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-Los operativos de inspección serán permanentes para asegurar que los usuarios del transporte público brinden bienestar social, tranquilidad y seguridad

Cancún.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo, IMOVEQROO, intensifica sus operativos permanentes en los 11 municipios del Estado, con el objetivo de garantizar que los operadores de transporte público y privado cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y su Reglamento.

Estos operativos buscan que cada conductor cuente con los permisos correspondientes, contribuyendo así a la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento de los servicios de transporte.

El director del Instituto, Rodrigo Alcazar Urrutia, informó que las inspecciones se realizan a todas las modalidades como mototaxis, ruleteros, colectivos, transporte privado y al transporte que se presta a través de plataformas digitales.

Explicó que La Ley de Movilidad y su Reglamento exigen que los operadores de plataformas tecnológicas o digitales, así como los permisionarios y concesionarios, cumplan con una serie de requisitos fundamentales para operar.

En el caso de las empresas que operan las plataformas, deben cumplir también con ciertos requisitos para obtener la autorización, entre estos destacan la presentación de acta constitutiva de la persona moral, documentos de identificación del representante legal, domicilio en el estado de Quintana Roo y el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Asimismo, el Reglamento establece que las plataformas tecnológicas o digitales deben contar con protocolos clave para la seguridad de los usuarios, la protección de datos personales, y la detención de quejas, así como procedimientos de reclutamiento, selección, y capacitación de los conductores.

El titular del IMOVEQROO indicó que los operadores que deseen operar en las plataformas digitales deben cumplir con dos requisitos.

“Una vez que la plataforma se autoriza ante el Institutos, los conductores tendrán que sacar su licencia de conducir para plataformas digitales y también tendrán que obtener un permiso para el vehículo que se obtiene en el Instituto de Movilidad.”

Rodrigo Alcazar reafirmó que estos requisitos son esenciales para garantizar un servicio de transporte seguro, eficiente y regulado en beneficio de los ciudadanos.

“Con el reforzamiento de unidades y de inspectores, el IMOVEQROO se compromete a mantener estos operativos de manera permanente para asegurar que todas las unidades de transporte público y privado operen conforme a la ley, promoviendo un servicio seguro y confiable para todos los quintanarroenses”, aseguró Alcazar Urrutia.

En un operativo en Cancún, el personal de inspección revisó a los conductores de todas las modalidades de transporte público y privado que tuvieran su póliza de seguro vigente, que las unidades no estuvieran en mal estado, el polarizado y que tuvieran los permisos que el Instituto expide para su prestación del servicio.

“Se identificó a tres vehículos que no contaban con su permiso para trabajar y que prestan el servicio en plataformas digitales, estos fueron remitidos al corralón, al mismo tiempo se trasladaron a dos mototaxis y se retiró el polarizado a seis unidades del transporte público”, indicó Alcazar Urrutia.

Con estas acciones se busca la regularización y mejora en la calidad del servicio al usuario, y que se cumpla con todos los requisitos que marca la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

El Instituto de Movilidad informa que estos filtros y operativos serán permanentes. Los vehículos de plataformas no están exentos de estas inspecciones y conforme a lo que marca el Reglamento de la Ley de Movilidad en el Artículo 243.

IMOVEQROO garantiza seguridad a los ciudadanos a través de operativos de inspección en todos los servicios de transporte del Estado.

El abogado y ex aspirante a fiscal en Quintana Roo, Rafael Colonia Lizama, con más de 40 años de experiencia en el ejercicio del Derecho, expresó su profunda preocupación ante la reciente reforma al Poder Judicial en México, la cual considera un grave retroceso para el sistema de justicia y los derechos ciudadanos.

En extensa charla, detalló tres puntos clave que, en su opinión, representan trampas ocultas que comprometen el futuro del país.

En primer lugar, destacó que la preselección de candidatos judiciales es una de las principales trampas. Rafael argumentó que, si bien se ha hecho mucho énfasis en la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados, en realidad Morena, el partido en el poder, controlará quiénes aparecerán en las boletas. «Morena tiene el control de todos los que van a aparecer en las boletas», comentó, explicando que esta preselección manipulará el proceso, impidiendo una elección verdaderamente libre y democrática. Señaló que el debate sobre si el pueblo debe o no participar en la elección de los jueces distrae la atención del verdadero problema: la falta de transparencia en la preselección de los candidatos.

El segundo punto que criticó fue la complejidad del proceso electoral. Explicó que, en las elecciones judiciales previstas para 2025, los ciudadanos recibirán hasta 25 boletas con entre 4,000 y 6,000 nombres de candidatos, de los cuales deberán seleccionar a 600. «Va a ser un circo popular», señaló, aludiendo a la imposibilidad de que los votantes puedan tomar decisiones informadas frente a una cantidad tan abrumadora de candidatos. Afirmó que esta confusión generalizada durante la votación impedirá una elección coherente y legítima, ya que los ciudadanos no conocerán a los candidatos ni sus trayectorias profesionales.

El abogado describió un escenario caótico donde los votantes se enfrentarán a una enorme cantidad de nombres, sin poder identificar a las personas más capacitadas para ocupar los cargos. Según él, la reforma no solo ignora la capacidad del ciudadano promedio para procesar tal cantidad de información, sino que además facilita que se elijan a personas sin la preparación necesaria. «La preselección de 600 funcionarios es una aberración», afirmó, aludiendo a la cantidad excesiva de candidatos y la falta de transparencia en el proceso de selección.

El tercer y más preocupante punto para Rafael es la creación de un tribunal disciplinario, al que él llama «una especie de tribunal de la Santa Inquisición». Según explicó, este tribunal tendrá un poder desmedido sobre jueces y magistrados, quienes podrían ser destituidos, sancionados e incluso encarcelados si dictan sentencias contrarias a los intereses del gobierno. «Este tribunal tendrá un poder monumental sobre vidas y haciendas del ciudadano», subrayó Rafael, explicando que, si un juez toma una decisión desfavorable para el gobierno, podría ser castigado con destitución, juicio político o incluso encarcelamiento. Este sistema, señaló, elimina la independencia judicial y asegura que ningún juez se atreva a fallar en contra del Estado, pues las consecuencias personales serían devastadoras.

Advirtió que las implicaciones de este tribunal son enormes para la justicia en México, ya que ningún juez se atreverá a proteger los derechos de los ciudadanos si esto implica un riesgo para su carrera o su libertad. Puso como ejemplo el caso de jueces que, tradicionalmente, han protegido a ciudadanos y empresarios a través de amparos contra leyes injustas. Bajo esta nueva reforma, ningún juez se arriesgaría a fallar en favor de un ciudadano si ello conlleva el riesgo de ser sancionado o removido de su puesto.

Además de estas tres trampas, Colonia Lizama señaló otras consecuencias de la reforma, como el impacto que tendrá en los trabajadores del Poder Judicial. Comentó que muchos empleados judiciales perderán sus puestos o prerrogativas, y aunque reconoció que algunos salarios en el sector judicial son elevados, también defendió la dedicación y el esfuerzo que estos empleados, especialmente los jueces y ministros, invierten en su labor.

«Un ministro no conoce a su familia, no ve crecer a sus hijos», dijo, aludiendo a las largas horas y sacrificios personales que hacen estos funcionarios. En su opinión, los salarios de los jueces y ministros están justificados, dado que muchos de ellos dedican toda su vida al estudio y ejercicio de la ley.

En cuanto al panorama a partir de 2025, el abogado es pesimista. Afirmó que las reformas marcan el inicio de lo que considera una dictadura disfrazada de democracia, donde el gobierno tendrá el control total del sistema judicial. «Estamos en el comienzo de una dictadura muy bonita y no se han dado cuenta», sentenció, aludiendo a la falta de conciencia pública sobre la gravedad de las reformas.

Expresó su preocupación por las nuevas generaciones, quienes, según él, se acostumbrarán a vivir en un sistema autoritario mientras que los ciudadanos de mayor edad, que crecieron en libertad, lucharán por adaptarse a este nuevo orden.

Finalmente, destacó las implicaciones que la reforma podría tener para los empresarios, particularmente en zonas como Quintana Roo y Los Cabos, donde hay grandes inversiones turísticas en riesgo. Argumentó que la reforma podría facilitar la expropiación de terrenos bajo pretextos legales, afectando a familias y empresas que han invertido en esas regiones. «Hay familias nativas de Quintana Roo con muchos terrenos, imagínate que ahora el gobierno les diga que les quitarán sus terrenos con el pretexto de que vamos a dotar de tierra a los nuevos grupos de población», mencionó, subrayando la incertidumbre que reina entre los inversionistas y empresarios ante los cambios propuestos.

En resumen, Rafael Colonia considera que la reforma judicial en México pone en riesgo la independencia de los jueces, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.

-Para detonar turística y económicamente a esta comunidad en beneficio de más de 5 mil 500 habitantes y los turistas que la visitan

-Se desarrollará un proyecto estratégico conjunto en el que participan ejidatarios y restauranteros, con capacitación, financiamiento, más espacios culturales, bienestar social y prosperidad compartida

Chetumal.- Para transformar a Calderitas en un destino turístico de clase mundial, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció hoy una inversión de más de 40 millones de pesos para un proyecto integral en el que participa el gobierno del estado, ejidatarios y comerciantes, en respuesta a una añeja demanda de los habitantes.

Este proyecto, que se desarrollará con una nueva forma de gobernar, con la participación de todas y todos, dejará beneficios directos a 291 habitantes de la colonia Centro y en general a las 2 mil 811 mujeres y 2 mil 740 hombres de la localidad así como los miles de turistas que lo visitan al año.

En el parque principal de esta comunidad de Othón P. Blanco ejidatarios y restauranteros firmaron, junto con la gobernadora Mara Lezama, un Acuerdo Solidario para desarrollar la “Rehabilitación del espacio público de la zona costera de Calderitas”, que refleja un compromiso histórico para fomentar el desarrollo sustentable y el crecimiento económico de la zona.

“¿Y por qué podemos hacerlo? ¿Por qué podemos hacer esta inversión? Porque cuando se combate la corrupción, el dinero alcanza para más y cuando se destina un recurso a un lugar como este, en beneficio de tantas familias, para experiencia de tantas personas, jamás será un gasto, siempre será una inversión” precisó la Gobernadora.

Previamente, la titular del Ejecutivo recorrió el área de restaurantes acompañada de funcionarios y empresarios, donde se desarrollará este proyecto para transformar a Calderitas en un destino turístico atractivo y funcional, promoviendo el desarrollo económico local, la preservación del patrimonio cultural, el bienestar social y la prosperidad compartida.

“Calderitas tendrá nueva imagen, más atractiva y más moderna; el parque que construiremos contempla juegos lúdicos e inclusivos, tendrá una fuente; se reconstruirá todo el deck de madera y los miradores tendrán elementos instagrameables y un aspecto totalmente renovado para convertirse en un destino modelo en el Caribe Mexicano” explicó Mara Lezama.

En este proyecto participan la Secretaría de Obras Públicas en colaboración con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Cultura y las Artes. Se espera que estas acciones no solo embellezcan Calderitas, sino que también generen empleo local y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Durante el anuncio se informó que paralelamente se desarrollarán acciones y se implementará una estrategia de branding que posicionará a Calderitas con un destino único. SEDETUR ofrecerá cursos de capacitación y certificación a prestadores de servicios; SEDE brindará esquemas de financiamiento y capacitación empresarial; el ICA asesoría técnica para reconocer el valor inherente de la cultura y el arte a fin de provocar más espacios de expresión cultural; todo de forma integral que refleje el éxito de la prosperidad compartida.

Además de los secretarios Irazú Sarabia, de SEOP; Bernardo Cueto, de SEDETUR; Esther Burgos, de SEDE; Lilian Villanueva, directora de ICA, firmaron el Acuerdo Eliezer Medina, presidente del Comisariado Ejidal y Apolinar Gómez, presidente de la Asociación de Restauranteros de Calderitas.