Rubén Cortés

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El actual presidente canceló los 109 fideicomisos que beneficiaban a los ciudadanos, porque decía que eran fuente de corrupción. Pero:

1.- Llegó a la presidencia con un fideicomiso para damnificados de los sismos de 2017, del cual 70 personas sacaron 64,5 millones en cheques y ninguno era damnificado, porque todos eran de Morena.

2.- Compró la refinería Deer Park Refining Limited Partnership con los 23 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un fideicomiso creado durante el gobierno de su odiado Felipe Calderón (2006-12).

3.- Y permite que los militares un fideicomiso: el de “Administración y Pago de Equipo Militar”, cuya bolsa ha crecido cuatro veces, a un ritmo de seis mil millones 174 millones de pesos en 2018 a 32 mil 387 millones de pesos en 2022.

Así que los militares acababan el año como los nuevos ricos de México, gracias a la estrategia castrochavista del populismo venezolano, nicaragüense y mexicano, basada en sacar a los empresarios del poder político para meter a los militares, y sean las armas, no las urnas, la fuente del poder del presidente de turno.

Hay que recordar que el actual presidente mexicano llegó al poder con el compromiso de acabar con los fideicomisos, como el que permite a los militares. Dice el punto 18 (de los 50 puntos del programa con que gobierna): “Se cancelarán los fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos”.

Se debe recordar que un fideicomiso es un fondo de dinero público y privado, cuyos rendimientos se usan en financiar una actividad que, en el caso de México, eran 68 millones de pesos para creadores culturales, patrocinar atletas olímpicos, becarios en estudios de postgrado, damnificados de desastres naturales…

Sin embargo, a los únicos que se les permite hoy es los militares. El presidente firmó un decreto que autoriza al Ejército y la Marina hacer fideicomisos públicos sin estructura, para recibir y administrar el dinero, que obtienen en las aduanas, que coordinan desde que el presidente echó a los civiles y colocó a militares.

En sólo cuatro años, el México del siglo 21 (que es socio comercial de Estados Unidos y de Canadá, con un intercambio anual de 500 mil millones de dólares anuales), se revirtió en una Guatemala del siglo pasado: con el Ejército infiltrado en el poder civil, manejando el dinero y el monopolio de las armas.

Es improbable que los comisarios hayan leído a Lenin, pero coinciden en el precepto del primer dictador soviético: “Usen las libertades de la democracia burguesa, pero no crean en ellas”. Saquen lana de los fideicomisos y elimínenlos; acepten al INE sólo si los declara ganadores, alaben a la prensa, únicamente si los adula.

Todo, en cuatro años.  

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Fue un símbolo del tramo final de su gobierno que el presidente sólo dijera palabras gastadas en una marcha que le costó mil 500 millones de pesos. También que, el mismo día, el jefe de sus senadores, Ricardo Monreal, anunció una gira de reconciliación nacional, con el panista Santiago Creel. 

Los líderes del Poder Legislativo funden una agenda que propone la reconciliación que el jefe del Poder Ejecutivo rompió, al encabezar una marcha de unos mexicanos contra otros ciudadanos. Monreal es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; Creel, presidente de la Cámara de Diputados. 

Monreal y Creel no son tragados por muchos. Sus razones tendrán quienes no los traguen. Pero en la política las cosas son como son y no como deben ser. Como pinta 2024, la disyuntiva estará en decidir si sigue o no el presidente gobernando la “transformación”, a través de Claudia Sheinbaum. 

Ante eso, vale un párrafo de Macario Squettino sobre las pasadas elecciones estatales. 

“Frente a la incertidumbre, lo peor que puede hacerse es definir el camino de antemano. Al revés, la clave del éxito consiste en tener la flexibilidad necesaria para adaptarnos a escenarios que hoy ni siquiera podemos imaginar. A ponerse flojitos, pues”. 

Es decir, la oposición está obligada a innovar, pues, ausente y dividida, ha sido incapaz de construir un candidato propio, a un año del periodo electoral. Creel fue el primer secretario de Gobernación de la era democrática en México y fue durante seis años un político inclusivo, plural, que tendía puentes: sí es un conciliador. 

Y Monreal tiene la operación electoral más eficaz después de la del presidente, sólo que éste la tiene desde Palacio Nacional. En las elecciones intermedias de 2021, Monreal le arrebató el control de la CDMX al presidente, quien la tenía desde 1997, cuando como presidente del PRD hizo ganar el GDF a Cuauhtémoc Cárdenas. 

En septiembre, también le ganó la mano al presidente para quedarse como jefe de la bancada oficialista, al frente de la Junta de Coordinación Política del Senado (que controla los recursos económicos, materiales y humanos), y colocar en la presidencia de la Mesa Directiva a su alfil, Alejandro Armenta. 

En política no basta con ser querido: hay que ser necesario. Y, en el momento de mayor polarización del país en años, Monreal es el único aspirante que transita tanto en una franja del grupo político en el poder, como en otra franja de la oposición. Que el panista Creel lo haya buscado es un indicio fehaciente de eso. 

Ha construido una candidatura natural que la oposición puede aprovechar. Quienes no lo quieren, deben entender que hay que saber dar un paso atrás para dar luego dos adelante. 

Adaptarse, pues.   

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A. López tiene razón. En el Tribunal Internacional de La Haya hay una acusación de delitos de lesa humanidad en México. La hizo su grupo político contra el Ejército, cuando eran oposición. El mismo Ejército que, al llegar al poder, convirtieron en aliado.

Así que el Ejército pasó de ser acusado (por lo que entonces era “el movimiento” y hoy es la “4T”) de “crímenes de lesa humanidad” a tener la posibilidad de poner un presidente de la República, según la profecía del propio secretario de Gobernación.

Sí: hoy, con “el movimiento” convertido  en “Cuarta Transformación” desde Palacio Nacional, el Ejército es la mayor empresa del Estado. Mueve 300 mil millones de pesos y recibe del Presupuesto 10 veces más dinero que en el gobierno anterior.

Pero en la campaña electoral, el padre de uno de los 43 le reclamó al hoy mandatario su apoyo para que José Luis Abarca fuera alcalde de Iguala. Y la respuesta fue: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.

Cuando el entonces candidato le respondió así al señor Antonio Tizapa, a su lado estaba el abogado a quien La Haya aceptó una denuncia contra el Ejército por “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, amputaciones y decapitaciones”.

El abogado, Netzaí Sandoval, es hermano de Irma Eréndira Sandoval y cuñado de John Ackerman. En 2018 dijo tener “expedientes que acreditan 470 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno”.

El entonces fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, admitió el recurso al afirmar que “debo abrir investigaciones no solamente en casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

Como fiscal de La Haya, Moreno Ocampo aceptó también una acusación presentada desde Venezuela contra el Ejército de Hugo Chávez, por homicidios, desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad privada. Hoy, la ONU procesa a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Hace unos días, el titular de Segob dijo que el expresidente Felipe Calderón “está relacionado con delitos de lesa humanidad”. Quizá lo dijo porque Calderón era presidente cuando el Ejército salió a las calles. Pero con la 4T el Ejército sigue en las calles.

Pero fue uno de los acostumbrados dichos del secretario de Gobernación, que él mismo tiene que desmentir después. Porque el abogado Netzaí Sandoval, su hermana de Irma Eréndira Sandoval y el cuñado Ackerman, ya no pintan en ese grupo político.

Y los militares y la “Cuarta Transformación” son una mancuerna que acaparó, en cuatro años, la planta productiva del Estado: desde la construcción hasta la gestión de aeropuertos, pasando por la distribución de vacunas y recogida de sargazo.

Todo cambió, pues.   

Pura lógica: si el presidente vota en la OEA a favor de que Maduro use el Ejército para cerrar el Parlamento a los diputados opositores, es natural que diga que el Ejército mexicano surgió para perseguir a la oposición.

El dictador venezolano utilizó la Guardia Nacional para impedir la toma de protesta de los diputados de la mayoría opositora a la Cámara, después de que los legisladores oficialistas tomaron ésta por la fuerza.

La represión de Maduro a los diputados opositores llegó al pleno de discusión de la OEA; y todos los países miembros, menos México, votaron en contra. El aviso estaba dado: México pensaba hacer lo mismo.

Al menos el presidente lo corroboró, cuando advirtió que el Ejército mexicano surgió para combatir a los conservadores y fifís, que son dos de las decenas de calificativos con que define a quienes se le oponen.

El dictador Maduro llama a sus opositores majunches y escuálidos, y les echa el Ejército encima: asesinó a cinco mil 94 opositores políticos, “de conformidad con políticas del Estado”, según informó ayer la ONU.

La moción que no aprobó el presidente mexicano contra el uso del Ejército contra los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional en Venezuela, decía:

 “Se expresa el rechazo al evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela; y la ilegal designación por parte del gobierno venezolano de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos opositores Primero Justicia y Acción Democrática”.

De hecho, la utilización del Ejército contra los majunches y escuálidos por parte de la dictadura venezolana es considerada por la ONU “un crimen de lesa humanidad”.

Tras estudiar durante años los informes de una Misión Internacional Independiente en Venezuela, la ONU culpa al Ejército de Maduro de graves violaciones de los derechos humanos.

La ONU señala como responsables directos a Maduro, a su número dos y a la cúpula militar, de matar a cinco mil 94 opositores políticos y detener sin sin órdenes judiciales a otros tres mil 479.

Los militares venezolanos torturan “para extraer confesiones, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a incriminarse a sí mismos a líderes de la oposición de alto perfil”.

Además, a quienes los militares no asesinan, los “someten a estrés, asfixia, golpes, electrochoques, cortes, mutilaciones y tortura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.

Quizá el presidente no valore demasiado sus dichos, pues más que mandatario él parece asumirse como político en campaña. Pero sus gobernados sí deben escuchar bien lo que él dice.

Porque lo que dice es que el Ejército invadirá los espacios que su gobierno no sea capaz de ganar legítimamente.

Tremendo.

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Con la anulación del Al Qaeda y el ISIS, Estados Unidos controla la guerra contra el terrorismo. Su enemigo ahora es el crimen organizado, sostén del nuevo tipo de gobierno que fragua el populismo contra las sociedades abiertas, liberales y de Estado de Derecho.

Por eso, el primer paso del presidente de Colombia fue suspender la captura y extradición de narcoguerrilleros marxistas, que por años extorsionaron y asesinaron a los colombianos: es una estrategia articulada con otros gobiernos populistas.

Y seguramente también limitará la presencia de la DEA, o tratará de expulsarla del país, pues quitar de en medio a la DEA es la base para poder imponer ese nuevo gobierno, contrario al Estado de Derecho, como ya existe en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Leamos:

–Evo Morales acusa a la DEA de lanzar un “plan desestabilizador” en contra de sus aliados del movimiento de productores de coca.

–Daniel Ortega pide a la DEA suspender sus operaciones en Nicaragua, porque “ha sido y es fuente de corrupción”.

–Nicolás Maduro acusa a la DEA de “violentar nuestra soberanía y cometer delitos dentro de nuestro territorio”.

El cambio de estrategia de Estados Unidos de priorizar la lucha global contra el narcotráfico (con la del terrorismo ganada, tras 20 años de guerra) responde a que sólo el fentanilo que entra por su frontera sur mata a unos 110 mil estadounidenses al año.

De hecho, en 2020 Trump quiso dos veces lanzar misiles Patriot contra laboratorios de fabricación de drogas en México. Mark Esper, quien fue su secretario de Defensa, lo revela en su libro de memorias, “Un juramento sagrado”.

La nueva guerra global de Estados Unidos, que será contra los cárteles, agarra al Ejército Mexicano en un gran momento, pues por primera vez en la historia penetra la administración civil del país, y es el momento en que más dinero maneja.

Falta ver qué decisión toma el Ejército Mexicano en esa guerra que viene. De momento, es un ejército que hace dinero con China, supera en efectivos a 13 ejércitos de la OTAN, dirige 26 instituciones civiles y es dueño de las empresas más grandes de México.

El Ejército Mexicano se encarga de construir las sucursales del banco del gobierno que entrega el cash de los programas sociales y adjudicó a la empresa china GRG Hong Kong un jugoso contrato por 854 millones de pesos para comprarle dos mil 700 cajeros.

Sin embargo, aún con ese poderío, queda a deber en las tareas de seguridad nacional. Por ejemplo, el cinco de junio no pudo impedir que un cártel asaltara el puerto de Manzanillo, y se llevaron 20 de contenedores de oro, plata y aparatos electrónicos.

Pero es un Ejército muy rico. 

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El enfrenamiento del presidente con Joe Biden, desde que tardó 42 días en reconocer su triunfo, es parte de su campaña para ayudar a que su colega populista Donald Trump retorne en 2024 a la Casa Blanca.

Sin embargo, ya la campaña pasó de desaires y picaduras de cresta para chocar con la lana: si el presidente no se arregla en 75 días con Biden, tendrá que pagar 30 mil millones de dólares en aranceles.

Entonces se arreglará en esos 75 días, como con Trump en mucho menos tiempo y por mucha menos lana: Trump lo amenazó apenas con aranceles al acero, si no ponía un muro de soldados en la frontera.

Hasta ahora, Biden le aceptó hasta media hora de cháchara populista en plena Casa Blanca, a cambio de la decisión política del presidente de convertir a México en el muro que soñó Trump.

Sin embargo, lo que falta es ver si Biden mantendrá su status quo frente al escalamiento de la retórica antiestadounidense del presidente, a los niveles de bastedad política, verbal y diplomática actuales.

Ya se le pasó la mano: hizo campaña personal para boicotear la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. No sólo no fue él: le pidió a Xiomara Castro, Alberto Fernández y Luis Arce de Bolivia que no fueran.

El día de la independencia de Estados Unidos pidió desmontar la Estatua de la Libertad. El día en que Washington acusó a Cuba de traficar con los médicos, anunció que ya tenía médicos cubanos en México.

Para seguir haciendo campaña por Trump sólo le falta abrir la frontera para que cruce a Estados Unidos todo el que le dé la gana y crearle a Biden una crisis migratoria, como la de Fidel Castro a Carter en 1980.

Sin embargo, la pasada de rosca en ayudar a Trump poniendo en ridículo a Biden lo agarra sin el dinero necesario para pagar lo que costará la permanencia de Morena en el poder en 2024, que será muchísimo.

Por ejemplo, la aplicación de aranceles a quien más le pegaría es a su base social, que trabaja en los sectores más débiles de nuestra economía, como la agricultura de exportación, la maquila, industria del plástico…

Juntos, esos sectores le reportan a México el 37 por ciento de su PIB, más el seis por ciento que le reportan las remesas. Además, la inversión extranjera en México es, en estos momentos, intrascendente.

Y sin dinero a pasto no podrá hacer que Morena gane, por mucho que debilite al INE, controle a los medios, agarre del cuello a los empresarios, dirija la narrativa desde la Mañanera o agite políticamente a su grey.

Porque su control electoral se basa en las dádivas.