Para comenzar, y a efecto de ser prácticos, cito lo que a la letra dice el Artículo 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto Transporte Federal:
“Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas en puertos marítimos, aeropuertos y terminales terrestres, en servicios previamente contratados”.
El citado artículo no sólo faculta y autoriza a los permisionarios para operar con libertad en muelles y aeropuertos, sino que de ninguna forma dice “excepto en las islas”, por lo que no podemos aceptar la postura de los taxistas y quienes los defienden, en el sentido de que, con las placas federales, no podemos operar en Cozumel.
De la misma manera es inaceptable que, con placas federales, no nos sea posible efectuar transportación terrestre de los hoteles al aeropuerto en los municipios como Solidaridad y Benito Juárez; para mayor contundencia, Riviera Maya y Cancún, como afirman algunos indocumentados.
Entendemos que los taxistas ambicionen una parte del negocio turístico y llevar más beneficios a sus casas, pero es una responsabilidad irrenunciable del gobierno generar los esquemas que les permitan ser más competitivos y participar del negocio turístico.
Nosotros en AMATUR, representantes de los principales mayoristas del mundo y de los más importantes proveedores de transportación turística, siempre hemos pugnado y proclamado por el libre derecho de turistas y ciudadanos para elegir la transportación que más les convenga (un taxi, un UBER, una limusina o una unidad de lujo con placas federales como las que utilizan nuestros representados). Por eso, solicitamos respetuosamente a nuestras autoridades que por una parte se respete la ley y por otra se privilegie este escenario de libertad, sin favorecer a grupos específicos, que como los sindicatos, en el uso de estrategias de presión pretendan torcer la ley a su favor.
Nos manifestamos absolutamente en contra de las amenazas y bloqueos a las vías generales de comunicación y específicamente los aeropuertos, que además de significar un delito grave, representan una seria amenaza contra el turismo y atenta contra la imagen de nuestros destinos turísticos, que nos pone en riesgo frente a la durísima competencia que enfrentamos con otros destinos del Caribe y del mundo, y resulta además en una afrenta contra el Gobierno, las instituciones del Estado y por supuesto los ciudadanos.
En tales circunstancias, hemos solicitado a nuestra gobernadora, lo siguiente:
- -Que se establezcan las bases para que los operadores turísticos con placas federales puedan trabajar libremente en Cozumel, sin la amenaza de ser agredidos o bloqueados por los taxistas y que se respete el Estado de Derecho.
- -Que los operadores y permisionarios federales puedan operar en todo el Estado, sin ser amenazados ni por taxistas, ni por autoridades intimidadas por el gremio taxista.
- -Que se tomen acciones para evitar los bloqueos a las vías de comunicación, ya que además de ser un delito, obstaculizan la vida cotidiana de ciudadanos y atentan contra nuestra principal actividad económica.
Estamos ante una realidad de disminución en la llegada de turistas a nuestros aeropuertos derivada de aspectos externos, como la crisis de líneas aéreas, los casos de la compañía Boeing, entre otros, y de factores políticos y macroeconómicos; sin embargo, si no cuidamos los factores internos como la inseguridad y la violencia de taxistas, corremos el riesgo de descender en nuestros niveles de ocupación y de derrama económica.
No queremos “Mesas de diálogo o de trabajo”… simplemente queremos que se haga valer la Ley y que se eliminen las barreras que inhiben la competitividad de nuestros destinos turísticos.