La ciudadanía propone

por Latitud21 Redacción

Un cuarto de siglo le ha ameritado al protagonista de nuestra portada, Alfonso Pardío, sentar los precedentes en materia laboral en Quintana Roo, contribuir a la cultura corporativa y acreditar confiabilidad entre la élite empresarial de altos vuelos y de diversos sectores nacionales e internacionales.

Un cuarto de siglo en su trayectoria ha sido un laudable recuento de conciliaciones, actualizaciones, formación de profesionales dentro y fuera de su organización a través de instituciones superiores, pero sobre todo el termómetro para tomar el pulso de la impartición de justicia en Quintana Roo.

Quintana Roo, como el resto de México históricamente, ha carecido en los últimos tiempos de definiciones jurídicas para combatir el rezago que en materia laboral ocurre, la corruptela al seno de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje y la instalación de nuevas salas ante la incapacidad de los tribunales de atender en tiempo y forma los procesos, cuyos periodos se aletargan hasta por un año en contra de los derechos de los trabajadores.

No es un asunto de tomarse a la ligera, es un asunto al que debe llamársele por su nombre, no tanto por ser de conocimiento público sino por la atención que requiere de parte del gobierno, porque es un asunto de su fuero, y lo  más, de voluntad exclusiva de éste.

El tema laboral ha tenido silencios muy caros. Su lenguaje no se ha traducido. En dos cuartos de siglo jamás hubo reformas a la Ley Federal del Trabajo. Fue apenas en 2012, durante el periodo de la administración de Felipe Calderón, cuando se concretó la reforma de 300 artículos, lo que los especialistas celebran como una gran victoria a una ley absurdamente obsoleta.

Tampoco se le ha conferido una facultad de tribunal como ha ocurrido en materia civil, penal, familiar, entre otras. Lo que ha quebrantado su funcionalidad y ha estimulado malas prácticas entre los juzgadores.

Apenas salió a la luz la intención del gobierno de Peña Nieto de otorgarle esa facultad, pero la Reforma no ha procedido… y como dicen muchos especialistas,  llevará largo tiempo su implementación. Hay muchas controversias al respecto de este órgano de justicia, con 90 años de instalarse en el centro del país, que se presume como el más importante al recibir al año más de 30 mil expedientes.

Las preguntas: ¿Cómo puede atender más rápido las demandas? ¿Cómo puede resolver los conflictos en tiempo y forma para no afectar a cualquier entidad en el retraso de la justicia en todos los sentidos?

De tener un giro administrativo, busca ganar terreno en la estructura jurisdiccional. Este fallo pudiera no redituar políticamente hablando. La derrama para el Poder Judicial es muy baja, el ínfimo tres por ciento del presupuesto de los estados.  De tal suerte que de pasar el tema laboral al judicial crecería su presupuesto dos dígitos, e implicaría restarle presupuesto al tema social, al de infraestructura, de ahí la controversia, y el precio que muchos gobiernos no están dispuestos a pagar.

¿Hay estudios al respecto? Sí. ¿Factibilidad? También. La realidad del asunto son los recursos y cómo soportarlos una vez entre en vigor la Reforma, más lo que tardaría en su implantación, hablamos de casi dos sexenios.

El tema se antoja complejo. Sin embargo, y entre tanto, los esfuerzos pudieran dirigirse a la instalación inmediata de más juntas de Conciliación y Arbitraje. Es una demanda ante la innegable necesidad de dar respuesta al estancamiento de miles de procesos; es una demanda que no ha obedecido al sustancial crecimiento de una ciudad con 44 años forjándose como líder turístico y con multimillonarias inversiones nacionales y extranjeras, que soportan una transcendental masa trabajadora, que propone y exige al nuevo Gobierno un derecho ciudadano para protegerlos de los atropellos de sus derechos humanos; de los profesionales  para amortiguar, si no es que desaparecer, la corrupción y la impunidad. La ciudadanía propone esta iniciativa al nuevo gobierno de Carlos Joaquín.

 

 

 

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