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Sergio León

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Rehenes de las crisis

por NellyG 3 noviembre, 2026

 

 

 

Por: Sergio León Cervantes

X: Oigres14 |Email:  sergioleon@sergioleon.mx |IG: @sergioleoncervantes

 

 

 

¿Cuántas crisis más necesitamos para aprender? La crisis financiera de 2008-2009, la influenza AH1N1 y la pandemia de COVID-19 demostraron nuestra vulnerabilidad económica. Recuperamos visitantes, pero seguimos expuestos a acontecimientos externos que no controlamos. Hoy, Estados Unidos vuelve a encender las alarmas.

El 14 de octubre, la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense reportó una inflación anual de 3.7% y una caída de 0.7% en los salarios reales por hora. Un día después informó que los precios al productor aumentaron 1.3% mensual y los servicios aéreos de pasajeros, 5%. La Oficina del Censo añadió que las ventas minoristas crecieron 0.8%, aunque las subyacentes de control apenas avanzaron 0.1%. El consumidor continúa gastando, pero enfrenta mayores presiones sobre su presupuesto.

¿Qué significa para nosotros? Estados Unidos representó 36.8% de nuestros turistas entre enero y noviembre de 2025, según SEDETUR. Si sus familias reducen estancias, excursiones o consumo, las consecuencias pueden alcanzar a todo Quintana Roo.

Las señales internas tampoco permiten complacencias: la ocupación hotelera estatal pasó de 75.10% a 71.54% entre enero-julio de 2025 y 2026, según SITURQ. Tulum perdió casi nueve puntos porcentuales. Aunque estos datos no demuestran una relación causal con la inflación reciente, sí exigen actuar.

Dimensionemos el riesgo: El Gobierno estatal reportó una derrama turística superior a 18 mil millones de dólares en 2025. Sobre una base de 18 mil millones, una contracción hipotética de 3% significaría 540 millones de dólares menos; una de 5%, 900 millones; y una de 10%, 1,800 millones. No son pronósticos, sino escenarios que ilustran cuánto está en juego.

Pero también podemos dimensionar la oportunidad: elevar 5% el gasto turístico agregado representaría 900 millones de dólares adicionales sobre esa misma base. Y si lográramos canalizar otro 5% del gasto hacia proveedores locales, serían hasta 900 millones de dólares en compras potenciales para empresas y productores quintanarroenses, siempre que exista oferta competitiva. Esto último sería una redistribución de compras, no nueva derrama turística.

Cuando el turismo se debilita, no solamente pierden hoteles, restaurantes y servicios náuticos. También pueden sufrir agricultores, transportistas, comerciantes, constructores, proveedores y familias de nuestros 11 municipios. Somos más de 1.8 millones de habitantes en una economía profundamente vinculada con esta actividad.

Necesitamos reconocer al turismo como una plataforma de desarrollo y reinvertir en su competitividad. En 2026, el presupuesto federal del Ramo 21 Turismo fue de 1,793.5 millones de pesos para todo México; FONATUR recibió 922.2 millones, equivalentes al 51.4%. El resto tampoco corresponde exclusivamente a promoción. Frente a ello, Quintana Roo recaudó más de 2,434 millones de pesos por Impuesto al Hospedaje tan solo en el primer semestre de 2025. Son cifras de ejercicios y conceptos distintos, pero suficientes para exigir una discusión seria sobre inversión y resultados.

China y Singapur ofrecen lecciones sobre planeación, infraestructura, talento y continuidad. Quintana Roo ya tiene instrumentos como el Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030. Necesitamos traducirlos en inversiones, indicadores y proyectos que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Diversificar significa crear 11 estrategias municipales complementarias, no once cancunes. Podemos desarrollar turismo educativo para Centroamérica y el Caribe; fortalecer turismo médico, religioso, científico, deportivo, gastronómico y comunitario; y atraer nómadas digitales y visitantes de larga estancia.

Pero también debemos diversificar nuestra producción: agricultura tecnificada, pesca responsable, agroindustria e industria ligera para abastecer competitivamente a hoteles y comercios. Nuestra ubicación merece estudiar un hub logístico y aduanero hacia Centroamérica y el Caribe, con infraestructura y demanda comprobadas.

La solución requiere un acuerdo de largo plazo entre gobiernos, empresarios, universidades y comunidades, con metas a 2035, visión a 2050, presupuestos multianuales e indicadores públicos.

No podemos evitar las crisis internacionales. Sí podemos decidir cuánto nos afectarán y qué tan preparados estaremos.

Quintana Roo no necesita recuperarse una y otra vez para regresar al mismo punto. Necesita una estrategia que convierta cada recuperación en un avance permanente.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima, porque el éxito ya lo tenemos.

Belice se nos va

por NellyG 1 octubre, 2026

 

 

Chetumal lleva años preguntándose cómo recuperar su economía. Tal vez debería empezar mirando al otro lado de la frontera.

En 2012 recibió más de 618 mil visitantes provenientes de Belice. Años después, cámaras empresariales seguían calculando alrededor de 600 mil visitas anuales. Todavía en 2025, la Canaco estimaba unos 50 mil visitantes beliceños cada mes y una derrama cercana a 50 millones de pesos mensuales.

Pero algo está cambiando.

En los primeros meses de 2026, empresarios chetumaleños estimaron que aquel flujo había caído hasta unos 20 mil visitantes mensuales. Si conserváramos como referencia el gasto implícito de 2025, la diferencia representaría cerca de 30 millones de pesos que Chetumal podría estar dejando de capturar cada mes. Si ese comportamiento se mantuviera un año: 360 millones.

No es una cifra oficial de pérdidas; es un escenario, pero debería bastar para hacernos una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo para que nuestros vecinos quieran venir?

Porque mientras nosotros discutimos, Guatemala vende.

Durante la Semana Santa de 2026, el movimiento registrado en la frontera occidental de Belice con Guatemala aumentó 28.4% frente al año anterior. En la frontera norte, hacia México, cayó 23.7%. En agosto, casi 4,900 movimientos fueron registrados en un solo fin de semana en la frontera occidental, mientras familias beliceñas acudían a Melchor de Mencos para realizar compras escolares.

No podemos afirmar que cada visitante que perdió México lo ganó Guatemala. Hay precios, tipos de cambio, distancias, transporte y muchos otros factores. Pero la señal está ahí.

Y quizá nuestro primer error sea extraordinariamente sencillo: queremos sus dólares, pero pocas veces les hablamos en su idioma.

¿Dónde está el Welcome to Chetumal?

Una ciudad que históricamente ha dependido del consumidor beliceño debería tener señalización bilingüe, menús en inglés, información turística y médica en inglés, policías y agentes capacitados para atender visitantes, mapas comerciales, promociones y un sistema de asistencia y denuncia bilingüe.

No es cortesía, es estrategia comercial.

Y antes incluso de encontrar el restaurante o la tienda está la frontera. Desde hace años existen reportes de largas esperas y dificultades migratorias. En 2019 ya se documentaban filas desde temprano y capacidad insuficiente de atención. En 2026 empresarios y representantes beliceños vuelven a hablar de trámites, costos, inseguridad, malos tratos y denuncias de abusos.

Ocho años discutiendo problemas similares deberían ser suficientes.

México está invirtiendo 42.76 millones de pesos en la reconstrucción del Puente Internacional Río Hondo; magnífico, pero de poco servirá ampliar el puente si después estrechamos la bienvenida.

Y aquí Chetumal debe dejar de pensar pequeño.

Belice tiene alrededor de 423 mil habitantes. En 2024 importó 236.4 millones de dólares beliceños desde México y 234.8 millones desde Guatemala. Prácticamente un empate. En 2025 México amplió la ventaja, pero la competencia existe.

Lo sorprendente es quién aprovecha ese comercio dentro de nuestro país. Entre los principales estados mexicanos exportadores hacia Belice en 2024 estuvieron Ciudad de México, Baja California y Nuevo León. Quintana Roo comparte frontera con Belice, pero estados situados a miles de kilómetros han sabido venderle más.

Ahí está nuestra verdadera oportunidad; no debemos esperar sentados a que los beliceños crucen a comprar; tenemos que cruzar nosotros a venderles.

Corozal, Orange Walk, Belize City, Belmopan y San Pedro deberían recibir misiones empresariales, campañas comerciales, exposiciones de productos mexicanos y promociones de hospitales, restaurantes, hoteles, escuelas y destinos de la Península.

Y cuando el visitante cruce, no deberíamos conformarnos con venderle el supermercado.

La Tarjeta de Visitante Regional permite a nacionales beliceños entradas múltiples durante cinco años y estancias de hasta siete días en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Entonces pensemos como región.

Chetumal puede vender compras y salud; Bacalar experiencias; Mahahual Caribe. La Riviera Maya y Cancún entretenimiento y hotelería; Mérida medicina, gastronomía y servicios; y Campeche historia y cultura.

El consumidor puede convertirse en turista; el turista, en huésped; y el huésped, en cliente recurrente.

Y todavía estamos pensando demasiado pequeño.

Belice pertenece a CARICOM. Eso no significa que un producto mexicano pueda atravesar su frontera y mágicamente convertirse en producto caribeño: existen reglas de origen, pero sí obliga a nuestros empresarios a estudiar qué inversiones, procesos productivos o transformaciones podrían realizarse ahí para acceder, cuando cumplan las reglas correspondientes, a mercados del Caribe.

Hacia el oeste existe otra oportunidad: estudiar un corredor Península–Chetumal–Belice–Guatemala que complemente la salida tradicional mexicana hacia Centroamérica por Chiapas.

Belice, entonces, deja de ser únicamente un país vecino.

Se convierte simultáneamente en cliente, turista, socio, mercado y plataforma.

Recuperar los niveles estimados de 2025 significaría pasar de un escenario anualizado cercano a 240 millones de pesos de derrama a unos 600 millones. Crecer 25% sobre aquella base llevaría el potencial a 750 millones. Crecer 50%, a unos 900 millones.

Son escenarios, no pronósticos. Pero sirven para entender el tamaño de lo que está en juego.

Por eso necesitamos una estrategia que podría empezar con algo tan sencillo como Welcome Belize: frontera eficiente y digna; seguridad y cero tolerancia a abusos; señalización bilingüe; capacitación en inglés; promoción mexicana dentro de Belice; paquetes de compras, salud y turismo; convenios empresariales; multidestino México–Belice y una estrategia comercial que involucre a Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Durante demasiado tiempo Chetumal ha esperado que Belice llegue.

Quizá llegó la hora de que nosotros vayamos por Belice.

Porque la frontera no debería ser el lugar donde México termina.

Debería ser el lugar donde nuestros negocios empiezan.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos

 

 

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No renovar cuesta

por NellyG 2 septiembre, 2026

 

El próximo 30 de septiembre vence el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte. Parece un asunto de aduanas. No lo es. Para Quintana Roo puede convertirse en un problema de precios, competitividad, inversión y turismo.

Quintana Roo tiene casi 59 mil unidades económicas y sus empresas gastan alrededor de 329,693 millones de pesos al año en bienes y servicios; el comercio concentra 225,792 millones. Somos una economía que compra y repone todos los días alimentos, bebidas, textiles, calzado, blancos, vajillas, cristalería, muebles, decoración, equipos y materiales.

No todo se importa ni todo lo importado está amparado por el decreto. Pero parte del abastecimiento viene del extranjero, y cuando llega de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, las 1,284 fracciones arancelarias preferenciales de la Región Fronteriza dejan de ser un tecnicismo: son dinero.

China lo demuestra. En 2025 fue el segundo origen de las compras internacionales atribuidas a Quintana Roo y el primero en Cancún. En Playa del Carmen, la principal mercancía importada fue ropa de cama, mesa, tocador o cocina, por 117 millones de dólares. Estamos hablando de lo que mantiene funcionando una habitación, un restaurante o un comercio.

Con el decreto, determinadas mercancías pueden ingresar con 0% o 5% de Impuesto General de Importación. Sin él regresarían al arancel general correspondiente. Una vajilla actualmente desgravada puede enfrentar 15%; en otros sectores existen tasas de 20%, 25%, 35% o más. México, además, elevó este año aranceles de entre 5% y 35% para 185 fracciones, incluyendo textiles, muebles y material eléctrico.

El impacto no termina en la aduana. Si el importador paga más, tiene tres opciones: perder margen, trasladar el incremento o dejar de comprar. Después el costo recorre la cadena hasta el hotel, restaurante, comercio y consumidor. Quien nunca ha visto un pedimento aduanal también puede terminar pagando la desaparición del decreto en unos zapatos, una comida o una habitación de hotel.

Y aquí comienza el verdadero riesgo.

Quintana Roo es el estado donde el turismo tiene mayor peso en el valor agregado censal del país: 48.5%. Tenemos más de 140 mil habitaciones y en 2024 recibimos casi 21 millones de turistas, con una derrama aproximada de 19,573 millones de dólares. En ningún otro estado aumentar los costos de su principal industria puede tener proporcionalmente un impacto semejante.

Además, no estamos compitiendo solos. En temporada alta una habitación en Riviera Maya ronda actualmente los 8,776 pesos por noche, contra aproximadamente 8,659 en Punta Cana. La diferencia es apenas 1.35%. Si la desaparición del decreto terminara trasladando sólo un punto porcentual adicional a los costos hoteleros, esa brecha prácticamente se duplicaría.

En restaurantes la señal es todavía más delicada: una cena media para dos personas en Cancún ronda los 59 dólares, frente a aproximadamente 43 dólares en Punta Cana. Ya somos cerca de 38% más caros en esa referencia. No necesitamos incrementar nuestros precios 15% para empezar a perder mercado. En turismo internacional, dos o tres puntos pueden decidir dónde termina una reservación.

Punta Cana no necesita hacerse más barata. Le basta con que nosotros nos hagamos más caros.

Y esto ocurre justo cuando Quintana Roo enfrenta menor dinamismo turístico. Durante los primeros meses de 2026 la ocupación hotelera estatal ha mostrado retrocesos, con caídas más pronunciadas en destinos como Playa del Carmen y Tulum. Subir costos mientras nuestros competidores pelean por cada turista sería jugar contra nosotros mismos.

El Gobierno Federal ya midió la utilidad del esquema. En 2018 las importaciones realizadas bajo este régimen en las regiones beneficiadas sumaron 1,325 millones de dólares y generaron 144 millones de ahorro arancelario, cerca de 10.9% del valor importado. Si apenas 10% de las compras empresariales de Quintana Roo estuviera realmente expuesto y utilizáramos ese antecedente únicamente como ejercicio de sensibilidad, hablaríamos de un impacto potencial cercano a 3,600 millones de pesos anuales. No es una pérdida comprobada; sí demuestra el tamaño del riesgo.

Por eso ésta no puede ser una petición aislada de importadores.

Quintana Roo necesita construir un frente común: cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, comerciantes, ciudadanos, los once ayuntamientos, Gobierno del Estado, diputados locales, diputados federales y senadores deben llevar una sola posición ante la Presidencia de la República, su Consejería Jurídica y la Secretaría de Economía: renovar el decreto antes del 30 de septiembre y darle certidumbre de largo plazo.

No estamos pidiendo un privilegio fiscal. Estamos defendiendo precios, empleos, inversión y capacidad para competir.

Porque el 30 de septiembre no vencen solamente 1,284 fracciones arancelarias.

Puede vencerse una parte de la competitividad del Caribe Mexicano.

Y ésta es una batalla que Quintana Roo debe dar unido.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos

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La crisis ya no está en el mar

por NellyG 3 agosto, 2026

Quince años después, el verdadero problema de Quintana Roo ya no es el sargazo. Es el modelo con el que seguimos intentando combatirlo.

Durante millones de años, el sargazo fue parte del equilibrio natural del océano Atlántico. Flotaba en el Mar de los Sargazos, alimentando peces, tortugas y una extraordinaria biodiversidad. Nunca fue una amenaza. Todo cambió en 2011, cuando imágenes satelitales comenzaron a detectar un gigantesco cinturón de macroalgas desplazándose desde el Atlántico tropical hacia el Caribe. Lo que entonces se creyó un fenómeno extraordinario terminó convirtiéndose en una nueva realidad para Quintana Roo.

Quince años después, la pregunta ya no es de dónde viene el sargazo.

La verdadera pregunta es otra:

¿Por qué seguimos enfrentándolo prácticamente con la misma estrategia?

Porque después de tres presidentes de la República y el inicio de un cuarto sexenio, la historia se repite. Cambian los nombres, cambian los discursos, cambian los presupuestos, pero la solución continúa siendo esencialmente la misma: más limpieza, más maquinaria, más barreras, más embarcaciones y más recursos públicos.

La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar el tema en la agenda nacional. Debe reconocerse que existe una mayor participación de la Secretaría de Marina, más capacidad operativa, nuevas embarcaciones, barreras y el interés por impulsar el aprovechamiento industrial del sargazo. Son acciones positivas y necesarias.

Pero también debemos tener la honestidad de decir algo que ya resulta imposible ignorar:

Después de quince años, el debate ya no puede limitarse a comprar más barcos o instalar más barreras. El verdadero reto es cambiar el modelo.

 

La factura que pocos conocen

El problema no solamente se mide en toneladas de sargazo. Se mide en dinero, oportunidades perdidas y competitividad.

Con base en información pública y una metodología conservadora de estimación, entre 2011 y 2026 se han destinado aproximadamente:

Concepto Inversión estimada
Gobierno Federal ≈ 1,050 millones de pesos
Gobierno de Quintana Roo ≈ 880 millones de pesos
Municipios ≈ 475 millones de pesos
Sector empresarial ≈ 2,500 millones de pesos
Total estimado ≈ 4,905 millones de pesos

 

 

Más importante que la cifra total es su composición

Mientras el Gobierno Federal habría aportado alrededor de 1,050 millones de pesos, la suma del Gobierno del Estado, los municipios y el sector empresarial supera los 3,850 millones de pesos, es decir, cerca del 80% del esfuerzo económico estimado.

Paradójicamente, esto ocurre en un país donde la Federación concentra aproximadamente entre el 85 y el 90% de la capacidad recaudatoria tributaria, mientras estados y municipios operan con bases fiscales mucho más reducidas.

No existe hoy una balanza fiscal oficial que permita conocer con precisión cuánto recauda la Federación gracias a Quintana Roo y cuánto reinvierte realmente en el estado. Y ésa, por sí sola, ya debería ser una discusión nacional.

El costo invisible

Pero la factura del sargazo no termina en esos casi cinco mil millones de pesos.

Cada peso que el Gobierno del Estado destina a esta contingencia es un peso menos para infraestructura, seguridad, agua potable, movilidad, saneamiento, educación o salud.

Cada peso que un municipio utiliza para limpiar playas deja de invertirse en alumbrado, calles, parques y servicios públicos.

Cada peso que un hotel invierte en maquinaria, barreras, personal y limpieza deja de destinarse a remodelaciones, innovación, capacitación o mejores salarios.

Y ahí es donde el problema deja de ser ambiental para convertirse en social.

Porque cuando disminuye la ocupación hotelera, no pierde únicamente el empresario.

Pierde el mesero que recibe menos propinas.

Pierde la camarista.

Pierde el garrotero.

Pierde el cocinero.

Pierde el taxista.

Pierde el pescador.

Pierde el guía de turistas.

Pierde quien vende artesanías.

Pierden miles de familias que dependen directa o indirectamente del turismo.

Hoy ya no es únicamente el sargazo el que afecta el ingreso de los quintanarroenses. También lo hace un modelo que, después de quince años, continúa consumiendo recursos públicos y privados sin haber construido una solución estructural.

El verdadero problema

Durante estos años hemos aprendido a recoger el sargazo.

Lo que no hemos aprendido es a dejar de depender de recogerlo.

Y ésa es una diferencia enorme.

Mientras el sector público continúa concentrando buena parte de sus esfuerzos en contener la emergencia, desde Quintana Roo han comenzado a surgir propuestas que buscan resolver el problema desde otro enfoque.

La alianza integrada por The Seas We Love, SargaTech y Caribe Circular ha planteado una propuesta distinta: dejar de tratar el sargazo como un residuo para convertirlo en una materia prima industrial, estructurando un mercado que permita financiar su recolección en alta mar mediante inversión privada, economía circular, innovación y certidumbre regulatoria. Lo más relevante es que no están pidiendo subsidios públicos. Están pidiendo algo mucho más sencillo: que el Estado elimine barreras regulatorias y permita que las soluciones puedan implementarse.

Ésa es la diferencia entre administrar un problema y comenzar a resolverlo.

Quintana Roo compite con el mundo

Existe otro error que seguimos cometiendo.

Quintana Roo no compite con Acapulco.

No compite con Mazatlán.

No compite con Puerto Vallarta.

Compite con República Dominicana.

Con Bahamas.

Con Jamaica.

Con Aruba.

Con Maldivas.

Con Hawái.

Cada punto de competitividad que pierde Quintana Roo es una oportunidad que otro país gana.

Y cada año que retrasamos una solución estructural hace más costosa la recuperación del destino turístico más importante de México.

 

Es momento de cambiar la gobernanza

Quizá ha llegado el momento de dejar de pensar en un programa sexenal y comenzar a construir una Política de Estado para el Sargazo.

Propongo la creación de un Consejo Nacional para la Economía Circular del Sargazo, integrado por la Federación, el Gobierno de Quintana Roo, los municipios, la Secretaría de Marina, SEMARNAT, la Secretaría de Hacienda, universidades, centros de investigación, asociaciones hoteleras, organismos internacionales y representantes de la iniciativa privada.

Un organismo que concentre presupuesto, publique indicadores, mida resultados, elimine barreras regulatorias y convierta al sargazo en una nueva industria, no en una factura permanente.

Porque la función del Estado no siempre consiste en hacerlo todo.

También consiste en permitir que quienes tienen soluciones puedan ponerlas en marcha.

 

La decisión

Quintana Roo no está pidiendo un privilegio.

Está defendiendo el motor turístico más importante de México.

Ninguna empresa puede retirar permanentemente las utilidades de su principal unidad productiva sin reinvertir en su mantenimiento.

México tampoco debería hacerlo con el destino que más turismo, empleo, divisas y oportunidades genera para el país.

La crisis ya no está en el mar.

La crisis está en seguir administrando el problema cuando ya existen condiciones para comenzar a resolverlo.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos

 

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El costo de rebotar

por NellyG 1 julio, 2026

Durante las últimas dos décadas, América Latina ha vivido uno de los mayores péndulos políticos de su historia reciente. Primero giró hacia la izquierda. Hoy parece regresar hacia la derecha. Argentina eligió a Javier Milei. El Salvador consolidó a Nayib Bukele. Estados Unidos regresó a Donald Trump. Ecuador apostó por Daniel Noboa. Chile eligió a José Antonio Kast. Colombia parece encaminarse hacia Abelardo de la Espriella. Para algunos analistas, se trata de una nueva ola conservadora. Para otros, simplemente es un nuevo voto de castigo.

Sin embargo, la verdadera historia no es quién gana la batalla ideológica. La verdadera historia es cuánto nos cuesta seguir rebotando entre modelos mientras los problemas estructurales permanecen sin resolverse.

La izquierda llegó porque existían dolores reales. Millones de personas observaban cómo crecían las economías mientras sus condiciones de vida permanecían estancadas. La desigualdad, la pobreza, la falta de movilidad social, el acceso limitado a educación de calidad y la concentración de oportunidades generaron una sensación de abandono. El mensaje era contundente: si el mercado no lograba incluir a todos, el Estado tendría que intervenir más.

Pero con el paso del tiempo aparecieron nuevos dolores. La inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la región. América Latina continúa concentrando cerca del 8% de la población mundial, pero alrededor de un tercio de los homicidios del planeta. La inversión comenzó a desacelerarse en diversos países. La productividad permaneció rezagada y casi la mitad de los trabajadores latinoamericanos continúa en la informalidad. La ciudadanía volvió a sentirse frustrada.

Entonces apareció una nueva generación de liderazgos prometiendo exactamente lo contrario: menos burocracia, más inversión, más seguridad, más crecimiento y más resultados. La derecha entendió algo que millones de ciudadanos estaban exigiendo: sin seguridad, sin empleo, sin inversión y sin certeza jurídica no existe desarrollo sostenible.

Sin embargo, existe un riesgo que comienza a ser evidente. Así como la izquierda cometió el error de creer que podía distribuir riqueza sin generarla, parte de la nueva derecha parece asumir que puede generar riqueza sin invertir suficientemente en las personas.

Y ahí es donde comienza la discusión verdaderamente importante.

La depresión y la ansiedad generan pérdidas económicas globales superiores a un billón de dólares anuales por reducción de productividad. Diversos estudios muestran que cada año adicional de escolaridad puede incrementar entre 8% y 10% los ingresos futuros de una persona. El economista James Heckman ha documentado que invertir en la primera infancia puede generar retornos sociales de entre siete y trece dólares por cada dólar invertido. Sin embargo, seguimos destinando enormes recursos a corregir problemas que pudieron prevenirse.

Gastamos miles de millones combatiendo delincuencia, adicciones, violencia, reincidencia penitenciaria, abandono escolar y crisis de salud mental. Pero invertimos relativamente poco en fortalecer la familia, la educación temprana, la salud emocional, la reinserción social y la construcción de comunidades resilientes.

El resultado es un círculo vicioso. Los gobiernos aumentan programas asistenciales para atender las consecuencias. Posteriormente aparecen déficits, presiones fiscales y menor crecimiento económico. Después llega una nueva corriente política prometiendo corregir el rumbo. Y el ciclo vuelve a comenzar.

Quizá el mayor error de nuestra generación ha sido creer que debemos elegir entre crecimiento económico o justicia social, cuando en realidad ambas son indispensables. La riqueza sin cohesión social genera resentimiento. La justicia social sin crecimiento termina siendo financieramente insostenible.

Por eso quizá la próxima gran transformación política no será de izquierda ni de derecha. Será la construcción de una nueva economía política que entienda que la prevención social es una inversión económica. Un modelo que reconozca que cada niño que abandona la escuela, cada joven atrapado por las adicciones, cada familia que se desintegra y cada persona que pierde la esperanza representan no sólo una tragedia humana, sino también un enorme costo para la competitividad de una nación.

La pregunta ya no es si América Latina debe girar a la izquierda o a la derecha. La pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a perder rebotando entre ambas mientras seguimos postergando la construcción de un modelo capaz de generar prosperidad, estabilidad y justicia al mismo tiempo.

Tal vez el verdadero desafío del siglo XXI no sea elegir entre mercado o Estado. Tal vez sea aprender a construir un capitalismo humanista que entienda que la mejor inversión no siempre es la que genera más utilidades inmediatas, sino la que evita que millones de personas se conviertan mañana en un problema que todos terminaremos pagando.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos.

 

 

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El nuevo muro

por NellyG 1 junio, 2026

 

Por: Sergio León Cervantes

X: Oigres14 |Email:  sergioleon@sergioleon.mx |IG: @sergioleoncervantes

 

 

Durante décadas, México creyó que su relación más delicada con Estados Unidos estaba en la frontera. El muro, la migración, los aranceles o el narcotráfico parecían ser el centro de la tensión bilateral. Pero algo cambió. Y probablemente aún no hemos dimensionado su verdadero alcance.

Donald Trump acaba de abrir un nuevo frente: el financiero.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de deportaciones o impuestos a las remesas. Hoy el debate empieza a trasladarse hacia el control bancario, la vigilancia financiera y el acceso de millones de migrantes al sistema económico estadounidense. Y eso podría convertirse en uno de los mayores puntos de presión rumbo a la renegociación del T-MEC.

Estados Unidos descubrió algo antes que México: las remesas no son solo dinero. Son poder.

México recibió 64,745 millones de dólares en remesas durante 2024, un nuevo récord histórico. El dato es brutal: equivale aproximadamente al 3.5% del PIB nacional.

Más delicado aún: 96.6% de esas remesas provienen directamente de Estados Unidos. Solamente desde California y Texas salió casi la mitad del dinero enviado a México.

En términos simples: México depende profundamente del dinero generado por sus migrantes en territorio estadounidense.

Y el problema no es menor.

Las remesas ya compiten con el petróleo, el turismo internacional y parte de la inversión extranjera como una de las principales fuentes de divisas del país. Pero además sostienen algo todavía más importante: la estabilidad social.

En México, uno de cada nueve hogares recibe remesas. En regiones del Bajío y Occidente, la proporción sube a uno de cada seis hogares.

En estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán o Zacatecas, las remesas representan entre 10% y 14% del PIB estatal.

Es decir: hay estados enteros cuya estabilidad económica depende directamente del dinero enviado desde Estados Unidos.

Y precisamente ahí aparece la vulnerabilidad.

Trump entendió que para presionar a México no necesariamente necesita cerrar la frontera. Le basta con tocar el flujo del dinero.

La nueva estrategia republicana ya no se limita a plantear impuestos a las remesas. Ahora comienza a construirse un modelo mucho más sofisticado: endurecer controles financieros, obligar a bancos a revisar ciudadanía y estatus migratorio, elevar requisitos de identificación y aumentar la trazabilidad de operaciones.

El mensaje es claro: la frontera ya no solamente es física. Ahora también puede ser bancaria, digital y fiscal.

El argumento oficial es seguridad nacional. Washington mezcla cada vez más en una sola narrativa migración, lavado de dinero, narcotráfico, control fronterizo y sistema financiero. Y cuando un tema entra al terreno de seguridad nacional en Estados Unidos, las herramientas de presión se multiplican.

El riesgo para México es enorme.

Un impuesto de apenas 1% sobre remesas podría representar alrededor de 650 millones de dólares menos al año para familias mexicanas. Un escenario de 3.5% implicaría pérdidas cercanas a 2,200 millones de dólares anuales. Y eso sin considerar el efecto psicológico del miedo financiero.

Porque el verdadero riesgo probablemente no está en el impuesto.

Está en el precedente.

Millones de migrantes podrían comenzar a abandonar bancos, utilizar efectivo, recurrir a terceros o migrar hacia mecanismos informales por temor a vigilancia financiera o restricciones migratorias. Paradójicamente, una medida diseñada para controlar operaciones podría terminar fortaleciendo redes clandestinas y debilitando la bancarización.

Y aquí aparece el verdadero trasfondo geopolítico.

La revisión del T-MEC ya no hablará únicamente de comercio. También hablará de migración, seguridad, inversiones chinas, fentanilo, energía, lavado de dinero y control financiero. Todo empieza a conectarse.

México podría llegar debilitado a la negociación más importante de Norteamérica si no entiende rápidamente que este ya no es solo un debate migratorio. Es un reacomodo de poder.

Durante años pensamos que nuestra principal dependencia frente a Estados Unidos era comercial.

Hoy descubrimos que también es financiera, social y migratoria.

Y quizás ahí está la reflexión más dura de todas:

El nuevo muro de Trump podría no construirse con concreto.

Podría construirse con bancos.

¡Hasta el próximo mes con más retos y oportunidades!

Sin miedo a la cima porque el éxito ya lo tenemos

 

 

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