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Revista Latitud 21
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apagones

Energía bajo presión por apagones y variaciones de electricidad

por NellyG 2 octubre, 2026

 

 

Las variaciones eléctricas pueden detener procesos, dañar equipos y generar costos para las PyMEs, incluso cuando el suministro no llega a interrumpirse

 

Para una empresa, que la electricidad siga encendida no necesariamente significa que la operación esté a salvo. Una variación de voltaje, un desbalance entre fases o una microinterrupción pueden alterar el funcionamiento de una máquina, provocar una alarma, detener un proceso o reducir la vida útil de un equipo sin que nadie haya visto apagarse una sola luz.

El riesgo cobra especial relevancia en la Península de Yucatán, donde durante las últimas semanas se han registrado apagones y variaciones en el suministro eléctrico que han vuelto a poner sobre la mesa la confiabilidad de la infraestructura y sus efectos sobre empresas y hogares. Uno de los episodios más recientes ocurrió a finales de agosto, cuando daños en dos líneas de transmisión de 400 kV provocaron interrupciones en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. La CFE informó posteriormente que el servicio quedó restablecido al 100%.

El incidente alcanzó a 745 mil 533 usuarios de los cuatro estados y evidenció un problema que para las empresas va más allá de las horas sin electricidad: también importa qué sucede con los equipos cuando el suministro continúa, pero lo hace bajo condiciones inestables.

“Una PyME puede estar operando con normalidad, sin cortes en el suministro eléctrico, con las máquinas encendidas, pero en algún momento un variador de frecuencia marca una alarma, una máquina comienza a comportarse de manera inusual o se detiene. La electricidad sigue ahí y, sin embargo, el proceso se interrumpe”, explica Norman Beltrán, gerente de Proyectos de Tripp Lite series Eaton.

Las variaciones de voltaje, los desbalances entre fases y otras perturbaciones pueden afectar maquinaria y sistemas de control sin producir un apagón visible. Para una pequeña o mediana empresa, identificar esa diferencia puede ser determinante, porque una falla aparentemente aislada puede terminar asociándose con desperdicio de materia prima, piezas fuera de especificación, reinicios de procesos, mantenimiento no programado o retrasos en las entregas.

 

Factura que no siempre se ve

 

La dimensión del problema puede observarse en otros puntos del país. En Querétaro, la industria documentó 165 eventos de interrupciones y variaciones de voltaje durante 2026, con afectaciones en actividades que incluyen los sectores automotriz, aeroespacial, centros de datos, logística y manufactura avanzada.

El dato adquiere mayor relevancia al considerar el peso económico de esa actividad. La industria queretana genera alrededor de 37 millones de pesos por hora, de acuerdo con cifras de autoridades estatales, por lo que una interrupción o alteración de los procesos puede tener efectos que van más allá del equipo que presenta la falla.

En la Península, los indicadores oficiales también muestran un área de atención. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI distingue entre la continuidad del servicio eléctrico —relacionada con la ausencia de apagones frecuentes— y su estabilidad, entendida como la ausencia de variaciones de voltaje. En el indicador de continuidad, Campeche registró 77.2% y Yucatán 77.9%, mientras Quintana Roo alcanzó 85.7%.

Para una economía como la de Quintana Roo, donde hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y servicios dependen de equipos que deben mantenerse activos durante prácticamente toda la jornada, la calidad de la energía tiene una relación directa con la continuidad operativa. Sistemas de climatización, refrigeración, bombeo, elevadores, cocinas, conectividad, cajas de cobro y equipos de seguridad requieren condiciones eléctricas adecuadas para funcionar correctamente.

En una planta o taller, el impacto puede ser todavía más directo. Tornos, fresadoras, soldadoras, compresores, motores industriales, variadores de frecuencia y sistemas de automatización dependen de una alimentación estable. Cuando la energía se desvía de sus parámetros normales, una falla puede terminar afectando toda una secuencia de producción.

Por eso, una variación que dura apenas unos segundos no necesariamente representa un problema pequeño. Puede obligar a reiniciar un proceso, desperdiciar material, producir una pieza fuera de especificación o someter a los componentes a un desgaste que posteriormente se traduzca en una reparación.

 

 

Medir antes de corregir

 

Las señales pueden aparecer mucho antes de una falla definitiva. Alarmas recurrentes en variadores de frecuencia, reinicios inesperados de controles, motores que presentan sobrecalentamiento y fallas intermitentes son algunos indicios que justifican revisar las condiciones eléctricas de una instalación.

“La protección eléctrica podría comenzar a entenderse como una herramienta para gestionar riesgos, no únicamente como un requisito técnico”, señala Beltrán. Desde esta perspectiva, el primer paso consiste en medir y entender qué ocurre dentro de la instalación para determinar si existe una relación entre los eventos eléctricos y el comportamiento de los equipos.

El diagnóstico permite identificar las cargas críticas y definir medidas de protección de acuerdo con las características de cada operación. No todas las empresas tienen las mismas necesidades: un hotel, un comercio, una oficina, un taller industrial o un centro de datos enfrentan riesgos distintos y requieren estrategias diferentes.

La discusión también se inserta en los esfuerzos que se realizan para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica de Quintana Roo. El gobierno estatal ha informado sobre proyectos coordinados con la CFE para incrementar la capacidad de la red mediante nuevas subestaciones, ampliaciones y obras de mantenimiento en distintos puntos de la entidad, ante el crecimiento turístico, poblacional y económico.

Pero la infraestructura externa y la protección interna atienden dimensiones distintas del mismo desafío. Mientras la red requiere inversiones para responder a una demanda creciente, las empresas necesitan conocer las condiciones en las que reciben y utilizan la energía.

Para las PyMEs, esa diferencia puede traducirse en una decisión de gestión. Revisar la calidad del suministro permite detectar perturbaciones, relacionarlas con fallas y proteger los equipos cuya operación resulta indispensable para el negocio.

Eaton plantea precisamente un enfoque basado en diagnóstico, monitoreo y protección de acuerdo con las características de cada instalación. La lógica es que la continuidad no dependa únicamente de que la luz permanezca encendida, sino de que la energía utilizada por los equipos mantenga condiciones capaces de sostener la operación.

En una región donde el turismo y los servicios requieren infraestructura disponible prácticamente todo el tiempo, la estabilidad eléctrica deja así de ser únicamente una cuestión técnica. Para una empresa, también puede convertirse en una variable de productividad, costos y continuidad del negocio.

 

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745,533 usuarios

fueron afectados por el más reciente apagón registrado en el sureste de México

 

85.7% obtuvo

Quintana Roo en continuidad del servicio eléctrico en la ENCIG 2025.

 

 

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La protección eléctrica podría comenzar a entenderse como una herramienta para gestionar riesgos, no únicamente como un requisito técnico”.

Norman Beltrán

Gerente de Proyectos de Tripp Lite series Eaton

El talón de Aquiles

por NellyG 1 julio, 2026

 

  

En la carrera global por la atracción de capitales, el Caribe Mexicano cuenta con ventajas competitivas envidiables: conectividad aérea de primer orden, infraestructura hotelera de clase mundial y una marca destino imbatible. Sin embargo, en el balance financiero de cualquier corporativo que opera en Quintana Roo, existe un lastre silencioso que amenaza la rentabilidad y frena la llegada de nuevas inversiones de alto valor: el costo y la intermitencia del suministro de energía eléctrica.

Para la industria de la hospitalidad, los centros comerciales y los desarrollos de usos mixtos, el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no es un gasto operativo más; se ha convertido, en muchos casos, en el segundo costo más gravoso para las empresas, solo por debajo de la nómina. En una región donde el termómetro no da tregua y la refrigeración y el aire acondicionado son condiciones de supervivencia del negocio, la política energética se vuelve una variable estrictamente económica.

Cifras que restan competitividad

La península de Yucatán ha padecido históricamente una condición de «isla energética» debido a su distancia de los principales centros de generación del país y a la saturación de las líneas de transmisión. Aunque proyectos recientes como las plantas de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, así como el gasoducto Cuxtal-Mayakan, prometen aliviar el déficit de generación a mediano plazo, la realidad inmediata del empresariado local sigue marcada por tarifas comerciales e industriales que están entre las más altas del país.

Operar bajo la Tarifa de Demanda Industrial en Media Tensión GDMTO o GDMTH en el sureste implica un costo por kilovatio-hora ($kWh$) que erosiona los márgenes de ganancia en comparación con destinos turísticos competidores en el Caribe global o el propio norte de México. A esto se suma el costo oculto pero devastador de los apagones y las variaciones de voltaje. Para un hotel de 500 habitaciones o un centro comercial, un corte de energía no programado implica pérdidas millonarias en equipos quemados, activación de plantas de emergencia basadas en diésel (lo que dispara la huella de carbono) y, lo peor, el daño reputacional ante un turismo de lujo que exige estándares de continuidad impecables.

 

La urgencia de la transición y la generación distribuida

La solución al estrangulamiento energético de la región no puede depender exclusivamente de los presupuestos públicos ni de los tiempos de la burocracia federal. El verdadero motor de cambio radica en la apertura y la certidumbre para la inversión privada en esquemas de sustentabilidad.

Actualmente, el límite legal para la Generación Distribuida —la capacidad de empresas y hoteles para generar su propia energía mediante paneles solares sin necesidad de una planeación compleja de la CRE— está topado en los $500\text{ kW}$ ($0.5\text{ MW}$). Para las dimensiones de la infraestructura actual en Cancún y la Riviera Maya, este techo es completamente obsoleto. Elevar este tope a $1\text{ MW}$ o más, como ha exigido el sector empresarial de manera unánime, permitiría a las grandes propiedades hoteleras y desarrollos comerciales mitigar su dependencia de la red pública, estabilizar sus costos operativos a largo plazo y cumplir con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) que hoy exigen los fondos de inversión internacionales.

Balance editorial: Menos discursos, más transmisión

Garantizar la viabilidad económica de Quintana Roo para los próximos veinte años requiere entender que la energía limpia y barata es tan vital como la promoción turística. La iniciativa privada local ha demostrado estar lista para invertir sus propios recursos en infraestructura fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía de última generación (baterías); lo que falta es un marco regulatorio que deje de ver al capital privado como un adversario y lo asuma como el aliado estratégico que es.

El crecimiento vertical de Cancún, el éxito comercial de la Avenida Huayacán y los megaproyectos en Puerto Cancún y la Riviera Maya demandan una red eléctrica robusta y redundante. Si aspiramos a seguir jugando en las grandes ligas del turismo y los negocios, las autoridades deben garantizar certidumbre jurídica para la coinversión en transmisión. De lo contrario, el costo de la luz seguirá ensombreciendo el brillante futuro económico de nuestro estado.

 

Corto circuito

por NellyG 1 junio, 2026

 

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.

Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.

Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium.

El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un «impuesto oculto» que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.

Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar.

El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para «salir del paso» mientras se consolidan los proyectos de fondo.

La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de «Justicia Energética» y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.

Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente.

Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.

 

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