresarial subrayó que, durante las últimas semanas, trabajaron en conjunto con las autoridades estatales para garantizar que la nueva normativa contemple mecanismos claros y transparentes en los procesos de expropiación, estableciendo principios de legalidad, equidad y respeto a la propiedad privada. Asimismo, enfatizaron que la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es clave para fortalecer la confianza en la inversión y fomentar el desarrollo económico de la región.
Este reconocimiento se dio tras la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio por parte de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado. La modificación eliminó 13 de las 25 causas de utilidad pública, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnara ciertos artículos al considerar que vulneraban la seguridad jurídica y la propiedad privada.
La reforma, aprobada el 1 de abril en la sesión ordinaria número 19 del Congreso, buscó corregir ambigüedades en los criterios de expropiación. Se redefinieron las causales de utilidad pública y se modificó el esquema de indemnización, estableciendo que la compensación se calculará con base en el valor comercial del bien y no únicamente conforme al valor catastral. También se limitó la facultad de solicitud de expropiación exclusivamente a secretarías de Estado y ayuntamientos, excluyendo a asociaciones civiles.
Entre las 12 causales de utilidad pública que se mantuvieron destacan la construcción y mejoramiento de infraestructura urbana, la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, la regularización territorial, así como la protección ante desastres naturales y el cambio climático.
El proceso de reforma se caracterizó por su transparencia y participación, permitiendo la coparticipación entre sectores público y privado. Con estas modificaciones, el Congreso del Estado y el sector empresarial buscan consolidar un marco normativo que garantice certeza jurídica, promueva el desarrollo y fortalezca la confianza entre la sociedad y el gobierno.