Responsabilidad del gobierno de Baja California en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado
POR ISABEL ARVIDE
La muerte de Lourdes Maldonado, tercer periodista asesinado en este año, pudo haberse evitado.
La responsabilidad de su vulnerabilidad, pese a los ataques que había sufrido, es de las autoridades de Baja California, de su gobernadora, de su secretario de Seguridad Pública, del jefe de la policía. De todos aquellos que asumieron, inmoralmente, que la protección es a ratos, en ciertos horarios, de forma intermitente, a capricho pues.
Porque después de su intervención, hoy muy repetida en medios de comunicación, en una conferencia presidencial “mañanera”, la periodista tuvo “la protección” de las instituciones mexicanas. Es decir, se le pidió amablemente al gobierno de Baja California, concretamente a la Policía Municipal de Tijuana, que se le proporcionara salvaguarda.
Con lo que los sicarios que la mataron tuvieron el camino abierto, porque los policías comisionados a su protección únicamente estaban presentes a ciertas horas y ciertos días. Lo que es inadmisible.
¿Qué hay detrás de esto? Además, obvio, de la omisión inmensa de las autoridades.
Muchos periodistas desconfían de la vigilancia policíaca que les es proporcionada. Lo sienten como una limitación y, para los resultados fatídicos que tenemos hoy, se “los quitan de encima”. Sin comprender que la eficiencia de la protección radica, precisamente, en la pérdida de su intimidad, en tener vigilancia todo el tiempo.
Y, por tanto, las autoridades de seguridad pública responsables de salvaguardar la integridad física de una persona están obligadas, así tiene que ser, así debe ser, a hacerlo las 24 horas del día. De otra manera se cae en un juego estúpido que aprovechan los enemigos de la persona que debe ser protegida. No es a ratos, no hay forma de que esto suceda.
Me sorprende sobremanera que una periodista que públicamente afirma temer por su vida no tenga conciencia del peligro que enfrenta, no mida bien sus opciones, y vaya que la mejor, la menos mala era la vigilancia policíaca.
Incluso contra su voluntad, la autoridad estatal debió protegerla.
Hay muchas realidades con las que no debe jugarse. En la Secretaría de Gobernación, donde reside el mecanismo de protección a periodistas, debieron supervisar esta vigilancia. Y si la autoridad, policía, local es omisa o no sabe realizar su trabajo, corresponde a la autoridad federal cumplir con la obligación del Estado de salvaguardar la vida de un periodista amenazado.
Lamentablemente no será la última víctima de la violencia, aunque todavía es tiempo de verdaderamente proteger a quienes deben ser protegidos.
