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Revista Latitud 21
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X Columnas

Corto circuito

por NellyG 1 junio, 2026

 

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium.

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un «impuesto oculto» que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar.

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para «salir del paso» mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de «Justicia Energética» y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente.

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.

 

México por la grande

por NellyG 1 junio, 2026

Por Luis Villicaña Muñiz

Periodista Deportivo

FB Luis Villicaña

 

 

 

Y sí, 40 años después de la 2a. y última edición de una Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, México volverá a vivir en el ya mítico e icónico Estadio Azteca, ahora llamado Estadio de la Ciudad de México, la inauguración de este torneo por tercera vez en la historia de este deporte.

Un estadio que en estos días acaba de celebrar 60 años de haberse construido específicamente para el deporte más publicitado y promovido, según los entendidos en el mundo: el fútbol.

Para efectos del nombre, el también conocido como el Coloso de Santa Úrsula (por la zona al sur de la capital de nuestro país), ha tenido, a saber, varios nombres. El más popular y reconocido es Estadio Azteca, nombre que surgió tras una promoción en la que los dueños, reconocidos como «Fútbol del Distrito Federal», lanzaron entre la afición y cuyo premio consistió en obtener la «Platea o asiento» por 99 años, algo similar a lo que en 1966 se ofreció a los adquirientes de los flamantes palcos de tan majestuoso escenario deportivo.

Pero muchas veces los intereses económicos o de mercadotecnia obligan a modificar lo que hubiera parecido “intocable” y así, durante un tiempo, ya tras haber sido sede de la inauguración y final de la Copa del Mundo o Mundial, como también se le identifica al torneo, tanto en 1970, cuando Brasil, encabezado por el mismísimo Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, y hace 40 años, en 1986, cuando la figura era el argentino Diego Armando Maradona, a la postre quien levantó la Copa de campeón, en los años 90 se intentó cambiarle el nombre, como supuesto homenaje al personaje que logró traer la Copa a nuestro país por segunda vez, el recordado Guillermo Cañedo de la Bárcena.

Aquel logro fue superar a los Estados Unidos de América, nuestro país vecino del norte, que tras la “renuncia” de Colombia para organizar el compromiso, obligó a la FIFA a buscar sustitutos, y así México ganó la elección para ser por segunda vez el país organizador, puesto que por la cantidad de países participantes, y a diferencia de los Juegos Olímpicos, que se otorgan a una ciudad, para la Copa Mundial se requerían varios escenarios, estadios y ciudades que recibieran los partidos.

Pero los tiempos y los intereses han cambiado. Los patrocinadores esperaron a intervenir desde el 2002, cuando se otorgó la organización a Corea del Sur y Japón, geográficamente vecinos y no tan distantes, habiendo sido aquella “solución” como un ensayo que este año nos lleva a compartir con Estados Unidos y Canadá la organización de la Copa 2026.

El torneo que inició en 1930 en Uruguay creció exponencialmente y ganó prestigio y recursos que beneficiaban a los países organizadores y, en especial, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), organismo que cuenta con más afiliados que la misma ONU.

Así, después de Italia 1990, los Estados Unidos en el 94 y Francia 98, ya en este siglo siguió el desfile de países que buscan participar y/o al menos ser organizadores, lo que garantiza estar en la competencia mundialista. Por lo antes señalado y los intereses tan fuertes que rodean al certamen, la FIFA determinó que Canadá maneje dos sedes en su territorio, Vancouver y Toronto, dando a Estados Unidos 11 ciudades, a pesar de no tener ni la tradición ni la afición para llenar las tribunas; aun así, tendremos juegos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, Nueva Jersey y San Francisco. Lo que deja a México con solo tres sedes y la inauguración prevista para el jueves 11 de junio en el ahora Estadio Ciudad de México, y las otras dos ciudades que cumplieron las exigencias del llamado «Cuaderno de cargos» son Guadalajara y Monterrey, mismas que también han tenido que cambiar el nombre de sus inmuebles, como lo ordena la FIFA.

En lo deportivo no se ha logrado atraer la atención ni de la ciudadanía ni de los aficionados. Las obras que se han realizado para dar la mejor imagen al mundo, a escasos días, no están terminadas y además los precios de los boletos, servicios y hasta de las botanas tradicionales han sufrido aumentos descomunales, al haber sido considerados a precio dólar, lo que para la mayoría resulta prohibitivo. Como ejemplo, el costo del estacionamiento supera los 1,250 pesos ¡y se le sugiere llegar preferentemente en transporte público!

A todo esto, se tiene poca confianza en la llamada Selección Nacional, que igualmente parece estar integrada sirviendo a intereses comerciales o de mercadotecnia y no a lo netamente deportivo, que una vez más nos llevaría a no tener los resultados esperados y anhelados, lo que terminaría con otro fracaso a este nivel de Copa del Mundo, o como siempre se ha dicho a manera de consuelo: “Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre”. Lo que honestamente, y como aficionado a los deportes, no se lo deseamos ni al DT Javier “Vasco” Aguirre ni a los jugadores que él decida incluir… culminando diciendo que: El deporte es vida en movimiento.

 

La Cámara Gesell, importante herramienta en delitos de violación

por NellyG 30 abril, 2026

 

 

La cámara de Gesell, como herramienta jurídica y psicológica, se ha convertido en un elemento clave dentro del sistema penal mexicano, particularmente en los casos que involucran a menores de edad o personas en situaciones de vulnerabilidad. Diseñada originalmente para realizar observaciones psicológicas y conductuales sin interferir en las interacciones del sujeto observado, esta herramienta fue adaptada al ámbito penal como un mecanismo para proteger a las víctimas y testigos, garantizando la obtención de información útil para los procesos judiciales sin revictimizar a los involucrados. Sin embargo, su implementación en México ha enfrentado desafíos significativos que ponen en la balanza su efectividad y las limitaciones de su aplicación en el contexto judicial del país.

En términos generales, se utiliza para recabar declaraciones de personas que, debido a su edad o situación, podrían ser susceptibles a intimidaciones, presiones o daños psicológicos durante un interrogatorio convencional. Este espacio consta de una sala dividida por un vidrio unidireccional: en un lado se encuentra la víctima o testigo acompañado por un especialista en psicología o trabajo social, y en el otro, los agentes ministeriales, defensores y jueces, quienes observan y escuchan la entrevista sin que el entrevistado perciba su presencia. Este diseño busca garantizar un entorno seguro y confiable para el declarante, minimizando el estrés y favoreciendo la fluidez de la información proporcionada.

En 2024, la doctora Abril Morales García en un foro de consulta en el Sistema Penal Mexicano, expuso la importancia de esta herramienta, y coincido en que se ha consolidado en casos relacionados con delitos sexuales, violencia familiar, trata de personas y otros crímenes en los que las víctimas suelen ser menores de edad. La reforma penal de 2008, que marcó el tránsito al sistema acusatorio adversarial, impulsó la adopción de esta tecnología, enfatizando la importancia de proteger los derechos de las víctimas durante el proceso judicial. Esta protección no solo responde a estándares internacionales, como los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también fortalece la credibilidad de las declaraciones, ya que se evita la influencia de terceros o las distorsiones provocadas por la presión del ambiente judicial.

Uno de los principales beneficios es la reducción de la revictimización. En el pasado, las víctimas, especialmente los niños, eran obligadas a declarar en múltiples ocasiones ante distintas autoridades, enfrentando preguntas repetitivas, intimidantes o insensibles que amplificaban el impacto traumático de sus experiencias. Con la implementación de esta herramienta, se busca que la entrevista sea única, integral y realizada por personal capacitado, asegurando que las respuestas obtenidas sean tanto pertinentes como confiables. Esto no solo protege el bienestar de las víctimas, sino que también mejora la calidad de las pruebas presentadas en el juicio.

No obstante, su aplicación en México no ha estado exenta de críticas y limitaciones. Uno de los principales obstáculos es la insuficiencia de infraestructura. Aunque la ley establece la obligatoriedad de contar con estas instalaciones en las fiscalías y juzgados, en muchos estados del país la disponibilidad es limitada o inexistente. Esto genera desigualdades en el acceso a la justicia, ya que las víctimas de localidades marginadas o rurales enfrentan mayores dificultades para beneficiarse de esta herramienta. En algunos casos, la falta de recursos obliga a trasladar a los menores a otras ciudades, prolongando los tiempos de los procesos judiciales y generando estrés adicional para las víctimas y sus familias.

Además, la capacitación del personal encargado de conducir las entrevistas en la Cámara de Gesell es un desafío constante. No basta con contar con la infraestructura; es esencial que los psicólogos, trabajadores sociales y operadores de justicia estén debidamente preparados para realizar entrevistas forenses que cumplan con los estándares legales y psicológicos requeridos. La ausencia de formación especializada puede comprometer la calidad de las pruebas obtenidas e incluso invalidarlas en el proceso judicial. Esto pone de manifiesto la necesidad de invertir en programas de capacitación continua que fortalezcan las competencias de los profesionales involucrados.

Otro punto de debate es esuuso como prueba en el juicio oral. Si bien las declaraciones recabadas en este entorno son consideradas pruebas anticipadas y suelen ser admitidas en los procesos judiciales, algunos defensores argumentan que la imposibilidad de interrogar directamente al declarante puede vulnerar el principio de contradicción, uno de los pilares del sistema acusatorio. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el uso de la Cámara de Gesell no contraviene este principio, siempre y cuando se respete el debido proceso, la discusión persiste, especialmente en casos donde las declaraciones son el principal sustento de la acusación.

A pesar de esto, los beneficios en el sistema penal mexicano son innegables. Su uso no solo protege a las víctimas y testigos, sino que también fortalece el sistema de justicia al garantizar la obtención de pruebas más confiables y menos susceptibles a la manipulación. Sin embargo, para maximizar su impacto, es necesario abordar las deficiencias estructurales que limitan su implementación.

En primer lugar, se requiere una inversión sustancial para garantizar que todas las fiscalías y juzgados del país cuenten con Cámaras de Gesell funcionales y equipadas con tecnología moderna. Esto incluye no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino también el mantenimiento y actualización de las existentes. Asimismo, es crucial establecer mecanismos de monitoreo que aseguren el uso adecuado de estos espacios y eviten su subutilización o mal uso.

En segundo lugar, se debe priorizar la formación especializada de los operadores de justicia. Esto implica no solo capacitar a los psicólogos y trabajadores sociales en técnicas de entrevista forense, sino también sensibilizar a jueces, fiscales y defensores sobre la importancia de esta herramienta y su impacto en los procesos judiciales. La profesionalización del personal es esencial para garantizar que la Cámara de Gesell cumpla con su propósito y no se convierta en un simple recurso administrativo.

Finalmente, es fundamental promover una mayor sensibilización pública sobre el uso de la Cámara de Gesell. Muchas víctimas y sus familias desconocen la existencia de esta herramienta o tienen ideas erróneas sobre su funcionamiento, lo que puede generar desconfianza o resistencia a su uso. Campañas informativas y programas de educación cívica podrían contribuir a cerrar esta brecha, fortaleciendo la confianza en el sistema de justicia y facilitando la participación de las víctimas en los procesos judiciales

El costo de la incertidumbre

por NellyG 30 abril, 2026

 

 

Mientras el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entra en revisión, México sigue atrapado en una discusión superficial: aranceles, reglas de origen, migración. Pero la verdadera negociación ocurre en otro nivel, uno más profundo y determinante: la certeza jurídica.

Estados Unidos no está revisando un tratado. Está rediseñando su arquitectura productiva global. El nearshoring no es una tendencia, es una decisión estratégica. Y en ese tablero, México debería ser el principal beneficiario.

Podría estar captando entre US$35,000 y US$50,000 millones adicionales de inversión extranjera directa al año. Hoy apenas se mantiene en niveles de US$36,000–40,000 millones, con un alto componente de reinversión. Es decir: no estamos creciendo, estamos reciclando.

La diferencia entre el potencial y la realidad no es menor. Es estructural.

Hoy, una empresa global —y en particular una empresa estadounidense— ya no toma decisiones únicamente con base en costos, talento o ubicación. Toma decisiones con base en el riesgo. Pero no en abstracto, sino en cómo ese riesgo se manifiesta en México.

Ese riesgo se evalúa en cinco dimensiones concretas: la jurídica, donde la pregunta es si la inversión puede defenderse ante cambios de criterio; la política, donde las reglas pueden modificarse con cada ciclo electoral; la social, donde el entorno puede aceptar o rechazar un proyecto; la ambiental, donde una inversión puede detenerse o encarecerse por regulación o presión; y la operativa-cultural, donde muchas veces no existe alineación entre autoridades, comunidad y empresa.

México sigue siendo competitivo en costo, ubicación y talento. Pero en estas dimensiones, el mensaje que se está enviando es inconsistente.

Reformas al Poder Judicial, ajustes fiscales, cambios en materia aduanera y criterios variables en la aplicación de instrumentos como la Ley de Amparo han generado un entorno donde la ley deja de ser certeza y se convierte en interpretación. Y en inversión, la interpretación es riesgo.

Un aumento de apenas 1% en la percepción de riesgo puede elevar el costo de capital hasta en 150 puntos base. En proyectos de gran escala, eso no es técnico: es la diferencia entre avanzar o retirarse.

Casos recientes en sectores estratégicos —incluyendo turismo e infraestructura— han reforzado esta percepción. No necesariamente por el fondo de las decisiones, sino por la falta de previsibilidad en su ejecución. Hoy, un proyecto en México no termina cuando se autoriza; empieza una etapa de exposición.

Hoy, el inversionista no teme entrar a México. Teme no poder predecir lo que va a pasar después de haber entrado.

Esa es la señal que se está enviando al mundo. Y esa señal no se queda en el sector privado; llega directamente a las mesas de negociación. Porque en la lógica de Estados Unidos, la certeza jurídica no es un discurso: es una condición operativa.

Ahí está el punto crítico: México quiere capturar el nearshoring, pero al mismo tiempo eleva el riesgo percibido de invertir. Esa contradicción debilita su posición justo en el momento en que más debería fortalecerla.

Corregir el rumbo no requiere más promoción, sino decisiones. Implica garantizar reglas claras y consistentes desde el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación y el Congreso; dar estabilidad fiscal y regulatoria desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria; construir una política industrial y logística coherente desde la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y profesionalizar la gestión social y ambiental de los proyectos desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos locales. Pero, sobre todo, implica alinear el discurso con la realidad: no basta con atraer inversión, hay que garantizar que permanezca.

La diferencia es brutal. Si México corrige estas variables, puede capturar más de US$300,000 millones adicionales en inversión en la próxima década. Si no lo hace, el riesgo no es dejar de crecer, sino volverse irrelevante en la mayor reconfiguración económica de los últimos 30 años.

El nearshoring no se asigna por intención. Se gana por confianza. Y hoy, esa confianza es exactamente lo que está en juego.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos.

 

Las adversidades del turismo

por NellyG 30 abril, 2026

 

En mi entrega anterior, le contaba a mis ocho lectores acerca de lo penoso que resulta que el turismo siga avanzando por inercia, a pesar de las adversidades.

Hoy vemos una prueba más de estas afirmaciones ante las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que, con base en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, advierten al Grupo Xcaret sobre las posibles infracciones a esta ley al hacer uso de la simbología maya, de los íconos y elementos representativos de esta legendaria cultura, y de la promoción de los mismos.

Esta resolución, así como el haber revocado una suspensión definitiva previamente otorgada a este grupo, no sólo es inadmisible y aberrante, sino que representa un enorme riesgo y amenaza para la industria turística en general y para el sector privado en todos sus ámbitos. No se trata de una afectación al Grupo Xcaret, se trata de un atentado a la promoción turística, toda vez que esta no se puede concebir sin el uso adecuado de nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro legado ancestral.

En México como en todo el mundo, el patrimonio cultural e histórico es motivo de promoción, pero es además uno de los factores más importantes en la motivación de los turistas para viajar a nuestro país; México es mucho más que sol y playa, y la cultura maya, de la que estamos muy orgullosos, es un motivador fundamental para los viajeros que se desplazan a México desde todas partes del mundo.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, promulgada desde el año 2022 sin haber consultado a nadie, no sólo está plagada de lagunas y de criterios que implican la interpretación caprichosa de la autoridad, sino que además carece de reglamento, una gravísima falta en que ha incurrido el Ejecutivo, toda vez que, como se sabe, los reglamentos de las leyes corresponden al Ejecutivo y no al Legislativo.

Resulta de enorme preocupación para la industria turística esta resolución de la Suprema Corte, ya que la palabra maya y muchos de los símbolos mayas están presentes en incontables empresas turísticas, no sólo de Cancún y de todo Quintana Roo, sino de México. Es por ello que manifestamos desde aquí, por una parte, nuestra solidaridad al Grupo Xcaret, que tanto ha contribuido a lo largo de más de tres décadas a la promoción de nuestros destinos y al fomento de la cultura y las tradiciones de México, sino que además manifestamos nuestro total rechazo a estas disposiciones y nos unimos al exhorto de otros grupos empresariales para solicitar, primero, que se revise la ley, sus lagunas y carencias; que se elimine la discrecionalidad, y por otra parte, que se trabaje a la brevedad posible en la redacción de un reglamento coherente, útil y con la participación de los grupos empresariales.

Es triste que el turismo, siendo una de las más importantes fuentes de ingreso en nuestro país, siga avanzando por inercia, sorteando innumerables barreras y obstáculos.

Seguiremos de cerca este asunto.

Al buen entendedor

sgrubiera@acticonsultores.com

Crecimiento humano

por NellyG 30 abril, 2026

 

 

Cuando tenía 16 años estaba en una escuela preparatoria que enseñaba matemáticas por niveles; había 4 niveles y el más alto lo daba el fabuloso profesor Aguilera, cliché absoluto: boina, saco de tweed, pantalón de pana, una barba blanca impecable, lentes de medialuna y una mente privilegiada. Yo le tenía pavor absoluto, cuando me volteaba a ver con esos ojos azules por encima de sus lentes yo temblaba, pensaba ¡de seguro que este sabe todas las cochinadas que estoy pensando!  Fueron pasando los meses y se volvió mi clase favorita; poco a poco me enamoraba de la mente analítica de ese maestro, de su paciencia y de su capacidad para controlar a adolescentes. Tenía un compañero con el que compartía otras clases, un muchacho brillante, mientras yo tenía que ‘machetearle’, él siempre sacaba todo sin esfuerzo.  Un día me armé de valor y me acerqué al Prof. Aguilera y le dije ‘Pedro es brillante, pero está registrado en el nivel más bajo de mate, yo creo que tiene la capacidad de estar con usted’.  Me volteó a ver por arriba de sus lentes y me dijo: ‘ok, que venga’.  Salí sintiéndome bendecida por los dioses y esperé al recreo para correr con Pedro, con el corazón rebosante de felicidad y pensando que había logrado lo imposible.   –‘Pedro, el profe Aguilera quiere que estés en su clase, ya lo convencí-. Pedro me miró con cara de extrañeza y me dijo: – ‘Yo no quiero estar con Aguilera, donde estoy no tengo ni que estudiar, solo llego, presento examen, mantengo las asistencias al mínimo necesario, lo único que quiero es terminar la prepa con buen promedio y pasármela bien de fiesta’-. Se me llenaron los ojos de lágrimas y salí corriendo como alma en pena sin entender su respuesta.

 

Esta anécdota me recuerda a nuestro México de hoy.  Me niego a creer que los mexicanos seamos mediocres, de hecho, yo creo que NO lo somos y lo pongo en mayúscula. He visto a tanta gente hacer cosas extraordinarias, a crear espacios inverosímiles. Porque a tantos mexicanos que emigran a ‘vivir el sueño americano’ les va tan bien. En un entorno de seguridad legal, de seguridad física, donde el Fisco te cobra lo justo, donde la seguridad social te da un mejor servicio; en un país donde hay reglas claras y puedes presupuestar tus gastos como empresa sin las ‘sorpresitas’ de impuestos nuevos.  Claro que no todo es perfecto y, como cada país, tienen cosas buenas y malas, ¿Pero no deberíamos nosotros como país procurar que nuestro activo humano no emigre? Pedro es como muchos de nuestros políticos que se quedan en lugares donde tienen que hacer el mínimo esfuerzo, donde es mejor estar en la fiesta, no quieren desarrollarse o provocar que los demás también se desarrollen.

El servicio público, como su nombre lo dice, debería de servir para que los ciudadanos de un país tengan orden, que las empresas fructifiquen, que se medie sin abusos.

No somos mediocres, somos superhéroes; sólo llegar a tu trabajo en las mañanas es una hazaña.

Ps. Hay parte dos de la historia de Pedro.

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