Las investigaciones a Rosario Robles por ejercicio indebido de la función pública ya la llevaron a la cárcel, con prisión preventiva en el penal de Santa Marta Acatitla. Pero tras ella, muchos otros nombres podrían (y deberían) venir, vinculados a actos de corrupción.
Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol, está implicada en el desvío de cientos de millones de pesos que debieron destinarse a los pobres.
Trascendió que podría alcanzar 23 años de cárcel y una multa de 5 mil millones de pesos, equivalente al daño que causó al erario.
El abogado de Rosario Robles dijo que «fue humillante» el trato que le dieron a la exfuncionaria, que todo estaba dado para que la enviaran a la cárcel.
Dijo que ellos fueron a presentarse ante la justicia para responder por las acusaciones, y que el juez los humilló.
«Ahora entiendo por qué muchos se dan la fuga, porque no creen en la justicia mexicana».
Agregó que en todo caso, habría que investigar la responsabilidad de José Antonio Meade y Enrique Peña.
Según Robles, ella notificó las irregularidades detectadas por la ASF en el acta de entrega-recepción de Sedesol, cuando el excandidato presidencial llegó a la dependencia y ella pasó a Sedatu.
Comentó que cuando entregaron al juez el acta de entrega-recepción, el juez dijo que ese documento era «una joyita» porque implicaba a otros.
Incluso, el abogado dijo que el juez casi los trató de cínicos.
El juez decidió dar prisión preventiva de dos meses a Robles, pues determinó que había riesgo de fuga, ya que la exfuncionaria recientemente tramitó una licencia con una dirección distinta a donde ha vivido desde hace muchos años.
En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención de Robles es prueba de que en México «no hay impunidad».
Fraude federal, una «estafa maestra»
Conocido como la “estafa maestra”, el gobierno federal, a través de 11 dependencias, ha utilizado este método.
Según Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), al revisar cuentas públicas de 2013 y 2014 detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos.
De ese dinero no se sabe dónde quedaron al menos 3 mil 433 millones.
¿A dónde se fue el dinero?
De acuerdo con las investigaciones, 186 empresas recibieron los 7 mil 670 millones de pesos.
Sin embargo, 128 de esas empresas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas.
O peor aún, simplemente porque no existen.
Las principales dependencias responsables de estos fraudes son:
- Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular
- Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente
- Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya.
Pero estas anomalías no serán muy fácil de probar, pues, nada tontos, los funcionarios (como Rosario Robles) no entregaban los contratos directamente a las empresas, sino que primero los daban a ocho universidades públicas y a su vez, a las empresas.
Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
Todo esto lo documentó la Auditoría Superior de la Federación empezaron a jalar el hilo de la ruta del dinero.
Fue así como hallaron que esos miles de millones fueron a dar a seis estados, a empresas fantasma, a universidades y supuestamente empresas que hicieron servicios pero que no hay prueba de que los hayan realizado.
Salpicaron millones a Quintana Roo
En Quintana Roo, el fiscal Óscar Montes de Oca confirmó que investigan acuerdos que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, estableció con el gobierno de Roberto Borge.
Explicó que en 2015 y 2016 transfirieron 906 millones del erario a empresas fantasma, como parte de la “Estafa Maestra”.
Detalló que entre los beneficiados destacan la Universidad Politécnica de Quintana Roo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
El primero recibió 97 millones de pesos y el segundo 806 millones.
Todo indica que el monto que los operadores de Sedatu y Sedesol diluyeron en Quintana Roo fue el más grande de todos los estados del país.
Representa casi 23 por ciento del total de la “Estafa maestra”.
El gobierno de Carlos Joaquín asegura que no van a solapar u obstaculizar las investigaciones a todo aquel que haya caído en corrupción.
