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Representantes legales del empresario Fernando Barbachano señalan “aberración jurídica” y dan la batalla contra Rodolfo Rosas Moya y la Inmobiliaria R4, quienes desde hace más de 2 años presuntamente fueron favorecidos por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para apropiarse ilegalmente del hotel Mayaland y The Lodge at Chichen Itzá

Litigantes que encabezan la defensa de Fernando Eugenio Barbachano Herrero, cuya familia es propietaria desde hace muchas décadas de los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichen Itza, aledaños al sitio arqueológico de Chichén Itzá, en Yucatán, exigen a las autoridades encargadas del caso, hacer cumplir la ley y restituir los derechos de posesión y propiedad de los inmuebles, toda vez que acusan que autoridades de Yucatán y Quintana Roo, han metido las manos, abusando de su poder, para favorecer al empresario Rodolfo Rosas Moya, quien pretenden ilegalmente apropiarse de los inmuebles.

En lo que a todas luces califican de “aberración jurídica”, los abogados del caso señalan que diversas autoridades judiciales, Fiscalías y el propio poder ejecutivo, tanto de Yucatán como de Quintana Roo, han incurrido en acciones y omisiones tendientes a otorgar ventajas indebidas a Rosas Moya y esto sería considerado como corrupción por los tratados internacionales.

Al respecto, Gerardo Ostos, abogado que lidera la defensa en este problema que se originó hace casi tres años, explicó que es inaudito cómo este asunto no se ha resuelto, ya que a todas luces no tiene fundamento lo que pretende Rosas Moya y que muchas autoridades han violentado las leyes y tratados internacionales, lo que puede considerarse delito de corrupción.

“Cuando Fernando Barbachano y su abogado de confianza, Manuel Rodríguez Villamil me plantearon el asunto, me parecía inaudito; en toda mi carrera no había visto una violación a las reglas, las leyes y los tratados internacionales, porque hay una serie de arbitrariedades y abuso del poder por parte de la Fiscalía General del Estado tanto de Yucatán como de Quintana Roo”, dijo.

Casi 3 años en litigio

Refirió que todo empezó cuando Rosas Moya y Fernando Barbachano establecieron un interés de compraventa de Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, pero no se concretó porque el interesado en comprar no cumplió con los pagos establecidos en la promesa de compraventa inicial.

“Jamás se ha celebrado un contrato de compraventa, sino una promesa de compraventa. En nuestro ordenamiento jurídico esos contratos son de carácter preparatorio y su única finalidad es que cumplidos ciertos requisitos, pueda celebrarse el contrato definitivo de compraventa.

En este caso dependía de una serie de pagos que no realizó en tiempo Rosas Moya, así que, tal como estaba notificado en el contrato, Barbachano le notificó la rescisión del contrato, haciendo efectiva una pena convencional”, dijo.

Añadió que lo que llama la atención, es que los hoteles se encuentran ubicados en Yucatán, y fue en esa demarcación jurisdiccional que se celebró el contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, “de manera inusual, y aquí es donde empiezan las irregularidades, se presenta una denuncia en contra de Barbachano tratando de señalarlo por el hecho de fraude, pero en Quintana Roo, estado que no tiene competencia para conocer de estos hechos porque ocurrieron en Yucatán”.

Manifestó que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ordenó el aseguramiento del inmueble, sin contar con una autorización del juez de control, a pesar de que no se cumplen los requisitos del código nacional de procedimientos penales. “Hay una jurisprudencia muy amplia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana al respecto, totalmente olvidada en este asunto y precisamente al no tener competencia en Yucatán, lo que hace la FGE de Q. Roo es girar un oficio de colaboración a la Fiscalía de Yucatán y aquí viene uno de los actos más aberrantes que se han cometido en este entramado”.

Comentó que la FGE de Yucatán únicamente estaba obligada en cumplimiento a ese oficio de colaboración a inscribir en el Registro Público esa medida de aseguramiento; sin embargo, excediéndose por completo de acuerdo a lo dictado por Quintana Roo, designó a su entera discreción a un apoderado de Rosas Moya como depositario de los hoteles; esta depositaría únicamente puede tener sustento y justificación, cuando en un juicio ejecutivo mercantil así haya sido autorizado por el órgano jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 232 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Desde entonces, los inmuebles están ocupados de manera ilegítima a través de uno de sus apoderados legales, que reconoció ya abiertamente en una carpeta de investigación que se sigue por delito de despojo, que él tomó la posesión en la madrugada, a pesar de que no tiene ningún título jurídico para ello y mucho menos autorización de un juez.

Dijo que la ocupación ilegal se encuentra acreditada en una carpeta de investigación. De hecho, la juez de control de Valladolid otorgó un plazo a la Fiscalía de 30 días para determinar la carpeta, “ese plazo ya transcurrió y a pesar de ello la Fiscalía sigue en una pasividad absoluta”, acusó.

Negativas a Rodolfo Rosas Moya

 Gerardo Ostos mencionó que a pesar de que Rosas Moya solicitó al juez mercantil en varias ocasiones la designación de depositarios, el juez mercantil se negó categóricamente. Incluso, recientemente el 6 de agosto de este año se dictó un acuerdo negando la designación de depositarios.

Refirió que también es inusual que se haya iniciado un juicio mercantil, ese sí en Yucatán, porque para la procedencia de este tipo de juicios se requiere como requisito indispensable la existencia de un título ejecutivo; el ejemplo más claro es el pagaré. En los casos que alguien debe dinero a otro, y para garantizar el pago de ese adeudo suscribe un pagaré, el acreedor puede accionar en la vía ejecutiva mercantil, cuya nota distintiva es la posibilidad de embargar bienes antes de dictar una sentencia, es decir, de una manera precautoria.

Indagan presuntos actos de corrupción

Mencionó que ya existe una investigación en curso, muy avanzada, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, principalmente porque en términos de los tratados internacionales, corrupción es todo acto u omisión que realiza una autoridad pública, con el fin de favorecer a otro. Las irregularidades diversas que han ocurrido en este asunto, han sido dictadas por las fiscalías y algunos jueces en contra de las normas que rigen sus actuaciones, con el único fin favorecer a Rosas Moya.

Los imputados

En la carpeta de investigación que se está integrando ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quienes tienen la calidad de imputados son el fiscal general de Yucatán, un juez mercantil que ya está retirado, Raúl Cano Calderón y el gobernador en funciones, Mauricio Vila Dosal.

Sobre el mandatario próximo a concluir su administración, dijo que “aparece en este entramado por las relaciones que tiene con Rosas Moya y por un evento en el que como Ejecutivo del estado incurrió en una omisión delicada, el día que tomaron por la fuerza los hoteles (el 17 de febrero de 2022), habían elementos de Seguridad Pública de Quintana Roo en Yucatán, sin contar previamente con un oficio de colaboración que lo autorizara, como lo exige el artículo 119 de la Constitución Federal, y ese hecho por sí solo constituye un acto de invasión a la soberanía del estado de Yucatán. Ni el Ejecutivo, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía hicieron lo que era su obligación, para resistir este ataque ilegal por parte de autoridades de Quintana Roo.

Atrasan deliberadamente el curso legal

El pasado 20 de agosto se iba a celebrar una audiencia ante la juez de control para restituir a las víctimas en su derecho a la posesión de sus hoteles, sin embargo, “de manera inesperada e inaudita”, la Fiscalía no se presentó a la audiencia, la propia juez destacó que esto era grave, porque su obligación es estar presente en todas las audiencias y por mandato constitucional velar por la protección de los derechos de las víctimas, y no compareció.

Como consecuencia, explicó que ya se ordenó dar vista al fiscal general, Manuel León León, así como en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y también está apercibido de arresto por 36 horas uno de los apoderados legales que ha reconocido tener una posesión ilegal.

Comentó que como la audiencia que no se pudo llevar a cabo el 20 de agosto ante la inasistencia totalmente planeada por parte de la Fiscalía, se programó para el 27 de agosto; “yo espero que la juez de control resista cualquier tipo de presión y resuelva con estricto apego a derecho. Ese día debe ordenarse judicialmente la restitución inmediata de los hoteles, con todo lo que hay en su interior, incluyendo estados financieros y contables”, señaló.

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El IMOVEQROO ha realizado 20 remisiones al corralón por esta falta

Playa del Carmen.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), a través de su titular, Rodrigo Alcázar Urrutia, informó que se han reforzado los operativos de vigilancia e inspecciones en las ciudades de en Cancún y Playa del Carmen contra el incremento a la tarifa del transporte público.

Indicó que, en Playa del Carmen, este viernes se remitieron nueve unidades al corralón, todas por incremento de la tarifa.

Comentó: “Hasta el momento llevamos más de 20 unidades enviadas al corralón y seguiremos hasta que se regrese a la tarifa obligada por el IMOVEQROO, por ello invitamos a los concesionarios a sentarse en la mesa y poder agotar el diálogo”.

Alcázar Urrutia insistió que ninguna unidad con concesión estatal está autorizada para incrementar la tarifa, y de hacerlo, incurren en una falta grave con base en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Las sanciones por cobrar tarifas no autorizadas van de 151 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y podría incluir la revocación de la concesión según lo establece el artículo 122, fracción X de la Ley de Movilidad.

“Tendrán que pagar una sanción de hasta 70 mil pesos para poder sacar sus unidades y seguiremos con estos operativos todos los días” puntualizó.

Detalló que se revisaron en Cancún las rutas 6, 78, 237, 100, 234, 225, 227, 97-99, 69, 259 y 71, entre otras, mientras que en Playa del Carmen se verificaron la Plaza de las Américas-Centro, Villas del Sol (los 5 parques) – Centro, y Guadalupana-Centro. Aclaró que cubrirán más rutas con los operativos, y estos serán permanentes, mientras sigan existiendo quejas por parte de los usuarios.

En Plaza de las Américas de Playa del Carmen, el titular del IMOVEQROO, constató el incremento de la tarifa a los usuarios, por lo que las unidades se remitieron al corralón por esta falta grave, conforme al artículo 198, 199 y 204 de la Ley de Movilidad.

Los usuarios del transporte público, mencionaron que este aumento en la tarifa lesionaba directamente su economía, por lo que apoyaban los operativos que la autoridad realiza para detener los cobros ilegales. En estos puntos de verificación los inspectores informaron a los usuarios del transporte que ningún incremento ha sido autorizado.

“Se le informó a la ciudadanía que esa tarifa no era la adecuada. Se les regresó su dinero, transportó al lugar donde iban y los vehículos fueron remolcados al depósito vehicular” dijo.

Alcázar Urrutia aseguró que desde IMOVEQROO los operativos se mantienen tanto en Playa del Carmen como Cancún y reafirmó que no van a tolerar ninguna irregularidad en el cobro de la tarifa, tal y como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Estos operativos se realizan en los distintos municipios, y estaremos atendiendo que no haya abusos para quienes usan diariamente el transporte público, y vigilantes para que se cumpla la ley”, puntualizó Alcázar Urrutia.

Ante esto, para mayor atención a la ciudadanía, el IMOVEQROO pone a disposición de la ciudadanía una línea de quejas y denuncias del transporte público, a través del WhatsApp 9831853403, la cual estará disponible de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, donde los ciudadanos podrán recibir asistencia.