- En línea directa
- Periodista, Director NITU.mx
- email:arturo@nitu.mx
- Twitter @Arturo_Medina_G
La cancelación de la Travesía Sagrada Maya no es solo un golpe al calendario turístico de Quintana Roo; es un síntoma de una fractura profunda entre la gestión cultural, el marco jurídico y la realidad empresarial. Tras años de remar contra la marea para rescatar una tradición olvidada, hoy los remos se detienen frente a un tribunal. Lo que nació como un esfuerzo por dignificar nuestro pasado se encuentra hoy atrapado en una red de disputas sobre derechos de autor, comercialización y la propiedad de lo inmaterial.
El corazón de la disputa
Para entender el cese de este evento, y todo el litigio que hoy particularmente envuelve al Grupo Xcaret, debemos mirar hacia la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, publicada en 2022. Esta legislación, aunque bienintencionada en su origen para evitar el plagio de diseños textiles por marcas extranjeras, ha creado un terreno pantanoso para quienes, en suelo mexicano, buscan difundir la cultura.
El argumento jurídico central que hoy acecha a los empresarios del sector es el concepto de “uso no consentido”. Bajo este marco, cualquier aprovechamiento comercial de elementos que las comunidades consideren parte de su patrimonio debe contar con una consulta previa y un esquema de beneficios compartidos. Sin embargo, surge la pregunta incómoda: ¿Quién es el dueño legítimo de un ritual que fue rescatado del olvido mediante la inversión privada y la investigación histórica?
La ley actual otorga a las comunidades derechos colectivos de propiedad intelectual que son imprescriptibles e inalienables, lo que complica la certeza jurídica para inversiones a largo plazo que utilizan la narrativa histórica como eje central.
Inversión en riesgo
Es imperativo defender a quienes han arriesgado su capital -empresarios serios y comprometidos- que durante décadas han transformado el “producto” maya en una experiencia de clase mundial. No se trata de una simple explotación de símbolos; se trata de una puesta en valor.
Antes de que parques y proyectos turísticos de alto nivel centraran su atención en la Travesía, el ritual era una nota al pie en los libros de historia. Fue el sector privado el que aportó la logística y seguridad para garantizar que cientos de canoeros cruzaran el canal de Cozumel con estándares de seguridad modernos; la investigación académica con la colaboración con antropólogos e historiadores para recrear vestuarios y cánticos con rigor; la promoción internacional para posicionar a la cultura maya en el escaparate global, atrayendo un turismo de mayor poder adquisitivo y sensibilidad cultural.
Cuestionar hoy que no se puede promocionar o usar la cultura maya en estas muestras es desconocer que la cultura es un ente vivo. Si el empresario no puede usar los símbolos de la tierra donde opera -siempre con respeto y dignidad-, entonces se está castigando el sentido de pertenencia y la difusión cultural misma.
Bajo este esquema tendríamos que cuestionar si la cultura está siendo protegida o tomada como rehén.
El riesgo de estos juicios y restricciones es el aislamiento. Si la ley se vuelve tan punitiva que el sector privado decide retirar su apoyo de eventos culturales por temor a represalias legales, el patrimonio corre el riesgo de volver a quedar oculto tras la selva.
El marco jurídico de la Propiedad Intelectual Colectiva debe encontrar un punto medio. La “comercialización de símbolos” no debe verse como un pecado si genera empleos, derrama económica y, sobre todo, si mantiene el interés mundial sobre nuestra región. Los empresarios que han demostrado compromiso social por años no son “piratas culturales”; son aliados estratégicos en la preservación de la identidad.
Conclusión
Llamamos a la certeza, Quintana Roo no puede permitirse perder la Travesía Sagrada Maya ni otros esfuerzos similares. La autoridad debe ofrecer reglas claras que permitan la coexistencia. Si cerramos la puerta a la iniciativa privada en la cultura, nos quedaremos con un patrimonio intacto, sí, pero invisible y estático.
Es momento de legislar con sentido común: proteger los derechos de las comunidades sin estrangular la libertad de emprendimiento que ha hecho de este estado el motor turístico de México. La cultura maya no es una pieza de museo bajo llave; es un legado que merece ser navegado, compartido y, por qué no, admirado a través de los ojos de quien invierte en su grandeza.