- Desde el tintero
- Rafael Colonia
- Maestro en Derecho, Director de Bufete Colonia SCP
- Despacho Jurídico Empresarial.
Resulta que en días pasados se aprobó en la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, promovida por el Ejecutivo Federal, con el fin de desaparecer direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial, dejando una mayoría del gobierno en los comités; esto conlleva el objetivo de que el control de los recursos del Instituto quede en manos del gobierno, dando al Infonavit una facultad que no tenía.
¿Qué significa eso? Que el Infonavit tiene (al corte del 30 de septiembre del 2024) dos billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores y lo que están planteando es que el Infonavit pueda tomar esos recursos sin supervisión, también podrá disponer de los activos del Instituto, esto es, no sólo los ahorros de vivienda, sino también de sus propiedades inmobiliarias, vehículos y cuentas por cobrar. El caso es que si los administra mal, la gente se va a quedar sin dinero de su subcuenta de vivienda.
La reforma forma parte del programa de vivienda de la Presidencia con el que busca construir un millón de casas en el sexenio; 500 mil de ellas por el Infonavit y una cifra similar por la Comisión Nacional de Vivienda para personas no derechohabientes del Instituto.
Esta reforma modifica el artículo 42 de la Ley del Infonavit, para que los recursos del Instituto o bajo su administración se destinen también, entre otros rubros, a la adquisición de suelo e inmuebles destinados a la construcción de viviendas que realice por conducto de una empresa filial; y lo peor de todo, es que esa empresa se constituirá en términos de la legislación mercantil, según propone el artículo tercero del decreto aprobado, y que por su naturaleza no será considerada empresa paraestatal. Imagínense la autonomía que tendrá esta empresa y los socios que la constituyan, quedando claro que esta filial del Infonavit contemplada en la reforma aprobada por el Senado y que articulará la política de vivienda de la Presidencia, no estará sujeta a normas de entidades públicas en materia de transparencia y vigilancia de fondos públicos.
Mucho dinero es el que está en juego y es una tentación altísima manejar los recursos de los trabajadores sin claridad ni gobernanza. Además, puede haber una distorsión y un manejo diferente de estos recursos. Desde mi opinión muy particular, hay cosas que no fueron analizadas en su totalidad con los ojos, la lupa y el tiempo necesario, y resulta muy irresponsable atender algo sin preguntarle a todos los actores que intervienen y promover una votación de esta envergadura.
Diversos sindicatos agrupados en la Asociación General de los Trabajadores informaron que presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque no fueron escuchados, y al haber omitido tomarlos en cuenta se viola el convenio 144 de la OIT. En esta Asociación de Centrales Obreras se encuentran representadas confederaciones como la CTM, CROC y CROM, así como el Sindicato de Mineros y el de Telefonistas.