Este penoso asunto que se presenta en Cancún especialmente, desde hace una década aproximadamente, que ahora abarca a toda la Riviera Maya y por supuesto a otros destinos turísticos del país, debe reconocérsele llamando a las cosas por su nombre. NO se trata de agencias de viajes fraudulentas como equivocadamente les llaman, no se trata de “agencias patito”, como les llaman en la AMAV nacional; no señores, son estafadores profesionales. Gente que desde un teléfono celular o un call center, llaman a inocentes ciudadanos en su enorme mayoría mexicanos, para engañarles, estafarles con “atractivas” e irresistibles ofertas.
El ejemplo es claro: a una persona cualquiera le llaman para ofrecerle una tentadora vacación a un precio de locura. La gente, sin investigar, se deja presionar por el “vendedor”, que le dice que tiene que comprar hoy, sí o sí, porque la oferta se acaba. El comprador deposita en una cuenta, hace transferencia o va a un Oxxo y paga.
Los más inocentes compran los boletos de avión y arriban al destino donde, para su sorpresa, en el hotel no hay reserva a su nombre; lo han estafado.
Otros, previo al viaje sospechan, o alguien cercano les hace sospechar ante tan maravilloso paquete turístico y se les ocurre llamar. En el hotel, como es lógico no hay reserva, entonces llaman a la supuesta “agencia”, y ya no les contestan el teléfono; el número del inocente ha sido bloqueado.
Aquí las siguientes preguntas:
¿Puede algo hacer el hotel involucrado? ¿Podría acaso hacer algo la Asociación de Hoteles del destino? ¿Será entonces que la Asociación de Agencias de Viajes pueda ofrecer solución o ayuda a los afectados?
¿Podría la Secretaría de Turismo del Estado, o la Dirección de Turismo Municipal actuar de alguna manera?
La verdad, tristemente, es que ninguna de esas entidades puede actuar en forma alguna. Se trata de una estafa en la que a “toro pasado” hay poca o nula acción que pueda realizarse en defensa de los afectados.
La Profeco, a nivel local tampoco, pues cuando reciben denuncias formales, resulta que el domicilio fiscal proporcionado no existe, o se trata de un lote vacío o un inmueble particular que nada tiene que ver.
Quien sí puede hacer algo, y lo hemos solicitado hace años es la Profeco a nivel nacional, diseñando y lanzando una campaña de ALERTA al consumidor, para dar consejos de viaje y previniendo acerca de dónde deben y dónde no deben comprar.
Personalmente solicité esto a una pomposa procuradora federal que, en épocas de Peña Nieto, visitó Cancún. Tomó nota, pero jamás emprendió nada.
Hoy el tema vuelve a cobrar importancia ante la crisis generada por la pandemia, que por una parte ha creado nuevos y más audaces delincuentes y por otra a unos viajeros deseosos de salir de casa, y por supuesto, al mejor precio posible.
Pero no se equivoquen, no le corresponde al destino resolverlo, ni hay mucho que puedan hacer sus actores; así como tampoco se puede medir, ni hay estadísticas verídicas, pues no todas las víctimas denuncian o reportan.
La otra entidad que puede hacer algo es la Policía Cibernética, si es que aún existe, de la Guardia Nacional. Podría rastrear teléfonos, páginas de internet y redes sociales para dar con los hampones.
Habría que alentar al consumidor a que denuncie ante esta instancia y lograr acuerdos para que en verdad esta policía funcione, trabajen y den resultados.
Las estafas telefónicas, y las compras o ventas fraudulentas por internet, implican a todos los sectores económicos, no sólo a la industria de los viajes, y ciertamente los más afectados son los consumidores.
Sólo ya no les llamen agencias a estos delincuentes, por favor.
