José Antonio León Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, destaca los esfuerzos en los últimos cuatro años en defensa y garantía de los derechos y la paz de los quintanarroenses
Desde agosto de 2017, los servidores públicos del Poder Judicial de Quintana Roo han orientado sus actividades para lograr una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad.
Lideradas por el magistrado José Antonio León Ruiz, las directrices giran en torno a la tutela efectiva de los derechos humanos, el restablecimiento del orden social por medio de la cultura de la paz, la optimización del sistema de justicia, la incorporación de un nuevo modelo de justicia laboral, el fortalecimiento del servicio público, así como la apertura institucional y la rendición de cuentas.
Durante los últimos cuatro años, estas acciones se han traducido en resolver de manera justa, imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, conforme a los ordenamientos jurídicos y la preservación de la convivencia pacífica.
Para lograr estos avances, se cuenta con la participación activa de diversos actores de la sociedad, tales como barras y colegios de abogadas y abogados, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales.
CAMINO TRAZADO
¿En qué se basa el programa para la impartición de justicia 2017-2022?
La Constitución Política del Estado otorga al Consejo de la Judicatura la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.
Desde el año 2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha implementado las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa para la Impartición de Justicia.
Es por ello que, ante la necesidad de fortalecer las áreas transversales para el funcionamiento del Poder Judicial, así como áreas específicas para el seguimiento del Programa, el Consejo de la Judicatura realizó una reingeniería administrativa, lo cual ha permitido un crecimiento armonioso y ordenado, de la administración y la impartición de justicia.
¿Qué logros se han obtenido?
Para el fortalecimiento del marco jurídico institucional, desde 2017, el Consejo de la Judicatura ha emitido y actualizado 32 instrumentos normativos, mismos que brindan una mayor certeza de las actuaciones de los órganos administrativos del Poder Judicial.
La consolidación del andamiaje normativo interno ha sido una de las acciones destacables del trabajo en el Pleno del Consejo y representa un avance significativo en el ejercicio de su función administrativa.
¿Con quiénes se cuenta?
Para lograr una impartición de justicia de calidad, es necesario seleccionar a las mujeres y hombres con los mejores perfiles, mediante procesos transparentes.
En este tenor, en octubre de 2020 inició el Primer Concurso Interno de Oposición para Acceder al Cargo de Jueza o Juez.
La aplicación de cuestionarios, exámenes psicométricos, casos prácticos y exámenes orales, estuvo a cargo de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, el Colegio de Jueces e integrantes de la academia.
Como resultado, en marzo de 2021, se realizó la toma de protesta e imposición de togas a las y los vencedores del Concurso, quienes iniciaron sus funciones a partir del primero de abril del presente año.
El Poder Judicial del Estado ofrece así, a la sociedad, juezas y jueces técnicamente capacitados, institucionalmente comprometidos y sensibles a las demandas ciudadanas.
EJES PRINCIPALES
¿Qué necesidades concretas de la sociedad se han atendido?
Desde hace cuatro años, el Programa para la Impartición de Justicia ha orientado la actividad de las y los servidores públicos de esta institución, a través de los ejes que lo conforman, entre ellos:
Eje Justicia con un nuevo rostro:
– Se ha dado continuidad a la capacitación y sensibilización en Derechos Humanos y perspectiva de género.
– Para fortalecer el combate a la violencia contra las mujeres, en abril del presente año, el Consejo de la Judicatura acordó la creación del área de Control y Seguimiento, para el registro de las órdenes de protección que se dictan en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
– En noviembre, el Poder Judicial contará ya con un Protocolo propio en esta materia, siempre atendiendo a la normatividad estatal, nacional e internacional, lo cual fortalecerá la toma de decisiones de las y los juzgadores, y en estrecha relación con la perspectiva de género.
Eje Justicia alternativa y Cultura por la Paz
– Se ha continuado con la estrategia de difusión y capacitación.
Gracias al trabajo con los diputados de la XVI Legislatura, y con la aprobación de la nueva Ley de Justicia Alternativa, se incorporan propuestas innovadoras, tales como el abogado colaborativo; los mediadores privados y sociales; así como los procesos restaurativos.
Eje Consolidación del Sistema de Justicia
– Se han implementado las acciones para garantizar su acceso con una visión distinta.
– En esta nueva era de gobierno digital, las tecnologías de la información permiten a las instituciones implementar nuevas alternativas para la prestación del servicio público.
– Desde febrero de 2020, los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura implementaron el expediente electrónico mercantil, como un sistema de interacción entre las y los justiciables, y los impartidores de justicia.
– A través del uso de la Firma Electrónica Avanzada, las y los justiciables cuentan ahora con un mecanismo moderno, seguro y confiable, que permite una atención más ágil y puntual, disminuyendo la necesidad de trasladarse de manera presencial a los Juzgados.
Eje Justicia para todos
– Contiene las acciones para combatir las asimetrías sociales que dificultan el acceso a la justicia en los sectores más vulnerables.
– En octubre de 2020, el Consejo de la Judicatura expidió el Reglamento para la no discriminación de las personas con discapacidad, que prevé, entre otras cuestiones, la instalación de elevadores para usuarios con discapacidad, así como las rampas de acceso a nuestros edificios.
FUNCIÓN JURISDICCIONAL
¿Cuáles es el balance de juicios en estos cuatro años?
Durante este ejercicio, el total de juicios iniciados en los Juzgados de Primera Instancia, de los sistemas tradicional y oral, ascendió a la cantidad de 23 mil 334 asuntos: 4 mil 763 correspondieron a la materia civil; 3 mil 871 mercantil; 12 mil 59 familiar; y 2 mil 641 en materia penal.
Del total de estos, 9 mil 232 correspondieron al sistema tradicional y 14 mil 102 al sistema de justicia oral, lo cual representa el 60% de los asuntos radicados en Primera Instancia.
En la Segunda Instancia, se radicaron mil 563 Tocas en las Salas Especializadas, de los cuales: 662 correspondieron a las materias civil y mercantil; 353 a la familiar y 548 a la penal.
Es importante destacar que, a lo largo de cuatro años, en los Juzgados de Primera Instancia se inició un total de 91 mil 508 asuntos; en tanto que se radicaron 7 mil 877 Tocas en las Salas Especializadas de Segunda Instancia.
¿Qué han hecho para prevenir el rezago en la materia civil?
Se integró un grupo de trabajo, en febrero de este año, para el fortalecimiento de la Justicia Civil, en los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad.
En este ejercicio, se han revisado más de 4 mil expedientes, se realizaron mil 931 acuerdos, se remitieron a resguardo 957 y se concluyó un total de 822 expedientes.
Una de las vertientes en la estrategia para la consolidación del sistema de justicia penal en el Estado, es la atención puntual de los asuntos en los Juzgados Penales Tradicionales.
Al inicio de esta gestión, el diagnóstico era alarmante: cerca del 74% de las personas sujetas a un proceso penal, y privadas de su libertad, en Cancún y Playa del Carmen, no contaban con una sentencia.
Ante esta circunstancia, en coordinación con las y los magistrados, consejeros, jueces y personal judicial, a partir de noviembre de 2017, se implementó el Programa de abatimiento al rezago en materia penal tradicional, en los Juzgados de los Distritos Judiciales de Cancún y Solidaridad.
Desde 2018 hasta 2021, el Instituto de la Defensoría realizó diversas jornadas de atención a personas privadas de su libertad en Cancún y Playa del Carmen, para el impulso procesal de 2 mil 270 expedientes.
Como resultado de este esfuerzo, se han dictado un total de mil 029 órdenes de aprehensión, 947 cierres de instrucción y más de 2 mil sentencias.
¿Cómo atienden los factores que inciden en la conducta delictiva?
La justicia terapéutica ofrece un nuevo enfoque, mismo que privilegia el acceso a la salud, para la reconstrucción plena del tejido social, en aquellos asuntos relacionados con el consumo de sustancias que generan una adicción.
Los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones, garantizan que las personas adictas al consumo de sustancias, sometidas a un proceso penal, puedan recibir un tratamiento adecuado para su adicción.
En febrero de este año, se suscribió el Convenio para la implementación de estos Tribunales, en el que participaron el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, así como el Comisionado Estatal contra las Adicciones y el Instituto de la Defensoría.
En junio de 2021 se llevó a cabo la instalación del Comité de Enlace y Evaluación del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones, responsable de la planeación y desarrollo de sus objetivos.
INTEGRACIÓN CON LA SOCIEDAD
¿Cómo vinculan a la sociedad civil en la estrategia de combate frontal a la delincuencia y la inseguridad?
Desde 2019, el Poder Judicial ocupa un espacio en los trabajos de la Mesa de Coordinación de Seguridad, encabezada por el gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, en la que participan representantes de las Fuerzas Armadas, así como autoridades federales y estatales.
Con la participación en más de 117 reuniones de trabajo, el Poder Judicial se ha sumado a los esfuerzos conjuntos, para dar una respuesta efectiva en los delitos de alto impacto.
¿Y en material laboral?
Los trabajos al interior de la Comisión para la implementación de la reforma laboral, integrada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría del Trabajo y las Comisiones de Justicia, y del Trabajo y Previsión Social de la Décima Sexta Legislatura, permitieron las adecuaciones al marco normativo que regirá a los Centros de Conciliación y a los Tribunales Laborales.
En ese sentido, el Consejo de la Judicatura emitió un nuevo Reglamento para acceder al cargo de jueza o juez mediante concursos de oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, respecto de la apertura en la selección del personal en los Tribunales Laborales.
El pasado 7 de julio, se expidió la Convocatoria para el Primer Concurso de Oposición para Acceder al Cargo de Jueza o Juez de los Tribunales Laborales; así como la convocatoria para la selección del personal judicial de estos órganos, en las que se concursan 17 plazas.
Como resultado de estos procesos de selección, así como de los recursos asignados por la Federación y el Estado, en octubre de este año entrarán en operaciones dos Tribunales Laborales en Cancún, 1 en Playa del Carmen y 1 en Chetumal.
¿Hacia dónde han enfocado los esfuerzos en favor de los menores de edad?
En junio de 2021 entró en operaciones la nueva Sala de Escucha de Menores en el Juzgado Civil y Familiar Oral de Chetumal, que cuenta con características arquitectónicas y equipamiento adecuado para que puedan expresarse con confianza y en libertad.
Además, en cumplimiento a los derechos de la infancia temprana, en agosto del presente año, entró en funcionamiento la primera Sala de Lactancia en el Palacio de Justicia de Chetumal, como un espacio digno en beneficio de las madres trabajadoras.
