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- Arturo Medina Galindo
- Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
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El Caribe Mexicano vive una paradoja tan deslumbrante como peligrosa. Por un lado, las páginas de economía y los discursos oficiales celebran con justa razón un dinamismo envidiable: récords históricos en conectividad aeroportuaria, expansiones hoteleras de gran turismo, un acelerado crecimiento inmobiliario vertical y macroobras federales que reconfiguran el territorio.
Sin embargo, detrás de esa fachada de prosperidad e imán de capitales, subyace una realidad estructural que amenaza con fundir los fusibles de la confianza empresarial: una red de transmisión y distribución eléctrica que opera al límite de sus capacidades.
Para un inversionista institucional, un fondo de infraestructura o un desarrollador corporativo, la certidumbre energética dejó de ser un servicio básico; hoy es una variable crítica de riesgo financiero. En el ecosistema de negocios actual, un apagón en Cancún, Playa del Carmen o Tulum no representa una simple e incómoda intermitencia doméstica; significa la parálisis total de sistemas operativos, la pérdida de cadenas de frío, el daño irreversible a equipos de alta tecnología y, fundamentalmente, un golpe demoledor a la reputación de un destino que se vende al mundo como premium.
El costo de esta vulnerabilidad ya actúa como un “impuesto oculto” que las empresas absorben mediante la compra obligada de plantas de emergencia a base de diésel, seguros más caros y reguladores industriales. La pregunta en las mesas de análisis de los grandes capitales ya no es cuánto terreno hay disponible, sino si habrá suficiente energía para encender el proyecto.
Ante la gravedad del diagnóstico, que costó pérdidas millonarias en las temporadas altas previas, el gobierno federal y estatal han tenido que abandonar la retórica de la autosuficiencia para activar una estrategia de contención de daños. El anuncio coordinado entre la Secretaría de Energía, el Cenace y el gobierno de Quintana Roo para integrar los llamados powerships —centrales eléctricas flotantes operadas por la firma turca Karpowership— es la prueba más fehaciente de que la emergencia ya no se puede ocultar.
El despliegue inminente de una embarcación con capacidad de 250 megawatts (MW), acompañada de una terminal de gas natural licuado, es una medida audaz e indispensable para librar el pico de demanda de este verano. No obstante, el sector empresarial debe leer esta solución con claridad: es un respirador artificial, una respuesta táctica y de corto plazo para “salir del paso” mientras se consolidan los proyectos de fondo.
La verdadera solución al riesgo de inversión radica en que el portafolio de proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aterrice en tiempo y forma en la península. El plan de “Justicia Energética” y los compromisos de expansión de la Red Nacional de Transmisión contemplan inversiones importantes para la modernización y ampliación de subestaciones en Cancún y Chetumal, la instalación de cientos de nuevos transformadores y proyectos de energía limpia en evaluación, como la central fotovoltaica Los Girasoles en el estado. El reto es que los tiempos de la burocracia federal y la ejecución técnica de la CFE avancen a la misma velocidad vertiginosa con la que el sector privado levanta complejos residenciales y hoteleros.
Quintana Roo no puede permitir que su éxito inmobiliario y turístico se convierta en su propio verdugo por falta de planeación urbana y energética. Las licencias de construcción y las factibilidades ambientales deben alinearse estrictamente a capacidades reales de suministro, y no a promesas en papel. La llegada de los buques generadores alivia la presión inmediata en los tableros de control, pero la competitividad a largo plazo del estado exige una agenda público-privada permanente.
Los inversionistas exigen certezas, no paliativos flotantes. Si la federación quiere seguir cosechando las divisas que esta tierra genera, la modernización definitiva de la red eléctrica de última milla en el Caribe Mexicano no es negociable; es la única forma de evitar que el futuro de la región se quede a oscuras.
