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Arturo Medina

  • En línea directa
  • Periodista, Director NITU.mx
  • email:arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

¿Que los empresarios paguen la promoción?

por ahernandez@latitud21.com.mx 3 noviembre, 2026
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

Un radioescucha de mi programa “Buenos Días” preguntó con lógica de contribuyente: ‘¿por qué tenemos que pagar de los impuestos la promoción turística? Que la paguen los empresarios’. La pregunta es pertinente, pero la respuesta no es tan simple como parece. La historia de cómo México financió su promoción turística durante décadas muestra un diseño deliberado para no cargar todo el peso sobre un sector empresarial altamente fragmentado y, al mismo tiempo, mantener competitividad frente a destinos que sí invierten de forma sostenida.

En Quintana Roo surge en los ‘90 el Fondo Mixto de promoción, un ente colegiado en donde la IP aportaba un presupuesto y el gobierno del estado una parte igual. Sin embargo, Mario Villanueva propone el Impuesto al Hospedaje (ISH), un gravamen estatal complementario al IVA, de esta forma no afecta el gasto del estado y los empresarios cobrarían un adicional inmerso en la tarifa hotelera. Su lógica original era destinarlo a promoción turística con participación del sector privado en las decisiones.  Hoy las tasas varían entre 2 % y 7 % según el estado (en Quintana Roo es del 5 %). En 2026, sólo en los primeros nueve meses, Quintana Roo recaudó más de 3 mil 832 millones de pesos por este concepto. Sin embargo, con el tiempo el destino de esos recursos se ha diluido y ya no es sólo para promoción turística. 

El segundo mecanismo, más ambicioso, fue el Derecho de No Inmigrante (luego Derecho de No Residente o DNR). Nació de un acuerdo de Estado entre 1998 y 1999, negociado con todas las fuerzas políticas, incluido el PRD entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y con los empresarios. Se creó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en 1999 y se financió con un derecho que originalmente rondaba los 10 dólares por turista internacional (hoy con lo recién aprobado está en 62 dólares). La distribución histórica era clara: alrededor del 70% al CPTM, 20 % al Instituto Nacional de Migración y 10 % a Fonatur. Los empresarios aceptaron perder algo de competitividad en el precio porque entendían que la promoción beneficiaba a todo el ecosistema, no sólo a la hotelería.

Ese diseño se desmontó. El CPTM desapareció en 2019 y, desde entonces, el DNR dejó de destinarse a promoción. Hoy la cuota es de 983 pesos (2026) y la propuesta para 2027 la eleva a 1,158 pesos (+17.8 %). La distribución prevista es 57 % a Sedena, 15 % al INM y 28 % a la Tesorería de la Federación, sin etiqueta para turismo. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) ha pedido que ese 28 % —unos 7,500 millones de pesos si se toma como referencia la recaudación reciente— se destine a promoción, publicidad, infraestructura y manejo de crisis. En 2018 todavía se etiquetaban más de 5 mil millones de pesos a promoción; actualizado, serían cerca de 8 mil millones.

¿Por qué no “que lo paguen los empresarios”?

Un dato que tomo de nuestro buen amigo Francisco Madrid, del Starc Anáhuac Cancún, es revelador, el sector turístico mexicano está compuesto mayoritariamente por microempresas. Nacionalmente existen más de 900 mil unidades económicas turísticas; alrededor del 93 % tienen menos de diez trabajadores. En Quintana Roo la proporción de microempresas es todavía más alta. Cargarles el presupuesto de promoción de un destino nacional o de un país es inviable. El ISH y el DNR fueron diseñados precisamente para que el turista contribuyera a sostener la maquinaria de atracción, porque el beneficio se distribuye en toda la cadena (comercio, transporte, gastronomía, servicios).

Dominicana 800 México 1

México es el cuarto país del mundo por contribución directa del turismo al PIB (149.4 mil millones de dólares en 2025 según el WTTC) y genera alrededor del 8-9 % del PIB nacional en términos directos, con una contribución total cercana al 15 %. Sostiene millones de empleos. Sin embargo, el presupuesto federal de la Secretaría de Turismo ronda los mil 800 millones de pesos (cerca del 0.02 % del Presupuesto de Egresos de la Federación) y la partida efectiva para promoción internacional es residual: se habla de 25 millones de pesos o cifras en el rango de los 5 millones de dólares anuales.

República Dominicana destina alrededor de 80 millones de dólares a promoción. Con una planta hotelera cercana a las 93 mil habitaciones (más oferta de corta estancia). Su tarjeta de turista cuesta 10 dólares.

Las Vegas (LVCVA) maneja presupuestos anuales en el rango de los 400-460 millones de dólares, financiados en gran medida por impuestos al hospedaje y tarifas relacionadas. Sólo en contratos de marketing recientes se aprobaron montos superiores a 460 millones de dólares plurianuales.

España invierte cerca de 105 millones de euros y Turquía alrededor de 240 millones de euros.

Si se aprueba lo planteado a nivel federal en México, el país pondría alrededor de un dólar por cuarto hotelero al año en promoción institucional, frente a los cientos de dólares de sus competidores directos (Dominicana invierte 800 dólares por cuarto); Quintana Roo, con cerca de 142 mil habitaciones en el Caribe Mexicano, está aumentando su presupuesto de promoción alrededor de 20 % para 2027 (hacia los 947 millones de pesos), en una decisión que contrasta con la austeridad federal. El estado asume una carga desproporcionada de la promoción nacional porque el vacío federal es evidente. (364 dólares por cuarto).

Los acuerdos de los ‘90 no eran perfectos y hubo excesos, pero resolvían un problema real: cómo mantener presencia en mercados internacionales sin depender de recortes presupuestales discrecionales ni cargar el costo solo sobre microempresarios. Hoy el DNR se recauda y se reorienta a otros fines, mientras los competidores del Caribe y de destinos consolidados siguen invirtiendo de forma sostenida. La pregunta de mi radioescucha no se responde con un “que paguen los empresarios”, sino recuperando la lógica original de esos mecanismos: que quien llega contribuya a que sigan llegando, y que esos recursos se etiqueten de forma transparente a la promoción que mantiene competitivo a un sector que genera el 9 % del PIB y sostiene a cientos de miles de microempresas. 

“La inesperada crisis”  Parte 2

por ahernandez@latitud21.com.mx 1 octubre, 2026
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

Hace exactamente dos años escribí en este mismo espacio una columna titulada “La inesperada crisis”.

Era septiembre de 2024 y algunas luces amarillas comenzaban a encenderse. Cancún había terminado agosto con ocupaciones menores a las esperadas y el aeropuerto registró dos jornadas con menos de 400 operaciones.

Dos años después, aquellos números casi parecen buenos.

El pasado 15 de septiembre el Aeropuerto Internacional de Cancún registró apenas 286 operaciones y el día 23 todavía menos: 284 llegadas y salidas combinadas, cifras reportadas entre las más bajas de las últimas dos décadas fuera de situaciones extraordinarias como huracanes o pandemia.

Sí, septiembre es temporada baja. Quienes llevamos décadas siguiendo el pulso turístico de Cancún lo sabemos perfectamente, pero una cosa es temporada baja y otra ignorar las señales.

De enero a agosto de este año, el aeropuerto movilizó 5.7% menos pasajeros que en el mismo periodo de 2025. Solamente en agosto la caída total fue de 9.3% y, más preocupante aún, el tráfico internacional disminuyó 15%.

Los hoteles cuentan la misma historia. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportaba al 20 de septiembre una ocupación acumulada de apenas 57.2%, por debajo de la registrada un año antes.

Hasta aquí podemos encontrar muchas explicaciones: economía estadounidense, sargazo, precios, competencia internacional, percepción de inseguridad o cambios en los hábitos de viaje. Pero hay una cifra que vuelve más interesante el problema.

Mientras llegan menos pasajeros, seguimos aumentando habitaciones.

Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres suman ya cerca de 61 mil cuartos hoteleros y continúan en desarrollo nuevos proyectos de algunas de las cadenas más importantes del mundo.

Que sigan llegando inversiones es una magnífica noticia. Significa que el capital mantiene su confianza en el Caribe Mexicano.

La pregunta es otra: ¿Quién va a llenar tantos cuartos?

Durante décadas funcionó una ecuación casi perfecta: más hoteles generaban más vuelos; más vuelos traían más turistas y esos turistas justificaban nuevos hoteles.

Hoy las habitaciones siguen creciendo, pero los pasajeros están disminuyendo, y aquí empieza la discusión verdaderamente importante.

¿Quién recupera los asientos?

El ejemplo de Spirit Airlines es ilustrativo, Cancún fue su primer destino internacional en 2003 y hace apenas dos años la aerolínea conectaba nuestro aeropuerto con nueve ciudades de Estados Unidos.

Spirit era importante no solamente por sus vuelos, sino porque su modelo de ultra bajo costo generaba demanda. Una tarifa económica no sólo transporta al viajero que ya decidió venir; muchas veces provoca la decisión de viajar.

Este año Spirit desapareció, quebró y dejó un hueco enorme. Autoridades estatales han estimado que su salida significó la pérdida de alrededor de 120 mil asientos.

Sería injusto decir que nadie hace nada. Quintana Roo ha trabajado en nuevas rutas desde Estados Unidos, Canadá y Europa, además de buscar recuperar mercados como Brasil, pero quizá debemos cambiar la forma de medir nuestra conectividad.

Promoción y costo

También debemos discutir promoción. El gobierno federal retomó este año una estrategia internacional y anunció inicialmente 100 millones de pesos para promoción turística durante el segundo semestre.

Quintana Roo, por su parte, señala que destina alrededor de mil millones de pesos a promoción bajo un esquema en el que también participa la iniciativa privada.

Son presupuestos y alcances distintos, pero la diferencia permite preguntarnos si México está destinando suficientes recursos para competir por el viajero internacional.

Y mientras intentamos atraerlo, venir al país resulta cada vez más caro. El Derecho de No Residente pasó de 717 pesos en 2024 a 861 en 2025 y a 983 pesos este año.

Para 2027 (cuando leas esto quizá ya se definió) se propone llevarlo a 1,334.80 pesos, otro aumento de 35.8%. Si se aprueba, en apenas tres años el incremento acumulado superaría 86%.

¿Es éste el mejor momento para encarecer en esa proporción la entrada de nuestro cliente extranjero? 

República Dominicana —uno de nuestros principales competidores en el Caribe— cobra una Tarjeta de Turista de apenas 10 dólares. Y mientras nosotros registramos una caída del tráfico internacional en Cancún, República Dominicana recibió entre enero y agosto 6.9% más visitantes que el año pasado, me parece que la reflexión resulta indispensable.

Especialmente cuando el tráfico internacional cae, la ocupación permanece debajo de 60% y tenemos jornadas aeroportuarias de menos de 300 operaciones.

El contraste

Cancún no solo compite contra Punta Cana, también están Jamaica, Bahamas, Aruba, Cartagena y muchos otros destinos. Ya no basta tener playas espectaculares y grandes hoteles; hay que salir a buscar al visitante.

Hace dos años nos preocupaban jornadas de menos de 400 operaciones; hoy hablamos de 284.

No es momento de entrar en pánico, pero tampoco de mirar hacia otro lado, porque construir un cuarto puede ser relativamente sencillo, lo verdaderamente difícil es ocuparlo.

Y para ocuparlo hay una regla que no ha cambiado desde que nació Cancún: si no hay un asiento que lo traiga, el turista no llega.   

El capital confía, pero el modelo exige evolución

por NellyG 2 septiembre, 2026

 

 

Quintana Roo volvió a colocarse en el primer lugar nacional en la Cartera de Inversión Turística al primer cuatrimestre de 2026. Según la Secretaría de Turismo federal, el estado concentra el 20% del monto total programado en el país, con una cartera estimada en 8 mil 300 millones de dólares distribuidos en 58 proyectos. El total nacional suma 773 proyectos por más de 42 mil millones de dólares. Le siguen Nayarit (19%), Jalisco (12%) y Baja California Sur (9%).

Estos números no son un accidente. Reflejan la confianza del capital privado —nacional y extranjero— en la capacidad del Caribe Mexicano para generar retornos, atraer visitantes y sostener una industria que sigue siendo el principal motor económico del estado. Proyectos de gran escala como la expansión de Xcaret (alrededor de 700 millones de dólares), renovaciones masivas de cadenas como Hyatt, nuevos desarrollos de Excellence Group y RIU, además de la apuesta de Royal Caribbean en Costa Maya, aunque está en stand by, ilustran la magnitud de las apuestas en curso.

Sin embargo, el liderazgo en inversión también plantea preguntas estratégicas. La mayor parte del capital sigue orientándose hacia el modelo tradicional: más habitaciones, más resorts integrados y más infraestructura de hospedaje. Si bien esto genera empleo y derrama inmediata, profundiza la dependencia de un solo sector y concentra el riesgo en la zona norte y centro del estado. El sur, pese a proyectos anunciados, sigue rezagado en consolidación real de inversión de alto impacto.

Además, el entorno regulatorio y social se ha vuelto más exigente. Casos como el de Perfect Day México en Mahahual muestran que la licencia social y ambiental ya no son trámites menores. La oposición ciudadana, la revisión de autoridades ambientales y la creciente sensibilidad en torno a manglares y arrecifes obligan a los desarrolladores a incorporar desde el diseño criterios de sostenibilidad más rigurosos. El capital que no internalice estos costos corre el riesgo de enfrentar retrasos o cancelaciones.

El verdadero reto no es atraer más inversión, sino dirigirla mejor. Quintana Roo necesita que una parte creciente del capital se oriente hacia la diversificación: turismo de naturaleza y comunitario (como el modelo Maya Ka’an), infraestructura de soporte, productos de mayor valor agregado y proyectos que generen empleo de mayor calidad fuera de la construcción y el servicio básico. La conectividad (Tren Maya, aeropuertos y eventuales mejoras logísticas en el sur) ofrece una ventana de oportunidad, pero requiere planeación y certidumbre de largo plazo.

En resumen, el liderazgo de Quintana Roo en inversión turística es una fortaleza innegable y un activo de competitividad nacional. Pero también es un recordatorio de que el volumen de capital no garantiza por sí solo un desarrollo equilibrado ni resiliente. La pregunta que debe hacerse el estado —y el capital que llega— ya no es sólo “cuánto se invierte”, sino “en qué, dónde y con qué modelo de retorno social y ambiental”. Esa es la frontera que definirá si el liderazgo actual se traduce en ventaja estructural o en vulnerabilidad acumulada.

 

La inflexión de la visita esperada

por NellyG 3 agosto, 2026

 

 

Por: Arturo Medina Galindo

 

La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo —donde sostuvo reuniones de trabajo con el sector empresarial y hotelero, además de recorrer puntos críticos de acopio de sargazo— marca un viraje de postura política respecto al sexenio anterior. El compromiso de una intervención directa de la Federación, reforzado días después con los anuncios detallados durante la conferencia «Mañanera», devuelve al problema la dimensión de asunto nacional que nunca debió perder.

El contraste es inevitable: la administración federal pasada minimizó sistemáticamente la llegada del alga, desestimó calificarla como emergencia y dejó al destino, a las finanzas locales y a la iniciativa privada prácticamente al garete, enfrentando con recursos propios un problema de magnitud geopolítica y ambiental. toca la arena, el daño está hecho.»   │

Hay que hablar con pragmatismo: para este año, la temporada está corrida y el impacto económico y de imagen ya se consumó. Las pérdidas en ocupación, la presión sobre la tarifa promedio diario (ADR) y los millonarios presupuestos privados y municipales aplicados a marchas forzadas representan un costo que la industria ya tuvo que asumir.

Sin embargo, el anuncio federal plantea el próximo año como una auténtica coyuntura estratégica. La clave del éxito no residirá en discutir qué hacer con las miles de toneladas de biomasa una vez acumuladas en la costa, ni en la logística de contenedores en tierra. Desde la óptica del sector turistero, la premisa es inflexible: si el sargazo llega a la playa, la batalla está perdida.

Las soluciones de fondo que la Federación debe implementar requieren trasladar el frente de contención al mar abierto, por ejemplo, una malla de contención e intercepción oceánica: Tecnología de barreras de altamar con capacidad para resistir oleaje severo.

Y claro, aumentar la flota sargacera industrial: Embarcaciones de gran calado capaces de recolectar masivamente en aguas profundas antes de que el alga comience su proceso de descomposición cerca del arrecife y la orilla.

 

 La que se perdió

En medio de la urgencia por contener la recolección del alga y definir presupuestos de contención, un compromiso presidencial de enorme relevancia para la competitividad del destino quedó prácticamente relegado a segundo término: la promesa de destinar recursos federales específicos para la promoción turística el próximo año.

Tras años de operar sin el respaldo de un fondo federal de promoción internacional —delegando toda la carga al Fideicomiso de Promoción Turística estatal y a las cadenas hoteleras—, la reactivación de inversión pública en este rubro es una demanda histórica.

Quintana Roo no necesita paliativos ni discursos de consuelo cuando el problema ya está sobre la arena. La intervención de la Federación debe significar el paso de la improvisación a una estrategia de Estado: blindar el mar para proteger la playa y, en paralelo, devolverle al Caribe Mexicano la fuerza de su promoción en el mapa mundial.

 

 

El talón de Aquiles 

por ahernandez@latitud21.com.mx 1 julio, 2026
  • En línea directa
  • Arturo Medina Galindo
  • Periodista, Director NITU.mx • arturo@nitu.mx
  • Twitter @Arturo_Medina_G

 

En la carrera global por la atracción de capitales, el Caribe Mexicano cuenta con ventajas competitivas envidiables: conectividad aérea de primer orden, infraestructura hotelera de clase mundial y una marca destino imbatible. Sin embargo, en el balance financiero de cualquier corporativo que opera en Quintana Roo, existe un lastre silencioso que amenaza la rentabilidad y frena la llegada de nuevas inversiones de alto valor: el costo y la intermitencia del suministro de energía eléctrica.

Para la industria de la hospitalidad, los centros comerciales y los desarrollos de usos mixtos, el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no es un gasto operativo más; se ha convertido, en muchos casos, en el segundo costo más gravoso para las empresas, solo por debajo de la nómina. En una región donde el termómetro no da tregua y la refrigeración y el aire acondicionado son condiciones de supervivencia del negocio, la política energética se vuelve una variable estrictamente económica.

Cifras que restan competitividad

La península de Yucatán ha padecido históricamente una condición de “isla energética” debido a su distancia de los principales centros de generación del país y a la saturación de las líneas de transmisión. Aunque proyectos recientes como las plantas de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, así como el gasoducto Cuxtal-Mayakan, prometen aliviar el déficit de generación a mediano plazo, la realidad inmediata del empresariado local sigue marcada por tarifas comerciales e industriales que están entre las más altas del país.

Operar bajo la Tarifa de Demanda Industrial en Media Tensión GDMTO o GDMTH en el sureste implica un costo por kilovatio-hora ($kWh$) que erosiona los márgenes de ganancia en comparación con destinos turísticos competidores en el Caribe global o el propio norte de México. A esto se suma el costo oculto pero devastador de los apagones y las variaciones de voltaje. Para un hotel de 500 habitaciones o un centro comercial, un corte de energía no programado implica pérdidas millonarias en equipos quemados, activación de plantas de emergencia basadas en diésel (lo que dispara la huella de carbono) y, lo peor, el daño reputacional ante un turismo de lujo que exige estándares de continuidad impecables.

La urgencia de la transición 

y la generación distribuida

La solución al estrangulamiento energético de la región no puede depender exclusivamente de los presupuestos públicos ni de los tiempos de la burocracia federal. El verdadero motor de cambio radica en la apertura y la certidumbre para la inversión privada en esquemas de sustentabilidad.

Actualmente, el límite legal para la Generación Distribuida —la capacidad de empresas y hoteles para generar su propia energía mediante paneles solares sin necesidad de una planeación compleja de la CRE— está topado en los $500\text{ kW}$ ($0.5\text{ MW}$). Para las dimensiones de la infraestructura actual en Cancún y la Riviera Maya, este techo es completamente obsoleto. Elevar este tope a $1\text{ MW}$ o más, como ha exigido el sector empresarial de manera unánime, permitiría a las grandes propiedades hoteleras y desarrollos comerciales mitigar su dependencia de la red pública, estabilizar sus costos operativos a largo plazo y cumplir con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) que hoy exigen los fondos de inversión internacionales.

Balance editorial: Menos discursos, 

más transmisión

Garantizar la viabilidad económica de Quintana Roo para los próximos veinte años requiere entender que la energía limpia y barata es tan vital como la promoción turística. La iniciativa privada local ha demostrado estar lista para invertir sus propios recursos en infraestructura fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía de última generación (baterías); lo que falta es un marco regulatorio que deje de ver al capital privado como un adversario y lo asuma como el aliado estratégico que es.

El crecimiento vertical de Cancún, el éxito comercial de la Avenida Huayacán y los megaproyectos en Puerto Cancún y la Riviera Maya demandan una red eléctrica robusta y redundante. Si aspiramos a seguir jugando en las grandes ligas del turismo y los negocios, las autoridades deben garantizar certidumbre jurídica para la coinversión en transmisión. De lo contrario, el costo de la luz seguirá ensombreciendo el brillante futuro económico de nuestro estado.  

El talón de Aquiles

por NellyG 1 julio, 2026

 

  

En la carrera global por la atracción de capitales, el Caribe Mexicano cuenta con ventajas competitivas envidiables: conectividad aérea de primer orden, infraestructura hotelera de clase mundial y una marca destino imbatible. Sin embargo, en el balance financiero de cualquier corporativo que opera en Quintana Roo, existe un lastre silencioso que amenaza la rentabilidad y frena la llegada de nuevas inversiones de alto valor: el costo y la intermitencia del suministro de energía eléctrica.

Para la industria de la hospitalidad, los centros comerciales y los desarrollos de usos mixtos, el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya no es un gasto operativo más; se ha convertido, en muchos casos, en el segundo costo más gravoso para las empresas, solo por debajo de la nómina. En una región donde el termómetro no da tregua y la refrigeración y el aire acondicionado son condiciones de supervivencia del negocio, la política energética se vuelve una variable estrictamente económica.

Cifras que restan competitividad

La península de Yucatán ha padecido históricamente una condición de «isla energética» debido a su distancia de los principales centros de generación del país y a la saturación de las líneas de transmisión. Aunque proyectos recientes como las plantas de ciclo combinado en Mérida y Valladolid, así como el gasoducto Cuxtal-Mayakan, prometen aliviar el déficit de generación a mediano plazo, la realidad inmediata del empresariado local sigue marcada por tarifas comerciales e industriales que están entre las más altas del país.

Operar bajo la Tarifa de Demanda Industrial en Media Tensión GDMTO o GDMTH en el sureste implica un costo por kilovatio-hora ($kWh$) que erosiona los márgenes de ganancia en comparación con destinos turísticos competidores en el Caribe global o el propio norte de México. A esto se suma el costo oculto pero devastador de los apagones y las variaciones de voltaje. Para un hotel de 500 habitaciones o un centro comercial, un corte de energía no programado implica pérdidas millonarias en equipos quemados, activación de plantas de emergencia basadas en diésel (lo que dispara la huella de carbono) y, lo peor, el daño reputacional ante un turismo de lujo que exige estándares de continuidad impecables.

 

La urgencia de la transición y la generación distribuida

La solución al estrangulamiento energético de la región no puede depender exclusivamente de los presupuestos públicos ni de los tiempos de la burocracia federal. El verdadero motor de cambio radica en la apertura y la certidumbre para la inversión privada en esquemas de sustentabilidad.

Actualmente, el límite legal para la Generación Distribuida —la capacidad de empresas y hoteles para generar su propia energía mediante paneles solares sin necesidad de una planeación compleja de la CRE— está topado en los $500\text{ kW}$ ($0.5\text{ MW}$). Para las dimensiones de la infraestructura actual en Cancún y la Riviera Maya, este techo es completamente obsoleto. Elevar este tope a $1\text{ MW}$ o más, como ha exigido el sector empresarial de manera unánime, permitiría a las grandes propiedades hoteleras y desarrollos comerciales mitigar su dependencia de la red pública, estabilizar sus costos operativos a largo plazo y cumplir con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance) que hoy exigen los fondos de inversión internacionales.

Balance editorial: Menos discursos, más transmisión

Garantizar la viabilidad económica de Quintana Roo para los próximos veinte años requiere entender que la energía limpia y barata es tan vital como la promoción turística. La iniciativa privada local ha demostrado estar lista para invertir sus propios recursos en infraestructura fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía de última generación (baterías); lo que falta es un marco regulatorio que deje de ver al capital privado como un adversario y lo asuma como el aliado estratégico que es.

El crecimiento vertical de Cancún, el éxito comercial de la Avenida Huayacán y los megaproyectos en Puerto Cancún y la Riviera Maya demandan una red eléctrica robusta y redundante. Si aspiramos a seguir jugando en las grandes ligas del turismo y los negocios, las autoridades deben garantizar certidumbre jurídica para la coinversión en transmisión. De lo contrario, el costo de la luz seguirá ensombreciendo el brillante futuro económico de nuestro estado.

 

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