El abogado y ex aspirante a fiscal en Quintana Roo, Rafael Colonia Lizama, con más de 40 años de experiencia en el ejercicio del Derecho, expresó su profunda preocupación ante la reciente reforma al Poder Judicial en México, la cual considera un grave retroceso para el sistema de justicia y los derechos ciudadanos.
En extensa charla, detalló tres puntos clave que, en su opinión, representan trampas ocultas que comprometen el futuro del país.
En primer lugar, destacó que la preselección de candidatos judiciales es una de las principales trampas. Rafael argumentó que, si bien se ha hecho mucho énfasis en la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados, en realidad Morena, el partido en el poder, controlará quiénes aparecerán en las boletas. «Morena tiene el control de todos los que van a aparecer en las boletas», comentó, explicando que esta preselección manipulará el proceso, impidiendo una elección verdaderamente libre y democrática. Señaló que el debate sobre si el pueblo debe o no participar en la elección de los jueces distrae la atención del verdadero problema: la falta de transparencia en la preselección de los candidatos.
El segundo punto que criticó fue la complejidad del proceso electoral. Explicó que, en las elecciones judiciales previstas para 2025, los ciudadanos recibirán hasta 25 boletas con entre 4,000 y 6,000 nombres de candidatos, de los cuales deberán seleccionar a 600. «Va a ser un circo popular», señaló, aludiendo a la imposibilidad de que los votantes puedan tomar decisiones informadas frente a una cantidad tan abrumadora de candidatos. Afirmó que esta confusión generalizada durante la votación impedirá una elección coherente y legítima, ya que los ciudadanos no conocerán a los candidatos ni sus trayectorias profesionales.
El abogado describió un escenario caótico donde los votantes se enfrentarán a una enorme cantidad de nombres, sin poder identificar a las personas más capacitadas para ocupar los cargos. Según él, la reforma no solo ignora la capacidad del ciudadano promedio para procesar tal cantidad de información, sino que además facilita que se elijan a personas sin la preparación necesaria. «La preselección de 600 funcionarios es una aberración», afirmó, aludiendo a la cantidad excesiva de candidatos y la falta de transparencia en el proceso de selección.
El tercer y más preocupante punto para Rafael es la creación de un tribunal disciplinario, al que él llama «una especie de tribunal de la Santa Inquisición». Según explicó, este tribunal tendrá un poder desmedido sobre jueces y magistrados, quienes podrían ser destituidos, sancionados e incluso encarcelados si dictan sentencias contrarias a los intereses del gobierno. «Este tribunal tendrá un poder monumental sobre vidas y haciendas del ciudadano», subrayó Rafael, explicando que, si un juez toma una decisión desfavorable para el gobierno, podría ser castigado con destitución, juicio político o incluso encarcelamiento. Este sistema, señaló, elimina la independencia judicial y asegura que ningún juez se atreva a fallar en contra del Estado, pues las consecuencias personales serían devastadoras.
Advirtió que las implicaciones de este tribunal son enormes para la justicia en México, ya que ningún juez se atreverá a proteger los derechos de los ciudadanos si esto implica un riesgo para su carrera o su libertad. Puso como ejemplo el caso de jueces que, tradicionalmente, han protegido a ciudadanos y empresarios a través de amparos contra leyes injustas. Bajo esta nueva reforma, ningún juez se arriesgaría a fallar en favor de un ciudadano si ello conlleva el riesgo de ser sancionado o removido de su puesto.
Además de estas tres trampas, Colonia Lizama señaló otras consecuencias de la reforma, como el impacto que tendrá en los trabajadores del Poder Judicial. Comentó que muchos empleados judiciales perderán sus puestos o prerrogativas, y aunque reconoció que algunos salarios en el sector judicial son elevados, también defendió la dedicación y el esfuerzo que estos empleados, especialmente los jueces y ministros, invierten en su labor.
«Un ministro no conoce a su familia, no ve crecer a sus hijos», dijo, aludiendo a las largas horas y sacrificios personales que hacen estos funcionarios. En su opinión, los salarios de los jueces y ministros están justificados, dado que muchos de ellos dedican toda su vida al estudio y ejercicio de la ley.
En cuanto al panorama a partir de 2025, el abogado es pesimista. Afirmó que las reformas marcan el inicio de lo que considera una dictadura disfrazada de democracia, donde el gobierno tendrá el control total del sistema judicial. «Estamos en el comienzo de una dictadura muy bonita y no se han dado cuenta», sentenció, aludiendo a la falta de conciencia pública sobre la gravedad de las reformas.
Expresó su preocupación por las nuevas generaciones, quienes, según él, se acostumbrarán a vivir en un sistema autoritario mientras que los ciudadanos de mayor edad, que crecieron en libertad, lucharán por adaptarse a este nuevo orden.
Finalmente, destacó las implicaciones que la reforma podría tener para los empresarios, particularmente en zonas como Quintana Roo y Los Cabos, donde hay grandes inversiones turísticas en riesgo. Argumentó que la reforma podría facilitar la expropiación de terrenos bajo pretextos legales, afectando a familias y empresas que han invertido en esas regiones. «Hay familias nativas de Quintana Roo con muchos terrenos, imagínate que ahora el gobierno les diga que les quitarán sus terrenos con el pretexto de que vamos a dotar de tierra a los nuevos grupos de población», mencionó, subrayando la incertidumbre que reina entre los inversionistas y empresarios ante los cambios propuestos.
En resumen, Rafael Colonia considera que la reforma judicial en México pone en riesgo la independencia de los jueces, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la estabilidad económica del país.
