Rubén Cortés

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A. López tiene razón. En el Tribunal Internacional de La Haya hay una acusación de delitos de lesa humanidad en México. La hizo su grupo político contra el Ejército, cuando eran oposición. El mismo Ejército que, al llegar al poder, convirtieron en aliado.

Así que el Ejército pasó de ser acusado (por lo que entonces era “el movimiento” y hoy es la “4T”) de “crímenes de lesa humanidad” a tener la posibilidad de poner un presidente de la República, según la profecía del propio secretario de Gobernación.

Sí: hoy, con “el movimiento” convertido  en “Cuarta Transformación” desde Palacio Nacional, el Ejército es la mayor empresa del Estado. Mueve 300 mil millones de pesos y recibe del Presupuesto 10 veces más dinero que en el gobierno anterior.

Pero en la campaña electoral, el padre de uno de los 43 le reclamó al hoy mandatario su apoyo para que José Luis Abarca fuera alcalde de Iguala. Y la respuesta fue: “El reclamo debe ser a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen”.

Cuando el entonces candidato le respondió así al señor Antonio Tizapa, a su lado estaba el abogado a quien La Haya aceptó una denuncia contra el Ejército por “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, amputaciones y decapitaciones”.

El abogado, Netzaí Sandoval, es hermano de Irma Eréndira Sandoval y cuñado de John Ackerman. En 2018 dijo tener “expedientes que acreditan 470 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y secuestros por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno”.

El entonces fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, admitió el recurso al afirmar que “debo abrir investigaciones no solamente en casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”.

Como fiscal de La Haya, Moreno Ocampo aceptó también una acusación presentada desde Venezuela contra el Ejército de Hugo Chávez, por homicidios, desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad privada. Hoy, la ONU procesa a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Hace unos días, el titular de Segob dijo que el expresidente Felipe Calderón “está relacionado con delitos de lesa humanidad”. Quizá lo dijo porque Calderón era presidente cuando el Ejército salió a las calles. Pero con la 4T el Ejército sigue en las calles.

Pero fue uno de los acostumbrados dichos del secretario de Gobernación, que él mismo tiene que desmentir después. Porque el abogado Netzaí Sandoval, su hermana de Irma Eréndira Sandoval y el cuñado Ackerman, ya no pintan en ese grupo político.

Y los militares y la “Cuarta Transformación” son una mancuerna que acaparó, en cuatro años, la planta productiva del Estado: desde la construcción hasta la gestión de aeropuertos, pasando por la distribución de vacunas y recogida de sargazo.

Todo cambió, pues.   

Pura lógica: si el presidente vota en la OEA a favor de que Maduro use el Ejército para cerrar el Parlamento a los diputados opositores, es natural que diga que el Ejército mexicano surgió para perseguir a la oposición.

El dictador venezolano utilizó la Guardia Nacional para impedir la toma de protesta de los diputados de la mayoría opositora a la Cámara, después de que los legisladores oficialistas tomaron ésta por la fuerza.

La represión de Maduro a los diputados opositores llegó al pleno de discusión de la OEA; y todos los países miembros, menos México, votaron en contra. El aviso estaba dado: México pensaba hacer lo mismo.

Al menos el presidente lo corroboró, cuando advirtió que el Ejército mexicano surgió para combatir a los conservadores y fifís, que son dos de las decenas de calificativos con que define a quienes se le oponen.

El dictador Maduro llama a sus opositores majunches y escuálidos, y les echa el Ejército encima: asesinó a cinco mil 94 opositores políticos, “de conformidad con políticas del Estado”, según informó ayer la ONU.

La moción que no aprobó el presidente mexicano contra el uso del Ejército contra los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional en Venezuela, decía:

 “Se expresa el rechazo al evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela; y la ilegal designación por parte del gobierno venezolano de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos opositores Primero Justicia y Acción Democrática”.

De hecho, la utilización del Ejército contra los majunches y escuálidos por parte de la dictadura venezolana es considerada por la ONU “un crimen de lesa humanidad”.

Tras estudiar durante años los informes de una Misión Internacional Independiente en Venezuela, la ONU culpa al Ejército de Maduro de graves violaciones de los derechos humanos.

La ONU señala como responsables directos a Maduro, a su número dos y a la cúpula militar, de matar a cinco mil 94 opositores políticos y detener sin sin órdenes judiciales a otros tres mil 479.

Los militares venezolanos torturan “para extraer confesiones, contraseñas telefónicas y de redes sociales, o para obligar a incriminarse a sí mismos a líderes de la oposición de alto perfil”.

Además, a quienes los militares no asesinan, los “someten a estrés, asfixia, golpes, electrochoques, cortes, mutilaciones y tortura psicológica, con el apoyo directo de los altos funcionarios del gobierno”.

Quizá el presidente no valore demasiado sus dichos, pues más que mandatario él parece asumirse como político en campaña. Pero sus gobernados sí deben escuchar bien lo que él dice.

Porque lo que dice es que el Ejército invadirá los espacios que su gobierno no sea capaz de ganar legítimamente.

Tremendo.

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Con la anulación del Al Qaeda y el ISIS, Estados Unidos controla la guerra contra el terrorismo. Su enemigo ahora es el crimen organizado, sostén del nuevo tipo de gobierno que fragua el populismo contra las sociedades abiertas, liberales y de Estado de Derecho.

Por eso, el primer paso del presidente de Colombia fue suspender la captura y extradición de narcoguerrilleros marxistas, que por años extorsionaron y asesinaron a los colombianos: es una estrategia articulada con otros gobiernos populistas.

Y seguramente también limitará la presencia de la DEA, o tratará de expulsarla del país, pues quitar de en medio a la DEA es la base para poder imponer ese nuevo gobierno, contrario al Estado de Derecho, como ya existe en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Leamos:

–Evo Morales acusa a la DEA de lanzar un “plan desestabilizador” en contra de sus aliados del movimiento de productores de coca.

–Daniel Ortega pide a la DEA suspender sus operaciones en Nicaragua, porque “ha sido y es fuente de corrupción”.

–Nicolás Maduro acusa a la DEA de “violentar nuestra soberanía y cometer delitos dentro de nuestro territorio”.

El cambio de estrategia de Estados Unidos de priorizar la lucha global contra el narcotráfico (con la del terrorismo ganada, tras 20 años de guerra) responde a que sólo el fentanilo que entra por su frontera sur mata a unos 110 mil estadounidenses al año.

De hecho, en 2020 Trump quiso dos veces lanzar misiles Patriot contra laboratorios de fabricación de drogas en México. Mark Esper, quien fue su secretario de Defensa, lo revela en su libro de memorias, “Un juramento sagrado”.

La nueva guerra global de Estados Unidos, que será contra los cárteles, agarra al Ejército Mexicano en un gran momento, pues por primera vez en la historia penetra la administración civil del país, y es el momento en que más dinero maneja.

Falta ver qué decisión toma el Ejército Mexicano en esa guerra que viene. De momento, es un ejército que hace dinero con China, supera en efectivos a 13 ejércitos de la OTAN, dirige 26 instituciones civiles y es dueño de las empresas más grandes de México.

El Ejército Mexicano se encarga de construir las sucursales del banco del gobierno que entrega el cash de los programas sociales y adjudicó a la empresa china GRG Hong Kong un jugoso contrato por 854 millones de pesos para comprarle dos mil 700 cajeros.

Sin embargo, aún con ese poderío, queda a deber en las tareas de seguridad nacional. Por ejemplo, el cinco de junio no pudo impedir que un cártel asaltara el puerto de Manzanillo, y se llevaron 20 de contenedores de oro, plata y aparatos electrónicos.

Pero es un Ejército muy rico. 

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El enfrenamiento del presidente con Joe Biden, desde que tardó 42 días en reconocer su triunfo, es parte de su campaña para ayudar a que su colega populista Donald Trump retorne en 2024 a la Casa Blanca.

Sin embargo, ya la campaña pasó de desaires y picaduras de cresta para chocar con la lana: si el presidente no se arregla en 75 días con Biden, tendrá que pagar 30 mil millones de dólares en aranceles.

Entonces se arreglará en esos 75 días, como con Trump en mucho menos tiempo y por mucha menos lana: Trump lo amenazó apenas con aranceles al acero, si no ponía un muro de soldados en la frontera.

Hasta ahora, Biden le aceptó hasta media hora de cháchara populista en plena Casa Blanca, a cambio de la decisión política del presidente de convertir a México en el muro que soñó Trump.

Sin embargo, lo que falta es ver si Biden mantendrá su status quo frente al escalamiento de la retórica antiestadounidense del presidente, a los niveles de bastedad política, verbal y diplomática actuales.

Ya se le pasó la mano: hizo campaña personal para boicotear la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. No sólo no fue él: le pidió a Xiomara Castro, Alberto Fernández y Luis Arce de Bolivia que no fueran.

El día de la independencia de Estados Unidos pidió desmontar la Estatua de la Libertad. El día en que Washington acusó a Cuba de traficar con los médicos, anunció que ya tenía médicos cubanos en México.

Para seguir haciendo campaña por Trump sólo le falta abrir la frontera para que cruce a Estados Unidos todo el que le dé la gana y crearle a Biden una crisis migratoria, como la de Fidel Castro a Carter en 1980.

Sin embargo, la pasada de rosca en ayudar a Trump poniendo en ridículo a Biden lo agarra sin el dinero necesario para pagar lo que costará la permanencia de Morena en el poder en 2024, que será muchísimo.

Por ejemplo, la aplicación de aranceles a quien más le pegaría es a su base social, que trabaja en los sectores más débiles de nuestra economía, como la agricultura de exportación, la maquila, industria del plástico…

Juntos, esos sectores le reportan a México el 37 por ciento de su PIB, más el seis por ciento que le reportan las remesas. Además, la inversión extranjera en México es, en estos momentos, intrascendente.

Y sin dinero a pasto no podrá hacer que Morena gane, por mucho que debilite al INE, controle a los medios, agarre del cuello a los empresarios, dirija la narrativa desde la Mañanera o agite políticamente a su grey.

Porque su control electoral se basa en las dádivas. 

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Un futuro poco prometedor: sólo 26 de 100 niños mexicanos acaba una licenciatura; el presidente señala como enemigos a los que tienen “de licenciatura para arriba”; y quienes se van de mojados mantienen al país con sus remesas.

Nuestra educación es tan mala que impide egresar de alguna licenciatura (según cifras de la SEP); es mejor no ser licenciado porque el poder te considera adversario; y la solución preferible es irte a fregar pisos a Estados Unidos para mandar lana.

Peor: con el actual gobierno, 3.6 millones de niños pobres dejaron de tener escuelas de tiempo completo, donde recibían estudio y alimento gratuitos; mientras sus madres podían trabajar fuera de casa, sin miedo a que sus hijos se descarriaran en la calle.

Los 280 mil millones de pesos, que hasta 2018 estaban dedicados en el Presupuesto de Egresos a las Escuelas de Tiempo Completo, son ahora empleados en financiar obras que figuran como insignias políticas del gobierno: Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Con datos del propio gobierno, un reportaje de María Cabadas en El Universal toca el botón de alarma:

 –95 estudiantes concluyen la primaria y 92 ingresan a la secundaria.

 –De 92 estudiantes que ingresan a la secundaria, sólo 78 la terminan.

 –14 jóvenes de 100 sólo llegan hasta la secundaria. Después, abandonan sus estudios.

 –De 100 estudiantes que comienzan la primaria, 81 inician la preparatoria, 39 cursan una licenciatura y apenas 26 la concluyen.

 Este desastre para las actuales y futuras generaciones de mexicanos es por la falta de recursos y el desinterés en la escuela, y porque las becas universales que ofrece el gobierno federal no funcionan para que los niños y adolescentes continúen sus estudios.

Uno de cada tres alumnos abandona la enseñanza primaria y básica por problemas económicos, y no entienden las clases: así que mejor dejan el aula. Los estudios indican que únicamente uno de cada 4 posee capacidad para seguir aprendiendo.

Según la SEP, los egresados de primaria deben leer 125-134 palabras por minuto y los de secundaria 155-160, pero sólo tres de cada 10 está dentro del estándar de lectura y comprensión. El dominio del lenguaje no llega a ser ni siquiera elemental.

Quiere decir que, una inmensa mayoría, está destinada a engrosar las filas de quienes el actual presidente llama “héroes” porque se van a trabajar sin documentos a Estados Unidos, en los peores empleos, y mandan 40 mil millones de dólares al año.

Y caen en un juego político infernal: sí, el presidente los llama “héroes”, pero el mismo presidente pacta con Estados Unidos dislocar a 28 mil soldados en la frontera para impedir que crucen a Estados Unidos.

Pobres: son como salmones rumbo al desove.. 

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Una distribución diabólica del dinero del Estado: el gobierno gasta unos mil millones de pesos más en contratar militares, que en contratar médicos; y sacó 280 mil millones de pesos de las escuelas de tiempo completo, para meterlos en la refinería de Dos Bocas.

Se prefiere a los soldados por encima de los doctores, pese a que la orden del presidente es “abrazos y no balazos”, y aunque se registren 120 mil asesinatos en tres años; mientras que el Covid-19 ha cobrado la vida a más de medio millón de mexicanos.

Ciertamente no son necesarios más soldados en este momento en México, pues el propio presidente presume que detiene menos criminales que sus antecesores; y que su gobierno cuida a los miembros de las bandas criminales. ¿Soldados para qué, entonces?

En cambio, el gobierno abre menos plazas de médicos para ahorrar recursos, a pesar de que México aparece en la lista de la OMS entre los países que subestimaron el Covid-19 e interrumpieron la atención médica, por lo cual registra más de 626 mil fallecidos.

Por “austeridad republicana”, el gobierno crea menos plazas para médicos (Anexo 7, Presupuesto de Egresos 2019 a 2022). Pero en 2020 contrató médicos cubanos, a razón de 10 mil 700 dólares mensuales por cada uno; y traerá a 500 médicos cubanos más.

A la vez que se crea más plazas de soldados que de médicos, fueron eliminadas las escuelas de tiempo completo, que daban estudio y alimento gratuitos a 3.6 millones de niños pobres; mientras la secretaria de Educación se apresta a ser candidata a gobernadora.

La posición del presidente ante la educación tampoco ayuda, pues afirma que quienes no creen en su gobierno, “tienen de licenciatura pa’ arriba”; y otorgó la rectoría de la educación a la CNTE, que desde 1989 boicotea la educación en el país.

Además, eliminó el Programa de Estancias Infantiles de Apoyo a Madres Trabajadoras, que en el gobierno anterior otorgaba más de cinco mil millones de pesos. Ni escuelas de tiempo completo ni estancias infantiles, pero inyecta más recursos a refinar petróleo.

Como sea, la ecuación para al menos la próxima década del país, parece nefasta: habrá menos médicos y peor educación, en tanto que el Ejército será muchísimo más poderoso, aún cuando ya supera en efectivos a 13 ejércitos de la OTAN.

Actualmente, el Ejército es la institución con más dinero en México, y la que más facilidades legales tiene para actuar sin rendición de cuentas, transparencia, reglas, licencias ni permisos para realizar los negocios que hace con dinero público.

Para nada es buena noticia para una nación, contar con más soldados que médicos y estudiantes.

Peor: soldados que manejan más dinero que armas.