Escuchaba en las noticias un reportaje que hablaba de la posibilidad que tendrá la generación de los millennials de vivir 100 años, con los adelantos en la ciencia médica y la información que tenemos respecto a los cuidados personales y la salud. Alguien me decía que ahora se escucha de mucha más gente muriendo de cáncer y con Alzheimer que antaño, y eso es cierto. En la Edad Media nadie moría de cáncer porque la mayoría de las personas moría joven, antes de los 50, y los que morían de cáncer se responsabilizaba a otro tipo de enfermedad. Nadie padecía de Alzheimer por morir en edad joven, y los que llegaban a esa edad con Alzheimer se consideraba que padecían de enajenación mental.
Los avances en la medicina actualmente son, sin lugar a duda, uno de los mayores privilegios de vivir en esta época, y lo que nos llevará a un reto aún mayor que el de una muerte digna. El reto de una vida digna.
Una vida digna a la que todo ser humano tiene derecho y que implica: un techo que proporcione protección a la familia, comida suficiente para alimentarnos saludablemente, oportunidades de educación y de trabajo y, por supuesto, acceso a la salud. Todo esto suena simple pero es mucho más complejo de lo que siquiera pudiéramos imaginarnos y requiere de una cantidad insospechada de recursos, que cada vez son más limitados.
Es por ello que cuando pienso en las necesidades infinitas que se tienen que atender, me indigna profundamente escuchar o saber que existan funcionarios públicos y gobernantes que se apropien para su beneficio personal de los recursos que la nación les da en administración.
Me decía alguien que los gobernantes deberían de administrar los recursos con el mismo tesón y cuidado con que lo hacen los empresarios con su empresa y sus propios recursos. Yo no estoy de acuerdo en esto. Se requiere mucho más cuidado aún por ser recursos del pueblo.
Y es que aun un empresario que sea el dueño al 100% de una empresa no es el dueño al 100% de los recursos que genera el negocio, pues éstos son fruto de bienes o servicios en cuya producción participan proveedores, bancos, empleados y gobierno, que en su momento cada uno reclamará su parte. Un empresario con socios tiene una mayor responsabilidad de responder a los inversionistas que le han depositado la confianza de los recursos.
Pero en cualquiera de estos casos, el ámbito de responsabilidad se restringe a un grupo limitado de personas: la familia, los socios, los empleados, los bancos, los proveedores. Gente que confió en esa persona y que tendrán que asumir el riesgo que tomaron al poner sus recursos en manos de un tercero.
Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso de un gobernante? ¿No es acaso lo mismo? ¿No sería el uso inapropiado de esos recursos el traicionar la confianza de un grupo tal vez mayor o de la persona que lo nombre y quien le confirió esa responsabilidad?
En mi opinión no es así. Esos son recursos de la nación y que deberán de ser utilizados estrictamente para lo que han sido destinados, por lo que el desvío de dichos recursos no es simplemente un delito de fraude o de abuso de confianza. El uso inapropiado de estos recursos es simplemente una traición a su propietario, una traición a la Patria y como tal debería de ser castigado.
Y si con ese rigor se tratara el uso y abuso de recursos públicos conseguiríamos dos grandes beneficios al mismo tiempo. El primero, que existirían muchos más recursos disponibles para satisfacer las interminables necesidades del pueblo. El segundo, que las oficinas de gobierno y muy particularmente los congresos se convertirían en un circo sin animales donde la diversión se concentra en los payasos y en los malabaristas. Al final, eso es lo que está de moda, ¿no es así? Larga vida al rey.