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Revista Latitud 21
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El nuevo muro

por NellyG 1 junio, 2026

 

Por: Sergio León Cervantes

X: Oigres14 |Email:  sergioleon@sergioleon.mx |IG: @sergioleoncervantes

 

 

Durante décadas, México creyó que su relación más delicada con Estados Unidos estaba en la frontera. El muro, la migración, los aranceles o el narcotráfico parecían ser el centro de la tensión bilateral. Pero algo cambió. Y probablemente aún no hemos dimensionado su verdadero alcance.

Donald Trump acaba de abrir un nuevo frente: el financiero.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de deportaciones o impuestos a las remesas. Hoy el debate empieza a trasladarse hacia el control bancario, la vigilancia financiera y el acceso de millones de migrantes al sistema económico estadounidense. Y eso podría convertirse en uno de los mayores puntos de presión rumbo a la renegociación del T-MEC.

Estados Unidos descubrió algo antes que México: las remesas no son solo dinero. Son poder.

México recibió 64,745 millones de dólares en remesas durante 2024, un nuevo récord histórico. El dato es brutal: equivale aproximadamente al 3.5% del PIB nacional.

Más delicado aún: 96.6% de esas remesas provienen directamente de Estados Unidos. Solamente desde California y Texas salió casi la mitad del dinero enviado a México.

En términos simples: México depende profundamente del dinero generado por sus migrantes en territorio estadounidense.

Y el problema no es menor.

Las remesas ya compiten con el petróleo, el turismo internacional y parte de la inversión extranjera como una de las principales fuentes de divisas del país. Pero además sostienen algo todavía más importante: la estabilidad social.

En México, uno de cada nueve hogares recibe remesas. En regiones del Bajío y Occidente, la proporción sube a uno de cada seis hogares.

En estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán o Zacatecas, las remesas representan entre 10% y 14% del PIB estatal.

Es decir: hay estados enteros cuya estabilidad económica depende directamente del dinero enviado desde Estados Unidos.

Y precisamente ahí aparece la vulnerabilidad.

Trump entendió que para presionar a México no necesariamente necesita cerrar la frontera. Le basta con tocar el flujo del dinero.

La nueva estrategia republicana ya no se limita a plantear impuestos a las remesas. Ahora comienza a construirse un modelo mucho más sofisticado: endurecer controles financieros, obligar a bancos a revisar ciudadanía y estatus migratorio, elevar requisitos de identificación y aumentar la trazabilidad de operaciones.

El mensaje es claro: la frontera ya no solamente es física. Ahora también puede ser bancaria, digital y fiscal.

El argumento oficial es seguridad nacional. Washington mezcla cada vez más en una sola narrativa migración, lavado de dinero, narcotráfico, control fronterizo y sistema financiero. Y cuando un tema entra al terreno de seguridad nacional en Estados Unidos, las herramientas de presión se multiplican.

El riesgo para México es enorme.

Un impuesto de apenas 1% sobre remesas podría representar alrededor de 650 millones de dólares menos al año para familias mexicanas. Un escenario de 3.5% implicaría pérdidas cercanas a 2,200 millones de dólares anuales. Y eso sin considerar el efecto psicológico del miedo financiero.

Porque el verdadero riesgo probablemente no está en el impuesto.

Está en el precedente.

Millones de migrantes podrían comenzar a abandonar bancos, utilizar efectivo, recurrir a terceros o migrar hacia mecanismos informales por temor a vigilancia financiera o restricciones migratorias. Paradójicamente, una medida diseñada para controlar operaciones podría terminar fortaleciendo redes clandestinas y debilitando la bancarización.

Y aquí aparece el verdadero trasfondo geopolítico.

La revisión del T-MEC ya no hablará únicamente de comercio. También hablará de migración, seguridad, inversiones chinas, fentanilo, energía, lavado de dinero y control financiero. Todo empieza a conectarse.

México podría llegar debilitado a la negociación más importante de Norteamérica si no entiende rápidamente que este ya no es solo un debate migratorio. Es un reacomodo de poder.

Durante años pensamos que nuestra principal dependencia frente a Estados Unidos era comercial.

Hoy descubrimos que también es financiera, social y migratoria.

Y quizás ahí está la reflexión más dura de todas:

El nuevo muro de Trump podría no construirse con concreto.

Podría construirse con bancos.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos

 

 

Bitácora de viaje LXVIII

por NellyG 1 junio, 2026

 

 

                            ¡No queremos goles, queremos frijoles!

-Clamor popular, Estadio Azteca, México 86

 

Siendo sobreviviente a dos mundiales jugados en México (70 y 86), considero que mis reflexiones, a menos que aplique la máxima de García Márquez en donde la historia es como la recordamos y no como fue, tienen cierta calidad por lo visto, lo escuchado, lo reído y lo llorado. Al momento de escribir la presente, faltan 19 días para la “justa futbolera” (no saben los malabarismos sin red que hemos tenido que hacer en algunos medios electrónicos para evitar decir “mundial”, “copa del mundo”, “copa FIFA” y un largo etcétera de términos “copyrighteados”. Better safe than sorry, diría mi amigo Jerry de Oregon). Recuerdo la rechifla hace 40 años para Miguel de la Madrid cuando se presentó al partido inaugural en el Azteca (hoy estadio Banorte, pero, who cares?). Dato mata relato, dirían los clásicos y muy fiables urbanos. Un error que ningún jefe de Estado que quiera seguir manteniendo la falacia de su mil quinientos por ciento de popularidad repetiría. Cuando el discurso oficial se estrella ante el arrecife de la realidad, el naufragio es insalvable.  Para cuando leas esto, ya habrán iniciado las hostilidades (me encanta la cháchara de los narradores futboleros) en los tres países sede; nunca en la historia, desde 1930, se había intentado algo así; únicamente Corea-Japón en 2002, en distancias mucho más cortas y en condiciones política y diplomáticamente más aceptables. Aquí hablamos de los tres gigantes de América del norte, algunos más gigantes que otros con diferencias económicas, sociales e ideológicas evidentes. Hace 40 años, México alzó la mano ante la imposibilidad de Colombia de realizar el evento en su territorio; desde 1982, Belisario Betancourt argumentó que el país estaba pasando por una crisis económica y social que le imposibilitaba cumplir con el compromiso. Las FARC por un lado, los narcos por el otro o ambos uno y lo mismo. México, con la paz social ad ovum impuesta por el PRI y la buena relación con los grupos delincuenciales de entonces, permitían que el gobierno, con la llegada de más turistas y más posibles inversiones, pudiera paliar el desastre que había dejado la “docena trágica” entre Echeverría y el descendiente predilecto de Caparroso, José López Portillo y olé.

Ya con el mundial en la bolsa, aunque nunca seguro, el 19 y 20 de septiembre de 1985, las placas tectónicas del Pacífico decidieron hablar y desmentir la escenografía oficialista revelando un sistema corrupto, demagogo, manipulador. Una maquinaria al servicio del engaño y la tranza. ¡No manches! ¿Ya desde entonces? – preguntaría mi compadre el “Cantinas” Quintanar.  Sí claro. Lo de hoy es una bolsita con las mismas mañas, pero con empaque guinda más divertido y generacional.

El terremoto, con sus diez mil muertos oficiales (¿Cómo explicar que quienes estuvimos como voluntarios presentes en el viejo parque de béisbol convertido en improvisada morgue no nos la creemos?) le presentó a estos mezquinos un escenario perfecto para representar el papel que mejor les sale hasta la fecha: el de víctimas. Recibiendo – y robándose en varios casos – la ayuda internacional y apostando porque la efervescencia de un pueblo que no gana nada pero sigue soñando con el quinto partido haga su magia desde un año antes duro y dale con la dichosa mega cáscara internacional.

 

¡Mamá, aprendí una nueva palabra!

Se llama “sportswashing”.

Berlín, 1936. Ante todos los señalamientos que afeaban ante la opinión pública internacional la cara de la Alemania que salía adelante del Tratado de Versalles, organizar en el centro de operaciones, punto de partida del nuevo mundo y de la raza superior, unos Juegos Olímpicos, significaba callar bocas, provocar admiración y ganar adeptos a nivel global. Y si para algo son buenos los alemanes, equivocados o no y sin hacer juicios de valor, es en la chamba y en la innovación. La primera transmisión televisada, la invención de la antorcha olímpica y su recorrido desde Grecia hasta Berlín y el documental Olympia de la cineasta Leni Riefenstahl glorificando la superioridad aria entre andere wunder.  Por supuesto, nadie contaba con la astucia del atleta norteamericano afrodescendiente Jesse Owens llevándose cuatro de orégano y poniendo en aprieto la narrativa. Por cierto, a Owens lo trataron mejor los nazis que su propio país al regresar a casa, pero esa es otra historia de fascismos. Los germanos en el poder quisieron dar a entender que eran tecnológica, política, ética y moralmente superiores al resto del mundo. Una República amorosa con esteroides,  pues. Tres años después, los amigos de la humanidad invadieron Polonia.

Dicen en mi pueblo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y en esta edición, se jugarán 13 partidos en casa y no 52 como en el 86.  Sin embargo, así que digas, uta, qué bruto, qué entusiasmo se ve en las calles, en los cafés, en las escuelas y en casa por el mundial… pos, no.  Nos ha ganado el precio del jitomate. Y la mayoría ha decidido que muchas gracias, que este año prefiero comer a comprar el álbum con las estampitas. Es triste, pero es real en comparación con la inocencia infantil con la que esperamos el 70 y medio siglo después. ¿Es mi depresión tipo decimonónico o ni siquiera las agencias de publicidad y propaganda se están esforzando por llevar aunque sea un poquito más de entusiasmo desde la zona límbica hasta la corteza prefrontal izquierda? Habrá que renovar el manual del sportswashing porque esta cortina de humo ya es un sarape muy sudado y los vecinos ya se están dando cuenta.

Iñaki Manero.

Escena poscréditos: Maestra…  creo que le falta un ajolote morado de este lado…  ¿Cómo ve?

Corto circuito

por NellyG 1 junio, 2026

 

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium.

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un «impuesto oculto» que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar.

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para «salir del paso» mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de «Justicia Energética» y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente.

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.

 

México por la grande

por NellyG 1 junio, 2026

Por Luis Villicaña Muñiz

Periodista Deportivo

FB Luis Villicaña

 

 

 

Y sí, 40 años después de la 2a. y última edición de una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, México volverá a vivir en el ya mítico e icónico Estadio Azteca, ahora llamado Estadio de la Ciudad de México, la inauguración de este torneo por tercera vez en la historia de este deporte.

Un estadio que en estos días acaba de celebrar 60 años de haberse construido específicamente para el deporte más publicitado y promovido, según los entendidos en el mundo: el fútbol.

Para efectos del nombre, el también conocido como el Coloso de Santa Úrsula (por la zona al sur de la capital de nuestro país), ha tenido, a saber, varios nombres. El más popular y reconocido es Estadio Azteca, nombre que surgió tras una promoción en la que los dueños, reconocidos como «Fútbol del Distrito Federal», lanzaron entre la afición y cuyo premio consistió en obtener la «Platea o asiento» por 99 años, algo similar a lo que en 1966 se ofreció a los adquirientes de los flamantes palcos de tan majestuoso escenario deportivo.

Pero muchas veces los intereses económicos o de mercadotecnia obligan a modificar lo que hubiera parecido “intocable” y así, durante un tiempo, ya tras haber sido sede de la inauguración y final de la Copa del Mundo o Mundial, como también se le identifica al torneo, tanto en 1970, cuando Brasil, encabezado por el mismísimo Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, y hace 40 años, en 1986, cuando la figura era el argentino Diego Armando Maradona, a la postre quien levantó la Copa de campeón, en los años 90 se intentó cambiarle el nombre, como supuesto homenaje al personaje que logró traer la Copa a nuestro país por segunda vez, el recordado Guillermo Cañedo de la Bárcena.

Aquel logro fue superar a los Estados Unidos de América, nuestro país vecino del norte, que tras la “renuncia” de Colombia para organizar el compromiso, obligó a la FIFA a buscar sustitutos, y así México ganó la elección para ser por segunda vez el país organizador, puesto que por la cantidad de países participantes, y a diferencia de los Juegos Olímpicos, que se otorgan a una ciudad, para la Copa Mundial se requerían varios escenarios, estadios y ciudades que recibieran los partidos.

Pero los tiempos y los intereses han cambiado. Los patrocinadores esperaron a intervenir desde el 2002, cuando se otorgó la organización a Corea del Sur y Japón, geográficamente vecinos y no tan distantes, habiendo sido aquella “solución” como un ensayo que este año nos lleva a compartir con Estados Unidos y Canadá la organización de la Copa 2026.

El torneo que inició en 1930 en Uruguay creció exponencialmente y ganó prestigio y recursos que beneficiaban a los países organizadores y, en especial, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), organismo que cuenta con más afiliados que la misma ONU.

Así, después de Italia 1990, los Estados Unidos en el 94 y Francia 98, ya en este siglo siguió el desfile de países que buscan participar y/o al menos ser organizadores, lo que garantiza estar en la competencia mundialista. Por lo antes señalado y los intereses tan fuertes que rodean al certamen, la FIFA determinó que Canadá maneje dos sedes en su territorio, Vancouver y Toronto, dando a Estados Unidos 11 ciudades, a pesar de no tener ni la tradición ni la afición para llenar las tribunas; aun así, tendremos juegos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, Nueva Jersey y San Francisco. Lo que deja a México con solo tres sedes y la inauguración prevista para el jueves 11 de junio en el ahora Estadio Ciudad de México, y las otras dos ciudades que cumplieron las exigencias del llamado «Cuaderno de cargos» son Guadalajara y Monterrey, mismas que también han tenido que cambiar el nombre de sus inmuebles, como lo ordena la FIFA.

En lo deportivo no se ha logrado atraer la atención ni de la ciudadanía ni de los aficionados. Las obras que se han realizado para dar la mejor imagen al mundo, a escasos días, no están terminadas y además los precios de los boletos, servicios y hasta de las botanas tradicionales han sufrido aumentos descomunales, al haber sido considerados a precio dólar, lo que para la mayoría resulta prohibitivo. Como ejemplo, el costo del estacionamiento supera los 1,250 pesos ¡y se le sugiere llegar preferentemente en transporte público!

A todo esto, se tiene poca confianza en la llamada Selección Nacional, que igualmente parece estar integrada sirviendo a intereses comerciales o de mercadotecnia y no a lo netamente deportivo, que una vez más nos llevaría a no tener los resultados esperados y anhelados, lo que terminaría con otro fracaso a este nivel de Copa del Mundo, o como siempre se ha dicho a manera de consuelo: “Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre”. Lo que honestamente, y como aficionado a los deportes, no se lo deseamos ni al DT Javier “Vasco” Aguirre ni a los jugadores que él decida incluir… culminando diciendo que: El deporte es vida en movimiento.

 

La Cámara Gesell, importante herramienta en delitos de violación

por NellyG 30 abril, 2026

 

 

La cámara de Gesell, como herramienta jurídica y psicológica, se ha convertido en un elemento clave dentro del sistema penal mexicano, particularmente en los casos que involucran a menores de edad o personas en situaciones de vulnerabilidad. Diseñada originalmente para realizar observaciones psicológicas y conductuales sin interferir en las interacciones del sujeto observado, esta herramienta fue adaptada al ámbito penal como un mecanismo para proteger a las víctimas y testigos, garantizando la obtención de información útil para los procesos judiciales sin revictimizar a los involucrados. Sin embargo, su implementación en México ha enfrentado desafíos significativos que ponen en la balanza su efectividad y las limitaciones de su aplicación en el contexto judicial del país.

En términos generales, se utiliza para recabar declaraciones de personas que, debido a su edad o situación, podrían ser susceptibles a intimidaciones, presiones o daños psicológicos durante un interrogatorio convencional. Este espacio consta de una sala dividida por un vidrio unidireccional: en un lado se encuentra la víctima o testigo acompañado por un especialista en psicología o trabajo social, y en el otro, los agentes ministeriales, defensores y jueces, quienes observan y escuchan la entrevista sin que el entrevistado perciba su presencia. Este diseño busca garantizar un entorno seguro y confiable para el declarante, minimizando el estrés y favoreciendo la fluidez de la información proporcionada.

En 2024, la doctora Abril Morales García en un foro de consulta en el Sistema Penal Mexicano, expuso la importancia de esta herramienta, y coincido en que se ha consolidado en casos relacionados con delitos sexuales, violencia familiar, trata de personas y otros crímenes en los que las víctimas suelen ser menores de edad. La reforma penal de 2008, que marcó el tránsito al sistema acusatorio adversarial, impulsó la adopción de esta tecnología, enfatizando la importancia de proteger los derechos de las víctimas durante el proceso judicial. Esta protección no solo responde a estándares internacionales, como los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también fortalece la credibilidad de las declaraciones, ya que se evita la influencia de terceros o las distorsiones provocadas por la presión del ambiente judicial.

Uno de los principales beneficios es la reducción de la revictimización. En el pasado, las víctimas, especialmente los niños, eran obligadas a declarar en múltiples ocasiones ante distintas autoridades, enfrentando preguntas repetitivas, intimidantes o insensibles que amplificaban el impacto traumático de sus experiencias. Con la implementación de esta herramienta, se busca que la entrevista sea única, integral y realizada por personal capacitado, asegurando que las respuestas obtenidas sean tanto pertinentes como confiables. Esto no solo protege el bienestar de las víctimas, sino que también mejora la calidad de las pruebas presentadas en el juicio.

No obstante, su aplicación en México no ha estado exenta de críticas y limitaciones. Uno de los principales obstáculos es la insuficiencia de infraestructura. Aunque la ley establece la obligatoriedad de contar con estas instalaciones en las fiscalías y juzgados, en muchos estados del país la disponibilidad es limitada o inexistente. Esto genera desigualdades en el acceso a la justicia, ya que las víctimas de localidades marginadas o rurales enfrentan mayores dificultades para beneficiarse de esta herramienta. En algunos casos, la falta de recursos obliga a trasladar a los menores a otras ciudades, prolongando los tiempos de los procesos judiciales y generando estrés adicional para las víctimas y sus familias.

Además, la capacitación del personal encargado de conducir las entrevistas en la Cámara de Gesell es un desafío constante. No basta con contar con la infraestructura; es esencial que los psicólogos, trabajadores sociales y operadores de justicia estén debidamente preparados para realizar entrevistas forenses que cumplan con los estándares legales y psicológicos requeridos. La ausencia de formación especializada puede comprometer la calidad de las pruebas obtenidas e incluso invalidarlas en el proceso judicial. Esto pone de manifiesto la necesidad de invertir en programas de capacitación continua que fortalezcan las competencias de los profesionales involucrados.

Otro punto de debate es esuuso como prueba en el juicio oral. Si bien las declaraciones recabadas en este entorno son consideradas pruebas anticipadas y suelen ser admitidas en los procesos judiciales, algunos defensores argumentan que la imposibilidad de interrogar directamente al declarante puede vulnerar el principio de contradicción, uno de los pilares del sistema acusatorio. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el uso de la Cámara de Gesell no contraviene este principio, siempre y cuando se respete el debido proceso, la discusión persiste, especialmente en casos donde las declaraciones son el principal sustento de la acusación.

A pesar de esto, los beneficios en el sistema penal mexicano son innegables. Su uso no solo protege a las víctimas y testigos, sino que también fortalece el sistema de justicia al garantizar la obtención de pruebas más confiables y menos susceptibles a la manipulación. Sin embargo, para maximizar su impacto, es necesario abordar las deficiencias estructurales que limitan su implementación.

En primer lugar, se requiere una inversión sustancial para garantizar que todas las fiscalías y juzgados del país cuenten con Cámaras de Gesell funcionales y equipadas con tecnología moderna. Esto incluye no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino también el mantenimiento y actualización de las existentes. Asimismo, es crucial establecer mecanismos de monitoreo que aseguren el uso adecuado de estos espacios y eviten su subutilización o mal uso.

En segundo lugar, se debe priorizar la formación especializada de los operadores de justicia. Esto implica no solo capacitar a los psicólogos y trabajadores sociales en técnicas de entrevista forense, sino también sensibilizar a jueces, fiscales y defensores sobre la importancia de esta herramienta y su impacto en los procesos judiciales. La profesionalización del personal es esencial para garantizar que la Cámara de Gesell cumpla con su propósito y no se convierta en un simple recurso administrativo.

Finalmente, es fundamental promover una mayor sensibilización pública sobre el uso de la Cámara de Gesell. Muchas víctimas y sus familias desconocen la existencia de esta herramienta o tienen ideas erróneas sobre su funcionamiento, lo que puede generar desconfianza o resistencia a su uso. Campañas informativas y programas de educación cívica podrían contribuir a cerrar esta brecha, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia y facilitando la participación de las víctimas en los procesos judiciales

El costo de la incertidumbre

por NellyG 30 abril, 2026

 

 

Mientras el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entra en revisión, México sigue atrapado en una discusión superficial: aranceles, reglas de origen, migración. Pero la verdadera negociación ocurre en otro nivel, uno más profundo y determinante: la certeza jurídica.

Estados Unidos no está revisando un tratado. Está rediseñando su arquitectura productiva global. El nearshoring no es una tendencia, es una decisión estratégica. Y en ese tablero, México debería ser el principal beneficiario.

Podría estar captando entre US$35,000 y US$50,000 millones adicionales de inversión extranjera directa al año. Hoy apenas se mantiene en niveles de US$36,000–40,000 millones, con un alto componente de reinversión. Es decir: no estamos creciendo, estamos reciclando.

La diferencia entre el potencial y la realidad no es menor. Es estructural.

Hoy, una empresa global —y en particular una empresa estadounidense— ya no toma decisiones únicamente con base en costos, talento o ubicación. Toma decisiones con base en el riesgo. Pero no en abstracto, sino en cómo ese riesgo se manifiesta en México.

Ese riesgo se evalúa en cinco dimensiones concretas: la jurídica, donde la pregunta es si la inversión puede defenderse ante cambios de criterio; la política, donde las reglas pueden modificarse con cada ciclo electoral; la social, donde el entorno puede aceptar o rechazar un proyecto; la ambiental, donde una inversión puede detenerse o encarecerse por regulación o presión; y la operativa-cultural, donde muchas veces no existe alineación entre autoridades, comunidad y empresa.

México sigue siendo competitivo en costo, ubicación y talento. Pero en estas dimensiones, el mensaje que se está enviando es inconsistente.

Reformas al Poder Judicial, ajustes fiscales, cambios en materia aduanera y criterios variables en la aplicación de instrumentos como la Ley de Amparo han generado un entorno donde la ley deja de ser certeza y se convierte en interpretación. Y en inversión, la interpretación es riesgo.

Un aumento de apenas 1% en la percepción de riesgo puede elevar el costo de capital hasta en 150 puntos base. En proyectos de gran escala, eso no es técnico: es la diferencia entre avanzar o retirarse.

Casos recientes en sectores estratégicos —incluyendo turismo e infraestructura— han reforzado esta percepción. No necesariamente por el fondo de las decisiones, sino por la falta de previsibilidad en su ejecución. Hoy, un proyecto en México no termina cuando se autoriza; empieza una etapa de exposición.

Hoy, el inversionista no teme entrar a México. Teme no poder predecir lo que va a pasar después de haber entrado.

Esa es la señal que se está enviando al mundo. Y esa señal no se queda en el sector privado; llega directamente a las mesas de negociación. Porque en la lógica de Estados Unidos, la certeza jurídica no es un discurso: es una condición operativa.

Ahí está el punto crítico: México quiere capturar el nearshoring, pero al mismo tiempo eleva el riesgo percibido de invertir. Esa contradicción debilita su posición justo en el momento en que más debería fortalecerla.

Corregir el rumbo no requiere más promoción, sino decisiones. Implica garantizar reglas claras y consistentes desde el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación y el Congreso; dar estabilidad fiscal y regulatoria desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria; construir una política industrial y logística coherente desde la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y profesionalizar la gestión social y ambiental de los proyectos desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos locales. Pero, sobre todo, implica alinear el discurso con la realidad: no basta con atraer inversión, hay que garantizar que permanezca.

La diferencia es brutal. Si México corrige estas variables, puede capturar más de US$300,000 millones adicionales en inversión en la próxima década. Si no lo hace, el riesgo no es dejar de crecer, sino volverse irrelevante en la mayor reconfiguración económica de los últimos 30 años.

El nearshoring no se asigna por intención. Se gana por confianza. Y hoy, esa confianza es exactamente lo que está en juego.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos.

 

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